8 de abril de 2026
"COMPLEJIDAD INVESTIGATIVA"
Ante “funcionarios públicos involucrados”, una causa por contaminación cambió de fiscalía
La investigación por contaminación del arroyo Tapalqué fue reasignada a una fiscalía especializada de Azul por su complejidad y posible implicancia de funcionarios públicos. Vecinos denuncian que el daño ambiental persiste y advierten por riesgos sanitarios.
En las últimas horas se registraron novedades en la causa penal que investiga presuntos hechos de contaminación en el arroyo Tapalqué, en Olavarría. Martín Acosta, denunciante original del caso, informó que el expediente fue reasignado: dejó de tramitar en la UFI Nº 10 de Olavarría y pasó a la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales, a cargo del fiscal Ignacio Calonje, en Azul.
Según explicó, la decisión se adoptó a casi cuatro años del inicio de la causa, a partir de la posible implicancia de funcionarios públicos en un delito ambiental. “Mientras tanto, la contaminación continúa y los vecinos seguimos expuestos a enfermedades. Evaluaremos el accionar de la nueva fiscalía para determinar si existe voluntad de avanzar”, señaló en declaraciones a Central de Noticias.
El traslado fue solicitado el 25 de marzo por la UFI Nº 10 ante el fiscal general departamental, Marcelo Sobrino, quien avaló la reasignación. El pedido se fundamentó en una resolución de 2018 que establece que las causas con intervención de funcionarios públicos o de alta trascendencia institucional deben ser investigadas por unidades especializadas.
Desde la fiscalía se remarcó que el expediente presenta una “complejidad investigativa significativa” y un fuerte impacto social, lo que justifica su encuadre dentro de los casos de trascendencia institucional. También se destacó la participación de múltiples actores, varios de ellos vinculados al Estado o a la prestación de servicios públicos, lo que exige un abordaje técnico específico.
Asimismo, se señaló que este tipo de investigaciones requiere un seguimiento constante y un nivel de monitoreo que excede la capacidad operativa de una fiscalía ordinaria, especialmente en causas vinculadas al saneamiento ambiental y la mejora del ecosistema afectado.
La Fiscalía General coincidió con estos argumentos y dispuso el traspaso del expediente a la unidad especializada de Azul, en función de las características del caso y la intervención de organismos estatales.
La causa se inició en 2022 a partir de denuncias por vertidos sin tratamiento en el arroyo Tapalqué, presuntamente provenientes del relleno sanitario municipal, la planta de tratamiento de líquidos cloacales y unidades penitenciarias de Sierra Chica.
Ese mismo año, vecinos de Olavarría y Tapalqué presentaron análisis de agua que arrojaron resultados preocupantes. Un laboratorio de la localidad de Monte detectó niveles elevados de bacterias nocivas, entre ellas colonias aeróbicas mesófilas, coliformes fecales y microorganismos como Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter.
En un primer momento, los denunciantes señalaron a la cooperativa Coopelectric como principal responsable. Sin embargo, con el avance del caso, sostuvieron que existen al menos tres focos directos de contaminación: la planta depuradora operada por la cooperativa, las unidades penitenciarias de Sierra Chica y el basurero municipal.