El Ministerio de Seguridad lanzó una compra por $206 millones para adquirir 500 cascos tipo moto, con un valor unitario estimado de $ 402 mil pesos cuando uno de las mismas características en el mercado promedia la mitad del valor

Cascos millonarios: una licitación de Seguridad bonaerense bajo la lupa

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Javier Alonso, abrió una licitación privada para la compra de cascos destinados a motovehículos oficiales, en un proceso que ya genera interrogantes por los valores involucrados y la falta de especificaciones técnicas detalladas.

Según el pliego, se trata del proceso N° 170-0566-LPR26, que prevé la adquisición de 500 unidades bajo la descripción “cascos para fuerza de seguridad, material ABS y resina termoplástica, tipo moto” . El monto total asignado asciende a $206.000.000, lo que arroja un valor unitario estimado de $412.000 por casco.

El dato central es que ese precio se ubica muy por encima de los valores de mercado actuales para cascos de moto fabricados en ABS, que constituyen el estándar más común en este tipo de equipamiento. En el segmento medio —incluyendo modelos homologados para uso urbano— los precios suelen oscilar entre $130.000 y $180.000, incluso considerando marcas reconocidas y certificaciones básicas.

En comparación a este modelo, el valor proyectado en la licitación podría estar por encima de referencias razonables de mercado.

Aun contemplando gamas más altas, con mejores terminaciones o normas internacionales más exigentes, el rango difícilmente supere los $250.000 por unidad. Esto implica que el valor proyectado en la licitación podría estar entre un 60% y un 200% por encima de referencias razonables de mercado.

Casco de moto estándar de mercado, fabricado en ABS y con homologación básica.

Otro punto crítico es la ambigüedad técnica del pliego. La descripción del producto no detalla aspectos clave como tipo de homologación (DOT, ECE o IRAM), nivel de protección, diseño (integral o modular), ni accesorios incluidos. Esa falta de precisión suele ser determinante en la dispersión de precios y puede habilitar ofertas con sobrecostos difíciles de justificar.

El procedimiento elegido también limita la competencia: se trata de una licitación privada que no admite más de una oferta por proveedor y establece un plazo de mantenimiento de oferta de 30 días . En este contexto, la concurrencia efectiva de oferentes podría verse reducida.

El contrato prevé una ejecución en 45 días corridos desde su adjudicación, sin posibilidad de redeterminación de precios, lo que sugiere que los valores ofertados deberán contemplar eventuales variaciones inflacionarias desde el inicio.

En términos presupuestarios, la operación se encuadra dentro del rubro “Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección y Seguridad” y fue autorizada a fines de abril, con apertura de sobres prevista para el 4 de mayo.

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