Un tribunal de apelación revirtió por “prematura” la decisión del juez que autorizaba a desalojar a los trabajadores que mantienen tomada la planta de Virreyes.

La Justicia falló a favor de los trabajadores que mantienen tomada la planta de Virreyes de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), que cerró por decisión de los dueños de la empresa, dejando a 920 empleados en la calle.

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del distrito de San Isidro hizo lugar a una apelación presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en la persona de su presidente, Alejandro Crespo, y dejó sin efecto la disposición de un juez de primera instancia que ordenaba desalojar las instalaciones.

El sindicato y la dirección de la empresa mantienen una puja por el destino de los trabajadores y la continuidad de la producción. Mientras rige la conciliación obligatoria, extendida por falta de acuerdo entre las partes, la planta permanece inactiva, pero tomada por los empleados.

El lugar se convirtió en un foco de la resistencia al cierre, y fue visitado a lo largo de las semanas por figuras de diversos ámbitos que fueron a manifestar su solidaridad. El viernes tuvo lugar frente a la sede fabril un recital con la orquesta La Delio Valdez como banda principal.

Los jueces de la Cámara analizaron la “situación compleja que ha generado el hecho del cierre de la empresa”, con la “ocupación del espacio de trabajo por parte de los operarios”, y determinaron que la decisión del juez inferior “privilegia el derecho de propiedad y entiende que la preservación del derecho de huelga no debe importar en el caso la afectación del derecho de propiedad”.

Sin embargo, la opinión de la Cámara es diferente. Considera que, “por el momento, la adopción de una medida cautelar en el ámbito de la penalización de la conducta de trabajadores y representantes sindicales cuando aún no han finalizado las instancias de conciliación y negociación entre las partes en conflicto, resulta prematura y así debe declararse”.

Los jueces Juan Eduardo Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik coincidieron en destacar que el propio titular del gremio “refiere que no es su intención usurpar el inmueble ni poner en riesgo las instalaciones, sino que se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical, destinada a la defensa de la fuente de trabajo, y reconoce la autoridad que, tanto a nivel provincial como nacional, intervienen en la resolución del conflicto laboral”.

“También se acreditó que más allá del ingreso inicial, no se han registrado hasta la fecha acciones que importen violencia contra las personas o daños a la infraestructura de la empresa. Ello se aprecia en el acta del 24 de febrero donde, más allá de la mención de haber sido increpado el personal policial al verificar la situación dentro del predio, no se verificaron actos de violencia que permitan calificar el conflicto como de carácter no pacífico”, destacaron asimismo los magistrados.

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