La Cámara Baja tendrá reunión ordinaria con varios proyectos para solucionar el sobre endeudamiento de las familias. Contará con rechazo libertario y apoyo condicionado de UCR y PRO. También se tratará la reforma del órgano que dirime controversias entre ciudadanos y ARBA. Las demás iniciativas.

Endeudamiento y Tribunal Fiscal, platos fuertes de la sesión en Diputados

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La Cámara de Diputados bonaerense llevará adelante hoy una nueva sesión ordinaria, con varios temas de relevancia que ingresaron al orden del día, entre ellos la respuesta de la política al drama del sobre endeudamiento familiar.

Tras su paso por las comisiones -plenario incluido-, especialmente la de Legislación General que preside el massista Rubén Eslaiman, se convino fusionar varios de los proyectos presentados al respecto, seleccionando cuatro que serán debatidos esta tarde en el recinto. Así, descartaron una mega ley, por el volumen que tendría y las objeciones que surgieron.

Uno de ellos lleva la firma del camporista Facundo Tignanelli, presidente de la bancada de Fuerza Patria, creando un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La iniciativa cuenta con el respaldo de Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia.

También pasó el filtro el de los camporistas Ariel Archanco y Noelia Saavedra, creando un Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, Digital y Cobranzas Abusivas.

Se combina con la propuesta de los oficialistas Martín Malpelli y Leonardo Moreno, que buscan modificar la Ley 13.133, que establece el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

Plenario de comisiones que dio luz verde a proyectos de desendeudamiento familiar.

La iniciativa incorpora herramientas vinculadas con el acceso al crédito, la información que reciben los consumidores, las nuevas modalidades digitales de financiamiento y las prácticas de cobranza. Además, se crea un Registro Provincial de Proveedores de Crédito Digital, un programa de alivio para hogares sobreendeudados por consumos esenciales y un fondo provincial destinado a esta problemática.

Otro es el que reúne propuestas de la monzoísta Silvina Vaccarezza y la peronista Ana Luz Balor, que intentan limitar las prácticas abusivas en el reclamo de deudas, uno de los temas más repetidos.

Tribunal Fiscal

Otro de los temas que llegará al recinto es el de la reforma al Tribunal Fiscal de Apelación, impulsasa por el oficialismo con respaldo de la UCR abadista y el PRO, además de los libertarios no mileistas.

La iniciativa tuvo dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside la alakista Lucía Iáñez, con la única oposición de La Libertad Avanza, que cuestionó la falta de precisión en el costo que supondrá la ampliación del órgano.

El proyecto propone ampliar la composición del Tribunal Fiscal (se pensó en ampliar de 1 a 3 los colaboradores de cada uno de los nueve integrantes, aunque esta cuestión quedó en suspenso) y crear una nueva “tasa de actuación” que deberán pagar las empresas que recurran al servicio, finalmente algo más alta que la original: 0,75% contra 0,60% original.

En el tratamiento en comisión se introdujeron modificaciones al texto original, entre ellas, la previsión de que los ingresos por la nueva tasa sólo puedan emplearse para pagar las remuneraciones de los miembros del tribunal.

Buscando descomprimir la situación de los juicios orales, ingresará el expediente elevado por Lucía Iañez (Fuerza Patria) y Valentín Miranda (UCR-Unión Cívica Radical), que establece la obligatoriedad de una audiencia preliminar durante los procesos judiciales.

También ingresará la creación de una cámara de alzada para los actos dictados por la Junta Electoral, propuesta de Eslaiman, del Frente Renovador. Será una cámara ad hoc, con funciones durante tres meses, para resolver controversias electorales.

Finalmente, según el acuerdo al que llegaron diputados y senadores para agilizar la aprobación recíproca de proyectos con media sanción,

Así, podrían ingresar sobre tablas la adhesión a la Ley Nicolás, para prevenir diagnósticos médicos y mejorar la seguridad sanitaria y la creación de un Sistema de Gestión de Riesgo ante desastres naturales, ante la amenaza del fenómeno climatológico conocido como “El Niño, entre otras.

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