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Conflictividad laboral en PBA: despidos, suspensiones y cierres en la era Milei

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que en los primeros dos años del gobierno de Javier Milei se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país. Los datos corresponden a enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026. La provincia de Buenos Aires es el foco con mayor impacto.

El trabajo, titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, sistematiza despidos, cierres, suspensiones, crisis empresarias, riesgos de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas de unidades productivas, a partir del relevamiento de medios y sitios sindicales.

El dato que sobresale es el fuerte incremento posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Hasta septiembre de ese año se habían contabilizado 507 conflictos, con un promedio de 24 por mes. Sin embargo, desde los comicios hasta febrero de 2026 se registraron 210 nuevos casos, lo que eleva el promedio mensual a 42. Para CEPA, lejos de desacelerarse, la conflictividad “se recrudeció” tras la contienda electoral.

Del total de casos relevados en los dos años, el 62,1% corresponde a la industria. Le siguen servicios (16,9%), sector primario (9,5%), comercio (8,2%) y construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, las ramas más afectadas fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto atravesado por apertura importadora, caída del consumo y reconfiguración del rol del Estado.

En cuanto al tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos. Luego aparecen cierres (12,3%), suspensiones (10%) y crisis empresarias (7,8%). También se registraron situaciones de riesgo de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas.

El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en un escenario de ajuste fiscal y retracción de la actividad.

El 39,1% de los conflictos afectó a pymes, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%), grandes empresas (18,3%), grupos económicos (11,9%) y estatales (3,5%). En siete de cada diez casos (71,5%) se trató de firmas de capital nacional.

Desde octubre de 2025, el patrón se mantuvo: el 39,5% de los conflictos posteriores a las elecciones se dio en pymes y el 29,5% en conglomerados extranjeros. El 69% de las empresas afectadas en este período reciente son de capital nacional.

En la distribución geográfica acumulada de los dos años, la zona centro del país concentró el 48% de los casos. La provincia de Provincia de Buenos Aires encabeza el listado con el 25,8% del total nacional. Le siguen Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,3%).

Tras las elecciones de octubre de 2025, Buenos Aires volvió a ocupar el primer lugar, con el 17,6% de los conflictos registrados en ese tramo. El relevamiento también detectó casos en las 24 jurisdicciones del país.

En territorio bonaerense, los conflictos se vinculan principalmente a los sectores textil, metalúrgico, alimenticio y electrónico, con impacto directo en plantas industriales del conurbano y el interior provincial.

En la industria electrónica y de electrodomésticos, la empresa Newsan avanzó con despidos y suspensiones en sus plantas de Monte Chingolo (Lanús) y Avellaneda. La firma desvinculó a 45 trabajadores y mantiene suspendidos a otros 70, con reducción de jornada y salario para parte del personal.

En el sector automotriz, General Motors redujo su plantel en la planta de Alvear, Santa Fe, a la mitad en menos de dos años, con despidos y retiros voluntarios. Para 2026 confirmó un esquema intermitente de producción, con una semana de suspensión por mes.

En la siderurgia, Acindar —controlada por ArcelorMittal— acumuló múltiples tandas de suspensiones y despidos entre 2024 y 2025, con miles de trabajadores alcanzados por paradas temporales.

La industria textil, uno de los rubros más afectados, representa el 23,6% de los conflictos industriales. Allí se destacan cierres como el de Emilio Alal en Corrientes y Chaco, y despidos en Grupo DASS. El informe señala el impacto de la competencia con plataformas internacionales de comercio electrónico.

En alimentos, la conflictividad alcanzó a 82 casos, incluyendo crisis en empresas lácteas, avícolas y yerbateras, con paralización de plantas y reclamos salariales.
Un escenario que se profundiza

El informe de CEPA concluye que, a dos años de gestión, la conflictividad laboral se mantiene en niveles elevados y con tendencia ascendente tras las elecciones legislativas. Con predominio de despidos y cierres en el sector industrial, y con la provincia de Buenos Aires como principal epicentro, el mapa laboral muestra un escenario de tensión extendido a lo largo de todo el país.

La evolución de los próximos meses, advierte el estudio, estará atada a la dinámica del consumo interno, la política comercial y la situación macroeconómica general, en un contexto donde los conflictos no sólo persisten sino que, según los datos relevados, se intensificaron en el tramo final del segundo año de gobierno.

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