Mientras Javier Milei busca flexibilizar la Ley de Tierras, grandes grupos ya controlan puertos, costas y miles de hectáreas estratégicas en Buenos Aires. Quiénes son y dónde se concentran.

"Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende", dijo Arturo Jauretche sin conocer a Federico Sturzenegger ni a Javier Milei. Como un problema siempre presente para la Argentina, la extranjerización de tierras vuelve una vez más a amenazar la soberanía sobre zonas estratégicas del país. Aunque el oficialismo debió postergar en el Senado el tratamiento de la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el objetivo sigue siendo el mismo: eliminar restricciones históricas a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación, Sturzenegger, ya había intentado avanzar mediante el DNU 70/2023, cuya derogación de la Ley 26.737 fue suspendida por la Justicia. Ahora la estrategia pasa por una nueva legislación que permita a los gobernadores exceptuar restricciones y habilitar operaciones en zonas sensibles, incluidas áreas de frontera y territorios estratégicos como los que contienen cuerpos de agua permanentes. Para los especialistas los riesgos varían según cada región.

Respecto al territorio bonaerense, un reciente mapa del Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) permitió evidenciar el control extranjero sobre áreas clave, como la zona núcleo o con accesos directos al Río Paraná. A diferencia de la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires las alarmas se disparan en Zárate y Campana. Según el investigador Matías Oberlin, integrante del observatorio, la extranjerización en esa región está asociada al control de zonas ribereñas sobre el Paraná, una práctica que actualmente encuentra restricciones en la legislación vigente. “Tiene que ver con el control logístico y con la posibilidad de posicionarse sobre la principal cuenca fluvial por donde sale buena parte de la producción argentina”, explica. La preocupación no es menor. En Zárate opera la firma chilena Arauco, conocida por los conflictos territoriales en Misiones. En Campana, por su parte, Euroamérica ejerce un control invisible en el municipio y dispone de tres terminales portuarias de envergadura: los muelles Euroamérica, Maripasa y Tajiber, con 300, 225 y 257 metros de atraque respectivamente. Para los investigadores, la combinación entre propiedad de la tierra e infraestructura portuaria otorga una dimensión estratégica al debate.

Si bien el caso más resonante sigue siendo el del magnate británico Joe Lewis en Río Negro, convertido en símbolo de las controversias sobre acceso a recursos naturales y control de territorios de alto valor ambiental, en PBA la presencia extranjera y su control del suelo es preocupante. Para los críticos de la reforma, flexibilizar la ley podría multiplicar situaciones similares en distintas regiones del país. En la Provincia hubo intentos de reforzar la protección territorial bonaerense. La diputada bonaerense María Noelia Saavedra (Unión por la Patria), presidenta de la Comisión de Tierras y Organización Territorial, impulsó un Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Sin embargo, la iniciativa no encontró cauce y perdió estado parlamentario. Cabe destacar, que si bien la Provincia no llega al 3% de extranjerización (827.341,12 has. sobre un total de 28.833.860,64 has.), la medición en porcentaje oculta las hectáreas extranjerizadas. Por ejemplo, General Villegas, plena zona núcleo, tiene 15 mil hectáreas en manos extranjeras. Caso similar el de Balcarce, donde poco más de un tercio de las tierras extranjerizadas pertenecen al Grupo Benetton. Sin embargo, la propia densidad de estos municipios, como buena parte parte de PBA, los aleja de aquel 15% de tope que establece la legislación. Cuestión de números, pero hecha la ley, hecha la trampa.

Desde el Observatorio de Tierras sostienen que lo que está en juego es mucho más que el mercado inmobiliario. La preocupación es que una concepción absoluta de la propiedad privada, concordante con la idiosincracia libertaria y con los tiempos de la política actual, reduzca la capacidad del Estado para intervenir ante conflictos territoriales o situaciones que afecten recursos estratégicos. Por eso, la discusión sobre la Ley de Tierras se convirtió en una disputa de fondo entre dos modelos: uno que prioriza la desregulación para atraer capitales y otro que considera que el territorio, el agua, los puertos y los recursos naturales deben permanecer bajo herramientas de control que permitan al Estado resguardar la soberanía nacional y el patrimonio.

EN MANOS FORANEAS
Campana y Zárate: extranjerización en el corazón del Río Paraná

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto impulsado por Federico Sturzenegger es la derogación de los artículos que limitan la compra de tierras en zonas ribereñas, una modificación que pone bajo la lupa a municipios estratégicos como Campana y Zárate. Para los especialistas, la discusión no pasa solamente por cuántas hectáreas están en manos extranjeras, sino por dónde están ubicadas. Ambos distritos se encuentran sobre el Río Paraná, principal corredor fluvial del país y eje de una red de puertos, industrias y terminales logísticas clave para el comercio exterior argentino.

