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El 7 de mayo, el Senado comenzó a estudiar en comisiones (Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto) el proyecto de Ley de Bases del Poder Ejecutivo. Respecto a su versión original, esta nueva propuesta aumenta levemente sus probabilidades de llegar a convertirse en ley.

Según la Metodología de Probabilidad de Sanción de las Leyes en LATAM, el proyecto inicial de Milei contaba con 31.5 puntos sobre 100 y, tras su paso por Diputados, la nueva versión llevó ese indicador a 42. Se trata de un indicador, desarrollado por Directorio Legislativo, que pondera qué tan complejo será, para los promotores de la iniciativa, lograr su sanción.

El incremento de esos puntos en este indicador se debe a una serie de factores, entre los que se destaca su simplificación (la eliminación del capítulo electoral, la disminución de las facultades delegadas y la simplificación del capítulo fiscal). La estrategia legislativa de fondo no fue eliminar esos temas de su agenda, sino construir un proyecto menos abarcativo para tener discusiones legislativas (y negociaciones) de mayor fluidez. Tal es el caso del apartado fiscal que era parte de la propuesta original y ahora está siendo tratado a partir de un proyecto independiente.

La discusión está en curso, con una proyección reñida sobre si el oficialismo logrará o no reunir los avales necesarios para obtener el quorum que habilita el tratamiento en el recinto del Senado y garantiza la aprobación (37) El oficialismo cuenta con un principal desafío por delante: articular el diálogo entre legisladores y Casa Rosada para construir los consensos necesarios para llegar a ese número.

La Libertad Avanza no reúne esos números sin negociar con otros espacios. Cuenta 7 senadores propios, pero a partir de las distintas manifestaciones que fueron ofreciendo los bloques dialoguistas y opositores de la cámara. El proyecto tendría 32 votos a favor (que parecen extenderse a 35) y 36 por la negativa. En el bloque de rechazo se contabilizan los 33 de Unión por la Patria en un firme posicionamiento en contra y tres potenciales (por el momento) votos negativos. Cabe destacar que, es un debate vivo, y los rechazos o respaldados irán perfeccionándose con el avance de su tratamiento.

Las matemáticas para el oficialismo quedan abiertas. LLA está cerca de lograr los números para aprobarlo. No obstante, la clave ahora pasa por qué tanto deberá aceptar para que los senadores no oficialistas acompañen. La disputa se enfoca en si se sanciona con la redacción de Diputados (y se convierte en ley) o si lo aprueban con cambios (y vuelve a Diputados). El oficialismo es ambicioso. Aspira a tener esta ley aprobada sin cambios en Senado antes del 25 de mayo.

Proyección de votación

Potenciales votos en contra:

Carlos Espíndola (Corrientes - Unidad Federal)

Edgardo Kueider (Entre Ríos - Unidad Federal)

Martín Lousteau (CABA - Unión Cívica Radical)

Potenciales votos positivos:

Natalia Gadano y José Carambia (Santa Cruz - Por Santa Cruz)*

Mónica Silva (Río Negro - Juntos Somos Río Negro)*

* Desde el oficialismo sostienen que Gadano, Carambia y Silva acompañarán el proyecto al menos en la votación en general.

Sin voto definido:

Lucila Crexell (Neuquén - Comunidad Neuquén)

Recinto de Senado

La relación de fuerzas actual en el Senado, combinada con los posicionamientos de los diferentes bloques, demanda a los legisladores oficialistas un alto grado de negociaciones para obtener la aprobación en esta cámara.

Si bien hubo manifestaciones de gobernadores de Unión por la Patria indicando su voluntad de acompañar la iniciativa, los senadores habitualmente alineados a estos gobernadores manifestaron su rechazo (al menos por el momento).

De mantenerse esa posición, 33 votos de rechazo estarían garantizados. En el escenario actual, el oficialismo se encuentra en una posición negociadora de debilidad. Para evitar un posible rechazo, se abre el juego a la posibilidad de conceder cambios en la redacción actual.

De materializarse esos cambios en la redacción, el proyecto deberá ser analizado nuevamente por Diputados. Si bien su trámite en Diputados dependerá de la redacción que finalmente apruebe Senado, de no ser cambios sustanciales en el espíritu del proyecto, se prevé un estudio ágil a favor de convertir en ley la iniciativa.

El principal cambio en el proyecto podría pasar por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Senadores de distintos espacios reclaman al oficialismo y al Ejecutivo que modifiquen el articulado actual para reducir el plazo de vigencia del régimen, establecer cláusulas que fomenten el desarrollo de empresas proveedoras locales y asegurar el ejercicio de las potestades de las provincias.

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