7 de abril de 2026
JUDICIALES
Condenaron a un exfiscal y dos abogados por plantar pruebas en la causa del robo a la casa de Massa
El hecho ocurrió en 2013 en plena campaña de las elecciones legislativas. Fuerte descargo de Malena Galmarini en redes sociales

La Justicia bonaerense dictó sentencia en uno de los capítulos más controvertidos derivados del robo ocurrido en 2013 en la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, en Tigre. El fallo determinó que existió una maniobra deliberada para introducir pruebas falsas con el objetivo de alterar la investigación y favorecer al principal condenado por el hecho.
El Juzgado Correccional N° 6 del Departamento Judicial San Isidro halló responsables al exfiscal Carlos Washington Palacios, a los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y al testigo César Emiliano Jaunarena por haber participado en un plan destinado a distorsionar la causa judicial que investigaba el asalto.
A través de su cuenta de X, la senadora bonaerense y extitular de AySA, Malena Galmarini, sentenció: “Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin.
“Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: NO TODO VALE”, añadió Galmarini.
El episodio original se remonta a la madrugada del 21 de julio de 2013, cuando la casa de la familia Massa-Galmarini fue escenario de una entradera que, con el avance de la investigación, fue considerada un acto de amedrentamiento político.
Durante los allanamientos realizados tras el hecho, efectivos policiales secuestraron armas, dinero y objetos vinculados al robo en propiedades asociadas a Alcides Gorgonio Díaz, integrante del área de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina. Con esas pruebas, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro lo condenó a trece años de prisión efectiva, sentencia posteriormente confirmada por Casación.
Sin embargo, cuando el caso parecía cerrado, la investigación judicial detectó que entre fines de 2014 y comienzos de 2015 se habría gestado un operativo paralelo para desacreditar el proceso y beneficiar al condenado.
Según estableció el fallo, Palacios, junto con los letrados Pérez Bodria y Español y el testigo Jaunarena, coordinó acciones orientadas a introducir elementos apócrifos en el expediente.
El punto de partida fue una denuncia por supuestas amenazas presentada por Jaunarena, quien había intervenido como testigo en los allanamientos. De acuerdo con la reconstrucción judicial, esa presentación fue utilizada como herramienta para modificar el eje de la investigación y cuestionar el accionar policial y fiscal original.
En lugar de profundizar sobre las amenazas denunciadas, el entonces fiscal habría direccionado la instrucción hacia una hipótesis destinada a sembrar dudas sobre las pruebas que habían llevado a la condena de Díaz.
El testigo declaró que durante los procedimientos se habría secuestrado más dinero del registrado oficialmente y que una persona desconocida ingresó con un bolso al lugar allanado. Ninguno de esos hechos pudo comprobarse y, por el contrario, la evidencia reunida demostró que las afirmaciones eran falsas.
La coordinación entre los implicados quedó acreditada mediante registros telefónicos y conversaciones grabadas que involucraban al propio Díaz, a su esposa Graciela Garate y al exfiscal Palacios.
Además, el comisario Gabriel Natiello declaró que tanto Palacios como Pérez Bodria intentaron persuadirlo para que modificara su testimonio antes del juicio oral, un elemento que reforzó la hipótesis de manipulación probatoria.
El desempeño del exfiscal ya había sido cuestionado años atrás. En noviembre de 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió su destitución por unanimidad al considerar acreditadas conductas incompatibles con su función y un accionar irregular dentro de la causa.
Ahora, el juez Hernán Sergio Archelli concluyó que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 los acusados actuaron de manera coordinada para ayudar a Díaz a eludir las consecuencias de su condena por robo triplemente calificado. Para ello, produjeron pruebas falsas, brindaron declaraciones mendaces e intentaron influir sobre otros testigos con el fin de modificar el resultado judicial.
El fallo cierra un largo derrotero judicial que transformó un caso policial en una investigación sobre corrupción dentro del propio sistema de Justicia, dejando al descubierto un intento organizado de alterar una causa de alto impacto político.