La provincia de Rio Negro entregó la concesión para el uso de agua pública por 30 años en una zona protegida para la construcción de un emprendimiento privado de lujo. Lo hizo mediante una resolución, sin debate legislativo, ni audiencia pública. Los socios son el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri y su cuñado, el extenista Gastón Gaudio

Microcentrales hidroeléctricas y hotel de lujo en Baguales: vienen por el agua

En la meseta de Baguales, a 50 km de San Carlos de Bariloche, entre la estepa y el bosque andino, una zona de altísimo valor ecológico con bosques nativos, biodiversidad sensible y cursos de agua cristalinos, el Ejecutivo de Río Negro a cargo de Alberto Weretilneck, otorgó a la firma Baguales Acquisitions S.A. (a través de su subsidiaria Río Villegas S.A.U.) el derecho a usar agua pública del arroyo Baguales durante 30 años para alimentar tres microcentrales hidroeléctricas privadas.

ChiBa I, II y III, se ubicarán de forma lineal entre 1.559 y 1.121 msnm y captarán hasta 42 l/s (alta), 200 l/s (media) y 350 l/s (baja), solo entre julio y septiembre (temporada de mayor caudal). La energía generada (920 kW total) no entrará al sistema interconectado nacional: servirá exclusivamente para autoabastecer el exclusivo complejo turístico Baguales Mountain Reserve (cat-ski, lodges de lujo) y una residencia privada de alto standing integrada al emprendimiento.

El principal accionista es el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir Tamim bin Hamad Al Thani. Hijo de un exembajador qatarí, Al-Hajri es conocido por inversiones de lujo: compró el hotel Ritz de Londres en 2020 por 800 millones de libras y una mansión frente al mar en Estambul por 100 millones de euros. Su socio argentino es Gastón Gaudio, extenista y ganador de Roland Garros 2004, quien figura como administrador y accionista de Baguales Acquisitions S.A, empresa con domicilio en al ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

La relación se forjó en 2017, durante la primera gestión de Alberto Weretilneck (2011-2019): en ese año Baguales Acquisitions S.A. compró las 10.000 hectáreas al grupo belga Burco. El vínculo se consolidó en enero de 2023, cuando el propio emir Tamim bin Hamad Al Thani aterrizó en Bariloche y se trasladó en vehículos blindados directamente al complejo Baguales. Paralelamente, el gobernador Weretilneck mantuvo reuniones con el embajador qatarí en Argentina para promover exportaciones rionegrinas y celebrar un “acercamiento comercial” con el emirato.

En enero de 2025, bajo la actual administración de Weretilneck, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) firmó la Resolución 75 que concede el uso del agua por resolución administrativa simple.

Un permiso controversial

En diálogo con La Tecla Patagonia, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) cuestionó el permiso otorgado por Provincia y realización cuestionamientos de diversa índole. La Legisladora presentó un proyecto de ley para anular la resolución y denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas varias irregularidades graves:

Odarda también pidió informes sobre una cantera presuntamente no habilitada que extraería áridos para las obras y solicitó al gobernador Weretilneck que revoque la medida.

“Además del pedido de informe, presentamos un proyecto para derogar la resolución 75 del 2025 por la cual se le otorga el permiso de agua pública por un plazo de 30 años a esta firma Río Villegas SAU, relacionada con el principado de Qatar.

Mediante esa resolución se autoriza la construcción de tres centrales hidroeléctricas. Entendemos que la resolución es anticonstitucional porque todo aprovechamiento eléctrico debe tener inexorablemente la ratificación legislativa. Además, por el hecho de encontrarse en territorio indígena debe cumplir con el protocolo que se aprobó en la Legislatura de Consulta Previa Informada y se debe garantizar, no solamente el estudio de impacto ambiental sino también la audiencia pública que debió haberse desarrollado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que es la más cercana al emprendimiento”, explicó Odarda.

Sobre el emprendimiento, indicó: “Se trata de un emprendimiento de lujo con destino turístico y se desarrolló en el más absoluto secretismo. Nosotros consideramos que el permiso debe ser derogado por la misma Legislatura de la provincia. Además, se encuentra ubicado en un área de seguridad de frontera, tal como lo reconoció el propio Departamento Provincial de Agua y por lo tanto debe tener la autorización del ministerio de Interior para que autorice la compra de tierras por parte de extranjeros. Río Negro en este momento está en emergencia hídrica, declarada por decreto ministerial y consideramos entonces que todo este tipo de autorizaciones deben ser suspendidas”.

En cuanto al beneficio que obtendría la Provincia a cambio del aprovechamiento, Odarda expresó: “De acuerdo a la respuesta de los pedidos de informes, la Provincia cobraría una regalía que no está establecido el monto, pero sería mínima. No está dentro del Presupuesto de la Provincia. Se llevan el agua pública para utilización de un complejo de alto nivel privado turístico sin aportar un solo peso a cambio o aportando algo muy insignificante”.

Impacto ambiental en una zona casi virgen

La meseta Baguales es una de las áreas cordilleranas menos intervenidas de la Patagonia. Aunque el proyecto se presenta como “energía renovable” y se promete devolución del caudal (sin modificación neta), la construcción de tres tomas (aunque sean pequeñas) y turbinas en un arroyo de montaña implica la alteración del régimen hidrológico local, incluso estacional; un impacto directo sobre fauna acuática, sedimentos y hábitats; y la intervención física en un paisaje de alto valor ecológico.

