27 de julio de 2025
RETENCIONES
Los vaivenes de Milei y el campo
El anuncio de Javier Milei en la Exposición Rural sobre una reducción “permanente” de retenciones agropecuarias genera expectativas, pero un examen detallado revela limitaciones estructurales, impactos fiscales y un historial de inconsistencias que cuestionan su sostenibilidad y equidad.
Ayer durante la inauguración de la Exposición Rural en Palermo el presidente anunció una reducción en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, calificada como “permanente”. Esta medida afecta productos clave como soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y carnes, en un contexto de superávit fiscal estimado en el 1% del PBI y una inflación mensual del 4-5%.
La reducción de retenciones proporciona un beneficio inmediato, aunque limitado, al mejorar la rentabilidad de los productores. Las modificaciones específicas incluyen: soja del 33% al 26% (reducción de 7 puntos porcentuales), maíz, sorgo, girasol, trigo y cebada del 12% al 9,5% (2,5 puntos menos), y carnes vacuna y aviar del 6,75% al 5% (1,75 puntos menos). Según estimaciones de analistas económicos, esto podría elevar el “dólar exportador” en un 5-10%, potencialmente sumando 1.500-2.000 millones de dólares adicionales en liquidaciones anuales si los precios internacionales repuntan.
El sector agropecuario, que representa el 60% de las exportaciones argentinas y generó 35.000 millones de dólares en 2024 pese a sequías, registró un crecimiento del 3,1% en los primeros cinco meses de 2025, inferior al 5-6% de años previos. Esta medida podría estimular inversiones en tecnología y maquinaria, beneficiando a la cadena de valor rural, que incluye proveedores de insumos y servicios logísticos. Entidades como la Sociedad Rural Argentina destacaron el anuncio como un paso hacia la eliminación de impuestos distorsivos, alineado con promesas de campaña de Milei para fomentar la competitividad en un mercado global donde la soja cotiza en torno a los 400 dólares por tonelada, un 40-50% menos que en 2022.
Sin embargo, el beneficio es contextual y no resuelve problemas subyacentes. Con un 40% de la población en pobreza y jubilaciones paupérrimas críticos argumentan que prioriza al agro exportador —cuyo top 1% concentra el 50% de la producción— sobre necesidades sociales, potencialmente exacerbando desigualdades.
Deficiencias estructurales: ausencia de reformas integrales y riesgos fiscales
El anuncio presenta múltiples limitaciones que lo convierten en una medida insuficiente. En primer lugar, no elimina las retenciones por completo, incumpliendo la promesa electoral de reducirlas al 0%, lo que deja a Argentina en desventaja frente a competidores como Brasil o Estados Unidos, donde estos impuestos son inexistentes y los costos logísticos son un 30% inferiores. Para la soja, el 26% restante implica una carga fiscal que reduce la competitividad en un 15-20%, según informes de la Bolsa de Cereales.
En segundo lugar, el costo fiscal estimado en 700-1.000 millones de dólares anuales podría presionar el superávit si no se compensa con otras reformas, como la aprobación de leyes pendientes en el Congreso. Provincias como Santa Fe y Córdoba han incrementado impuestos locales, como ingresos brutos en un 15% para maquinaria agrícola, neutralizando hasta el 50% del alivio nacional. Además, la medida ignora a la agricultura familiar, que abarca el 70% de los productores pero solo el 20% de la tierra cultivable, y ha enfrentado recortes en subsidios y créditos equivalentes a 500 millones de dólares en el primer año de gestión.
La “permanencia” es condicional: depende de la estabilidad macroeconómica, con un dólar oficial cercano a los 1300 que podría revertirse ante devaluaciones o presiones inflacionarias acumuladas del 200% en 2024. Expertos como economistas de la oposición critican que esto parece un gesto oportunista previo a las elecciones de medio término en 2025, destinado a recuperar el voto rural que cayó un 10% en encuestas recientes, sin abordar inversiones en infraestructura (rutas y puertos deficientes) o seguros contra riesgos climáticos, que costaron 20.000 millones de dólares en pérdidas por sequía en 2023.
La relación entre Milei y el sector agropecuario ha sido marcada por inconsistencias desde su asunción en diciembre de 2023. Inicialmente, se registraron avances: eliminación de retenciones en economías regionales (frutas, vinos y lácteos) y una reducción inicial del 20%, elevando el Índice de Confianza Agropecuaria a niveles récord en seis años. Esto contrastaba con el período kirchnerista (2019-2023), donde las retenciones alcanzaron el 35%, recaudando 15.000 millones de dólares anuales pero estancando la producción en un 10%.
No obstante, surgieron tensiones: en abril de 2025, Milei amenazó con aumentos si no se aprobaban reformas clave, lo que generó rechazos en provincias como Buenos Aires y Córdoba. Demoras en desregulaciones y fluctuaciones del dólar redujeron las inversiones un 15% en el segundo trimestre de 2025. A fines de 2024, el balance era ambiguo: superávit fiscal logrado, pero retenciones mantenidas en niveles similares al gobierno anterior (soja en 33%), lo que llevó a críticas por “lentitud” y uso del campo como fuente de recaudación en emergencias
Este anuncio en la Exposición Rural aparenta ser un intento de reconciliación, influido por presiones del lobby agropecuario, pero repite patrones históricos: en 2008, bajo Cristina Kirchner, las retenciones subieron del 35% al 45%, desencadenando un paro sectorial. Críticos ven en Milei un enfoque pragmático pero errático, que favorece elites exportadoras mientras recorta programas sociales como la AUH y educación, cuestionando si prioriza equidad o intereses concentrados.
En síntesis, la reducción de retenciones ofrece un alivio marginal con potencial para incrementar exportaciones en 1.500-2.000 millones de dólares, pero sus deficiencias —falta de eliminación total, impacto fiscal no compensado y omisión de reformas estructurales— la convierten en una política incompleta y riesgosa. Los vaivenes históricos sugieren inestabilidad, invitando a escepticismo sobre su permanencia. Para un cambio real, se requiere un enfoque integral que integre competitividad, equidad social y sostenibilidad fiscal.