17 de abril de 2026
JUDICIALES
Reforma laboral en disputa: el Gobierno va a la Corte con un per saltum
La administración nacional busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa para revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802, en medio de un fuerte conflicto con la CGT y advertencias oficiales sobre el impacto económico y la incertidumbre en el mercado laboral.
El Gobierno nacional presentó el 16 de abril de 2026 un recurso extraordinario federal con per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera directa en la causa vinculada a la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La administración de Javier Milei busca dejar sin efecto la medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 artículos clave de la norma sancionada por el Congreso a comienzos de este año.
El per saltum, o “salto de instancia”, es un mecanismo excepcional que permite llevar un caso directamente a la Corte, evitando el paso por tribunales intermedios. En su presentación, el Ejecutivo argumentó que existe “gravedad institucional” y urgencia, al considerar que la suspensión genera incertidumbre en el mercado laboral y podría ocasionar perjuicios económicos irreversibles. El escrito, elaborado por la Procuración del Tesoro que conduce Sebastián Amerio, también solicita suspender de inmediato los efectos de la cautelar hasta que haya una definición de fondo.
Además, el Gobierno cuestionó la competencia del fuero laboral y la legitimación de la CGT para impulsar la acción judicial. Según sostiene, no existiría un “caso concreto” que justifique la intervención judicial, sino planteos de carácter abstracto. La estrategia apunta a acelerar los tiempos, ya que una apelación por las vías ordinarias podría extenderse durante meses.
El conflicto se originó el 30 de marzo, cuando el juez laboral Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar innovativa a pedido de la CGT. La resolución suspendió la aplicación de entre 82 y 83 artículos de la ley, al considerar que podrían vulnerar derechos constitucionales y generar daños irreparables. La central sindical cuestionó aspectos vinculados a indemnizaciones, flexibilización horaria, derecho de huelga, convenios colectivos y la derogación de la ley de teletrabajo, entre otros puntos.
La reforma impulsada por el oficialismo busca introducir cambios estructurales en el mercado laboral, con el objetivo de reducir la litigiosidad y otorgar mayor flexibilidad a las empresas. Entre los ejes más sensibles se encuentran el nuevo esquema de indemnizaciones, el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral. La suspensión judicial dejó en pausa estos cambios, aunque el resto de la ley continúa vigente.
Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si admite el per saltum. En caso afirmativo, podría suspender la cautelar y permitir la aplicación provisoria de los artículos cuestionados, o bien avanzar en el análisis de constitucionalidad. Si lo rechaza, el expediente volverá a las instancias intermedias. El caso profundiza la tensión entre el Gobierno y la CGT y abre un nuevo capítulo judicial sobre una de las reformas centrales del oficialismo, cuya definición podría impactar en el escenario económico y laboral en los próximos meses.