7 de abril de 2026
EN MORENO
Mariel Fernández en conflicto: denuncian blindaje en una causa por un accidente que ocasionó su madre
La intendenta afronta un nuevo inconveniente en su distrito, donde el abogado Miguel Ángel Puentes denunció irregularidades en un presunto encubrimiento por un accidente de tránsito originado por su madre.
Un nuevo frente de polémica se abrió en Moreno tras la presentación realizada por el abogado Miguel Ángel Eduardo Puentes, quien denunció supuestas irregularidades judiciales y un presunto intento de encubrimiento en una causa que tiene como protagonista a Luisa Cárdenas, madre de la intendenta Mariel Fernández.
Según el letrado, el expediente vinculado a un siniestro vial ocurrido en octubre del año pasado presenta anomalías procesales que, a su entender, evidenciarían un tratamiento diferenciado por la cercanía política de la involucrada con el poder local.
De acuerdo a la denuncia, el episodio ocurrió el 23 de octubre de 2025, cuando Cárdenas habría atropellado a una motocicleta en el partido de Moreno. El hecho dio inicio a una investigación judicial que, con el paso de los meses, comenzó a generar cuestionamientos por parte de la defensa de la víctima.
Puentes sostuvo que tras el impacto la conductora fue autorizada por efectivos policiales a retirarse del lugar sin prestar declaración formal ni ser notificada conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Siempre según la presentación, la mujer se habría trasladado directamente a su domicilio ubicado en un barrio privado.
Uno de los puntos centrales señalados por el abogado es la falta de información clave para el damnificado. Según explicó, la víctima no habría recibido la documentación necesaria del vehículo involucrado, lo que le impide avanzar con el reclamo ante la compañía aseguradora.
En paralelo, el letrado cuestionó el recorrido judicial del expediente. Indicó que la causa permanece radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº7, destinada a investigar autores no identificados, situación que calificó como “llamativa” dado que —según su planteo— la identidad de la conductora estaría determinada desde el inicio.
Para Puentes, esta decisión habría ralentizado el avance del proceso y contribuiría a un supuesto “blindaje judicial” que, además, estaría acompañado por un bajo nivel de exposición mediática del caso.
El denunciante fue más allá y planteó que existiría una intervención del poder político local para evitar consecuencias judiciales para la familiar directa de la jefa comunal. “Nos hablan de transparencia, pero por detrás se vulnera el debido proceso. La ley tiene que aplicarse igual para todos”, expresó el abogado al cuestionar el manejo del expediente.
Hasta el momento, desde el entorno de la intendenta Mariel Fernández no hubo declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre el estado de la investigación judicial.
En diálogo con La Tecla, el abogado Miguel Ángel Eduardo Puentes expresó: “El procedimiento normal es que cuando alguien resulta herido que por ejemplo en este caso fue trasladado por una ambulancia hasta el hospital y demás, al conductor del vehículo envistente se lo traslada a la comisaría en donde queda secuestrado el vehículo a los efectos de las pericias y a veces en el mismo día se lo vuelven a entregar a la persona y el conductor del envistente se le notifica del artículo 60, que es la formación de una causa, que es la de lesiones, artículo 94 del Código Penal, y después se recobra su libertad inmediatamente”.
“Solo que es un trámite y que al haber que hay alguien que está lesionado pasa a ser un trámite ante la justicia. Todo esto no se hizo así, no se produjo así, de modo que la víctima no tiene, en primer momento, cómo reclamar el seguro del vehículo porque no tiene ningún dato. Porque normalmente el trámite se hace en comisaría. Porque es la comisaría la que tiene que pedirle al conductor, se le hace el dosaje de sangre, o sea, la alcoholemia, se le verifica la documentación del auto, el registro, la cédula y el seguro del vehículo. Y queda todo en el acta”, añadió el abogado denunciante.
Allí sostuvo que, como letrado de la víctima quiso “hacer la reclamación ante el seguro, digo, bueno, hay una IPP presentada por las lesiones, lo tomo como prueba y hago la reclamación en el seguro. Ahora, nosotros no podemos hacer la reclamación en el seguro porque el expediente nunca fue bien formado desde el inicio el penal, la IPP, ese procedimiento que se tiene que hacer en la comisaría no se hizo”.
“La madre de la intendenta lo único que tenía que hacer era bajar a la comisaría, presentar la documentación, firmar el acta y volverse a la casa con su auto o en unas horas después le daban el auto. Eso era lo único que tenía que hacer. Pero lo que ocurre es que como la madre de la intendenta fueron, Dios patrulló al lugar, lo querían amedrentar a mi cliente, que se levante del suelo y que se vaya, porque decían que él no tenía el registro o no tenía seguro. Lo que no se pudo en definitiva constatar en ese momento es porque la ambulancia después finalmente se lo trasladó. Pero en el mientras tanto y antes que llegara la ambulancia, la policía lo que quería era a quien se levantase y que se fuera, diciéndole, mira, te metes en un problema porque es la madre de la intendenta. No sabes con quién estás, con quién te vas a meter o lo que sea”, aseguró.