En épocas de crisis lo urgente posterga lo importante, y en la Argentina de las crisis crónicas las urgencias se multiplican procrastinando resoluciones que con el paso del tiempo pasar a convertirse en urgentes. Es lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia, que con la renunciad e Luis Genoud a partir del 1 de junio quedará con sólo tres miembros estables y con la necesidad de recurrir al Tribunal de Casación para completar el quórum.
En ese marco, ahora al gobernador Axel Kicillof se le hace urgente empezar a buscar los consensos para designar a los miembros que faltan. Todavía es todo muy incipiente, pero hay casi una certeza en cuanto a la cobertura de esas vacantes. “Se buscará respetar la paridad de género, por lo tanto seguramente serán por lo menos dos mujeres las que integren los pliegos”, aseguró una fuente del Ejecutivo, que además sostuvo que “a nadie le conviene dilatar esto mucho más, y menos dejar pasar este año, porque 2025 es electoral y en ese marco es imposible”.
Está claro que será una negociación ardua con la oposición, y que las propuestas llegarán desde distintos sectores de la política. Es una espada que el Gobernador tiene con la cual también puede lograr otros consensos, por más que desde el Pro y el radicalismo digan que no debe mezclarse este tema con otros asuntos, ya sea legislativos o de nombramientos en otros estamentos del Estado. “Lo de la Corte debe quedar fuera de toda otra cosa”, advierten. Pero esto es política, y el política casi nunca dos más dos son cuatro.
Si bien en algún momento se especuló con el nombramiento de dos jueces para que cuando se produjera la renuncia de Genoud (con la que se especulaba desde hace un largo tiempo) hubiera al menos cinco miembros estables, la decisión del Gobierno, de acuerdo a lo recabado por La Tecla, es que se complete el cuerpo. Es decir, que se designen cuatro jueces.
Ahora, lo que en su momento fue una dilación se convierte en un tema de primer orden en la agenda política. La primera vacante de las cuatro que hay en la Corte se produjo en enero de 2020, con el fallecimiento del por entonces vicepresidente del Máximo Tribunal, Héctor Negri (que estaba desde 1983). Kicillof no tuvo apuro para designar su reemplazo.
Luego, en marzo de 2020, renunció Eduardo De Lazzari (quien falleció de Coronavirus poco después). Pese a las dos vacantes el Gobierno no avanzó en la búsqueda de los reemplazos.
Sí hubo algunas charlas después de la renuncia de Eduardo Pettigiani, efectiva el 31 de agosto de 2021. Hubo negociaciones con la oposición y algunos avances pero finalmente los pliegos nunca llegaron al Senado. Y también hubo, por parte de los miembros de la Corte, solicitudes concretas al Ejecutivo para que completara las sillas vacías.
Pasó 2022 sin novedades, y 2023 fue fagocitado por la pelea electoral. Como dijo la fuente del Ejecutivo, en años electorales este tipo de acuerdos se hacen poco menos que imposibles.
La Corte actual: Kogan, Soria, Torres y Genoud (que se retira el 1 de junio)
Como se dijo, en algún momento hubo charlas avanzadas, pero al final nada se concretó, en un contexto de fuerte lobby por parte de diferentes sectores para colar un candidato. Ese lobby volverá a verse en los próximos meses, por eso desde el Gobierno advierten que hasta que el paquete no esté cerrado los nombres serán celosamente cuidados.
Una de las razones por las cuales no se avanzó más allá hace dos años era que el oficialismo no quería ceder dos de las tres butacas en juego a la oposición, y en Juntos no se iban a poner de acuerdo entre los del Pro y los radicales en consensuar un nombre. Así, el tiempo se dilató a la espera de si se producía otra vacante que permitiera un salomónico dos para el espacio gobernante y dos para la principal fuerza opositora. Eso pasa ahora, pero el contexto político es muy diferente, con lo cual es borrón total y cuenta nueva.
Por entonces, aparecía con fuerza el nombre de Marisa Herrera, de Justicia Legítima y cercana a Cristina Fernández de Kirchner. También el por entonces ministro de Justicia, Julio Alak, apostaba por Ana María Bourimborde, titular de la Cámara de Apelación.
También se habló de la actual presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredon y exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Marina Sánchez Herrero, aportada por el radicalismo de Adelante Buenos Aires. Desde otro sector boina blanca se apuntalaba a Miguel Berri, decano de la facultad de Derecho de la UNLP y subsecretario de Ejecución de Créditos Fiscales y Tributarios de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Por su parte, por el Pro asomaba Andrés Antonio Soto, juez de la Sala 3 de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Nº 2 de La Plata. Cabe preguntarse si ahora algún sector amarillo no impulsará al exfiscal y excandidato a senador provincial Marcelo Romero.
Todo está, por el momento en foja cero, pero los tiempos ya no son los de antes, y Kicillof deberá apurar una negociación que estiró lo más que pudo, que siempre fue importante pero que ahora comienza a volverse urgente.
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