Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, con aproximadamente 303 mil millones de barriles, representando cerca del 18% del total global, según datos de la OPEP y el World Gold Council.

 Esto la coloca por encima de Arabia Saudita (266 mil millones de barriles), Irán (208 mil millones), Canadá (170 mil millones) e Irak (143 mil millones). A pesar de sanciones estadounidenses que limitan sus exportaciones, su potencial es inmenso, superando incluso a EE.UU. (69 mil millones). En gas natural, cuenta con 5.7 billones de metros cúbicos, ranking 8° mundial, detrás de Rusia y EE.UU. 

En oro, las reservas del banco central venezolano son de 161 toneladas, posicionándola en el puesto 26 global, lejos de líderes como EE.UU. (8,133 toneladas), Alemania (3,355) e Italia (2,452).Sin embargo, sus reservas no extraídas en el Arco Minero del Orinoco son vastas, estimadas en miles de toneladas, compitiendo con Rusia y Australia, los mayores en oro sin minar (2025). 

Otros minerales abundan: bauxita (5,200 millones de toneladas, 7° mundial), hierro (14 mil millones de toneladas, top 10), carbón (1,500 millones de toneladas), diamantes, coltán, níquel, torio, manganeso y tierras raras como casiterita y rodio, declarados estratégicos en 2023. 

Estos recursos la hacen superior a vecinos como Colombia (oro y carbón limitados) o Brasil (hierro fuerte, pero menos petróleo), pero la explotación enfrenta desafíos ambientales y sanciones. Tras la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026, que capturó a Nicolás Maduro, EE.UU. anunció que “administrará” Venezuela hasta una transición. 

Si no entrega el poder a los venezolanos pronto, podrían surgir problemas graves, similares a intervenciones pasadas. En Irak (2003), la invasión derrocó a Saddam Hussein, pero dejó inestabilidad: violencia sectaria, surgimiento de ISIS, miles de muertes civiles y un PIB per cápita estancado en $5,000 (2025), con corrupción rampante. 

Libia (2011), post-Gadafi, cayó en guerra civil con gobiernos rivales, milicias armadas y un colapso económico: producción petrolera cayó 80%, desempleo al 30%, y migración masiva.  Afganistán (2001-2021) vio el regreso talibán tras retirada EE.UU., con hambruna, derechos humanos violados y economía contraída 40%, dejando 90% en pobreza. En Siria, apoyo indirecto contra ISIS prolongó el conflicto, con 500,000 muertos y reconstrucción costando $400 mil millones. 

Estos casos muestran patrones: intervenciones iniciales prometen democracia, pero sin traspaso rápido, generan vacuums de poder, insurgencias y dependencia externa. En Venezuela, con tensiones crecientes en 2025 por elecciones disputadas y carteles, una ocupación prolongada podría exacerbar la crisis humanitaria (7 millones emigrados), inflación y escasez, replicando fallos en “estados fallidos”. 

 Para evitarlo, urge una transición inclusiva, con supervisión internacional, priorizando soberanía venezolana sobre intereses en recursos.