El Municipio denunció a PBA por desacato judicial en la guerra por Punta Mogotes
Tras la aprobación exprés de la prórroga de los balnearios, el Ejecutivo local se presentó este viernes ante los tribunales para acusar a La Plata de montar una maniobra capciosa que busca vaciar de sentido la audiencia clave de fin de mes y exigió la suspensión inmediata de la medida.
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La batalla política por el control y la administración del Complejo Punta Mogotes cruzó este viernes por la tarde otro umbral de extrema hostilidad institucional. Tras la sorpresiva aprobación de la extensión de los contratos de las unidades balnearias por parte de la mayoría provincial en el ente de administración, el gobierno de General Pueyrredon activó una fuerte contraofensiva en los tribunales. A través de presentaciones urgentes ingresadas pasadas las catorce horas en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, el Ejecutivo local denunció formalmente a la Provincia de Buenos Aires por un abierto desprecio hacia la actuación de la Justicia.
La presentación legal, firmada por el apoderado comunal Mauro Martinelli, sostiene que la firma del Acta Número 1310 consumada en la jornada de ayer por el bloque provincial representa una maniobra capciosa diseñada específicamente para eludir los controles jurisdiccionales. El núcleo del planteo expone la intencionalidad política del gobierno bonaerense: apurar una extensión precaria de las licencias hasta abril de 2027 a escasos días de la trascendental audiencia presencial que el propio magistrado interviniente había fijado para el próximo 30 de junio. Para la comuna, La Plata no esperó el dictamen del juez, sino que se anticipó con un hecho consumado para vaciar de sentido la convocatoria y forzar un escenario abstracto que neutralice la prohibición de innovar que se tramita en el expediente.
Con la prórroga ya aprobada bajo el peso de la mayoría del setenta por ciento que retiene la Provincia en el directorio —donde el representante municipal Carlos Aramburu asentó su rechazo absoluto y advirtió que se estaba desoyendo una manda judicial—, la estrategia de General Pueyrredon debió reformular sus alcances técnicos. La representación del municipio ya no se limita a pedir que las cosas no cambien, sino que elevó la apuesta al exigir una tutela de fisonomía innovativa. Esto implica ordenar al tribunal la inmediata suspensión de los efectos del acta firmada ayer y la restitución del estado de cosas anterior, argumentando que los concesionarios privados están debidamente notificados del litigio y no pueden alegar buena fe frente al reclamo de la ciudad.
Para desnudar lo que el oficialismo local considera una flagrante arbitrariedad, el escrito judicial introdujo un dato técnico de fuerte impacto político: la nueva extensión carece por completo de sustento contractual. De acuerdo con los pliegos originales del complejo, el sistema solo contemplaba una única prórroga extraordinaria de hasta cinco años, un beneficio que la administración del predio ya utilizó y agotó en su totalidad en junio de 2019. De este modo, la decisión de los delegados provinciales no constituye una mera continuidad administrativa de las playas, sino un nuevo acto de disposición política sobre un patrimonio que se encuentra sometido a un litigio de fondo por la disolución del ente y la devolución de las tierras.
La pulseada por Punta Mogotes abandona de esta forma los carriles convencionales de la gestión turística para consolidarse como un severo conflicto de competencias, soberanía local y lealtad institucional. Al intentar blindar los mostradores del complejo costero desde La Plata en las vísperas de un examen cara a cara ante el juez, el Ejecutivo bonaerense optó por estirar la cuerda institucional al límite. Para el palacio municipal marplatense, la jugada se traduce como una maniobra centralista que pretende perpetuar de hecho una administración deficitaria y ajena, privando a los ciudadanos de la gestión de sus propios recursos económicos y territoriales en plena temporada de definiciones estratégicas.