Organizaciones ambientales y sectores locales cuestionan que se califique de “sostenible” un proyecto que privatiza un recurso estratégico en una región vulnerable al cambio climático y donde el agua dulce es cada vez más valiosa.

En diálogo con La Tecla Patagonia, integrante de la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable, Tomás Guevara sostuvo que “hay cuestiones generales como que todo lo que tiene que ver el uso de agua está regido por el Código de Agua y la autoridad de aplicación en la provincia es el DPA y el uso de agua para las concesiones tiene que salir por aprobación legislativa, es decir mediante una ley. El argumento que dieron desde el Ejecutivo es que no necesita ley porque no es para uso público, sino privado, pero es totalmente inválido porque el recurso es público y van a generar energía con el agua por lo tanto debería tener todos los controles, como lo hicieron en su momento con el permiso que le dieron a Joe Lewis, que también era para uso privado en un principio”, explicó.

“Lo más importante es que esto se enmarca en todo un desmanejo en la política ambiental y energética. Nosotros estamos trabajando con varios temas en la zona, por ejemplo, vinculado a las canteras en la zona de El Foyel. Es algo que está pasando en toda la provincia, un desmanejo muy fuerte y una connivencia total de la Dirección de Tierras como el Departamento Provincial del Agua y la secretaría de Energía y Ambiente que está en cabeza de Andrea Confini, la pareja del gobernador, Alberto Weretilneck, que, aunque ya no esté formalmente es quien la maneja. Hay una discrecionalidad y connivencia con algunos intereses particulares, algo que también estamos viendo por ejemplo con el fraccionamiento del Limay. Hay en todo el territorio una serie de procesos muy opacos e incumplimiento concreto de la normativa. La Provincia habilita de forma irregular negocios y emprendimientos llevándose puesta toda la regulación de tierras, de agua y ambientales; y también el contrapeso que podemos tener desde la participación ciudadana, las audiencias o controles ambientales”, concluyó el referente ambientalista.

Regalías mínimas a cambio de agua y soberanía

Río Negro percibirá regalías sobre la generación bruta (valorada al precio promedio). Dado que la potencia total es inferior a 1 MW y solo para uso interno, el monto es simbólico. No hay aporte al sistema eléctrico provincial ni nacional, ni un desarrollo turístico abierto al público masivo: se trata de un resort de elite y una residencia privada.

El grueso de los beneficios, energía gratuita, plusvalía inmobiliaria, exclusividad, queda en manos de inversores extranjeros. Mientras tanto, la provincia cede por 30 años derechos de concesión sobre agua pública en una zona sensible, sin contraprestación estratégica.

La Tecla Patagonia contactó al Departamento Provincial del Agua para pedir explicaciones sobre el permiso otorgado. Desde el área aseguraron que todo fue hecho conforme al Código de Aguas Ley 2952 que en su artículo 22, indica: "Para aprovechar el agua pública y demás bienes integrantes del dominio hídrico, se requiere concesión, autorización administrativa o permiso administrativo".

"Se requiere concesión por ley, cuando se utilice la fuerza hidráulica con destino a la prestación de un servicio de utilidad pública. (Generar energía y venderla al sistema interconectado. El aprovechamiento estará sujeto a autorización administrativa, cuando se lo destine a: Generar electricidad o fuerza motriz para exclusivo uso particular".

Consultados por el caso Río Villegas S.A.U.indicaron que "la autorización administrativa otorgada por el DPA es para la utilización de agua pública para generación de energía eléctrica para Uso Particular en tres centrales hidroeléctricas de pasada en una parcela de propiedad de la firma Río Villegas S.A.U.La autorización que tiene un plazo de 30 años es acotado anual para operar entre julio y septiembre. Se trata de tres centrales de pasada (sin embalse) con caudales de 0.042, 0.200 y 0.350 m3/s. Con posibilidad de generar 20, 300 y 600 Kw respectivamente. Por el uso de agua la firma debe pagar regalías, las mismas se fijan en el 16% de la generación bruta a precio promedio del Nodo Neuquén".

En este sentido indicaron que "al tratarse de un uso particular, se tramitó bajo una autorización administrativa, tal como lo exige la Ley. Reforzaron que "no altera el curso ni cantidad de agua y que no utilizan generadores a combustibles".

En tanto este medio intentó comunicarse sin éxito con las sociedades que están a cargo del proyecto, Baguales S.A y Río Villegas SAU.

El caso Baguales revive debates históricos sobre extranjerización de tierras en Patagonia, control de recursos hídricos y el rol del Estado frente a capitales globales. En un contexto de creciente presión sobre el agua y la biodiversidad patagónica, otorgar por resolución administrativa un recurso público a un complejo de lujo privado genera legítimas dudas sobre prioridades: ¿inversión extranjera a cualquier costo o defensa del patrimonio colectivo?

La denuncia de ambientalistas y los pedidos de informes en la Legislatura abren un debate que trasciende un arroyo cordillerano y cuestiona cómo Río Negro administra sus recursos estratégicos y hasta qué punto el “acercamiento comercial” con Qatar justifica entregar agua y soberanía a cambio de regalías marginales y un resort para pocos.

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