Según el Observatorio de Tierras, parte de los capitales extranjeros identificados en la zona están vinculados a la firma forestal chilena Arauco, una de las mayores empresas madereras de América, que también posee una fuerte presencia en Misiones, además de ser el noveno mayor propietario de tierras en Argentina. La preocupación radica en que una flexibilización de la normativa podría facilitar la adquisición de predios ubicados en áreas sensibles desde el punto de vista logístico y geopolítico. En ese sentido, Campana y Zárate adquieren especial importancia por sus tierras ribereñas: son espacios estratégicos donde convergen intereses económicos, logísticos y de seguridad nacional, donde el narcotráfico es la principal preocupación.

MATÍAS OBERLIN - OBSERVATORIO DE TIERRAS
“¿Cómo los sacas después?” , alerta por la incapacidad del Estado

La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la Ley de Tierras abrió un nuevo frente de discusión sobre la soberanía territorial y el rol del Estado frente a la propiedad privada. Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA-CONICET), considera que la flexibilización de la normativa apunta fundamentalmente a “facilitar la extranjerización de tierras, especialmente en regiones donde la presencia de capitales extranjeros ya es significativa”. En tanto, el problema no termina con el ingreso de nuevos propietarios extranjeros. La pregunta central es qué herramientas conserva el Estado una vez que esos activos estratégicos pasan a manos privadas.

Oberlin plantea la necesidad de recuperar principios jurídicos que formaron parte de la tradición legislativa argentina, como la función social de la propiedad. Se trata de una doctrina incorporada en distintos momentos de la historia nacional, desde el Consejo Agrario Nacional de la década de 1940 hasta la Constitución de 1949, y que aún persiste en constituciones provinciales. Según explica, este concepto reconoce que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que debe cumplir una función vinculada al bienestar colectivo. Bajo ese criterio, el Estado puede intervenir cuando una actividad privada afecta intereses superiores, como el acceso al agua, el ambiente, el trabajo o la seguridad de una comunidad. “El Estado se guarda la potestad de poder intervenir o incluso expropiar cuando una propiedad incumple una función social”, ejemplifica. Las consecuencias, advierten, podrían sentirse especialmente en zonas de frontera, corredores logísticos, áreas ribereñas y territorios donde hay recursos naturales sensibles. Allí, sostienen, no sólo está en juego la titularidad de la tierra, sino también la capacidad del Estado para resguardar intereses estratégicos y ejercer controles frente a situaciones irregulares. “¿Cómo los sacás después? Ese es la ese es el desafío que tenemos”, sentencia Oberlin en relación al desafío legislativo actual.

DE REMATE
Euroamérica, el gigante que se compró un municipio bonaerense

En Campana, hablar de logística, puertos y desarrollo urbano es hablar de Euroamérica. La empresa, que opera una de las principales terminales privadas del corredor industrial sobre el Paraná, se convirtió con los años en un actor con una influencia que trasciende el plano económico para sellar una relación estrecha con el gobierno municipal de Sebastián Abella.

La compañía controla una extensa infraestructura portuaria en la ciudad, con los muelles Euroamérica, Maripasa y Tajiber, que suman más de 780 metros lineales de atraque. Desde allí circulan cargas vinculadas al comercio exterior en una ubicación estratégica para la salida de la producción nacional. Sin embargo, el peso de la firma no se limita sólo a la actividad portuaria. Uno de los puntos más controvertidos es su control en los antiguos Talleres Ferroviarios del Paseo Costanero, un predio considerado estratégico por su ubicación frente al río. Dirigentes opositores denunciaron en distintas oportunidades que la empresa ejerce “un control de hecho” sobre sectores del inmueble y cuestionaron la falta de información pública sobre los acuerdos alcanzados entre la firma y el municipio.

A su vez, un reciente pliego disparó nuevamente las alertas. La Agencia de Bienes del Estado prevé “deslindar” el dominio de un sector de la explaya ferroviaria de Campana mediante subasta pública, un espacio de 667 mil m2 con “frente sobre el Rio Paraná de las Palmas”. Sin embargo, quienes circulan por la zona denuncian que actualmente dicho predio “se está rellenando con basura y es custodiado por Euroamérica”. Una de las muestras más recientes de la relación entre la empresa y el municipio es la colaboración para resguardar las donaciones por la inundación, nunca vistas por los campanenses.

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