El debate se abre una y otra vez. Vuelve como un mantra irresuelto cuando la sombra de un crimen cometido por un menor de edad se hace luz fosforescente en los medios; y la sociedad, consternada por el hecho, avala que la discusión se recicle, rutilante al principio, apagada hasta extinguirse después, para regresar con furia cuando otro menor mata. Suele ser menos seguido de lo que se cree, ya que sólo el 2 por ciento de los asesinatos son cometidos por menores de 16 años, pero cada vez que pasa se convierte en una cuestión de Estado. Una cuestión de Estado que el Estado no ha podido resolver, y que tampoco resolverá con la única salida de criminalizar la niñez.
Descubrir que el asesinato de Bruno Bussanich, el playero de una estación de servicio de Rosario ultimado a sangre fría, había sido faena de un chico de 15 años reabrió la misma caja de resonancia de siempre. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo en una entrevista con Infobae que “tiene que haber ya una modificación del Código Penal, para que se permita que los menores que cometen delitos de mayores sean juzgados como mayores”. Antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho la misma frase cuando comunicó la detención del joven: ”Delito de adulto, pena de adulto”. El Gobierno nacional parece decidido a avanzar en ese sentido.
 El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es el encargado de elaborar la propuesta que se acercará al Congreso para bajar la edad de imputabilidad, actualmente con un piso de 16 años, que descendería a los 14, aunque algunos impulsan que se llegue a los 12 años, a partir de los cuales el delito deba ser considerado como si lo hubiera cometido un mayor. Sin embargo, esa iniciativa siempre va a tener resistencia. Los sectores progresistas no se reúsan al debate, pero lo quieren dar en un marco más complejo y abarcador que sólo cambiar un número en el Código Penal.
En materia judicial, la voz del kirchnerismo la expresa como pocos el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. Uno de los hombres que más habla con Cristina Kirchner dialogó largo y tendido con La Tecla hace poco más de una semana. La entrevista fue publicada casi en su totalidad en nuestra última edición impresa, y también hubo consideraciones suyas en un informe de Latecla.info el domingo 24 de marzo, sobre las vacantes en el Poder Judicial bonaerense. Pero, precisamente a la espera de este debate que se abre ahora, quedó pendiente el capítulo sobre el Código Penal y la expectativa de un sector de bajar la edad de imputabilidad.
Vale aclarar que en este aspecto las provincias no tienen incidencia, pero sí la de Mena es una voz más que autorizada para referirse al tema. “Esa no es una discusión procesal, es una profunda discusión de fondo, porque muchas veces también está atada el clamor de hechos puntuales y es una discusión que nunca se quiso abordar de fondo y seriamente”, expresó Mena, quien recordó que “no llegan al 2 por ciento los delitos cometidos por menores de 16 años”.
Para el funcionario “no estamos estamos debatiendo con la baja de la edad de imputabilidad los problemas de la seguridad o de la criminalidad en la Argentina, estamos apenas atendiendo a menos del 2 por ciento de los delitos, que es lo que hoy tenés en la estadística de participación de un menor”.
De todos modos, Mena reconoció que “no podemos seguir con una ley de la dictadura, porque ni siquiera es una ley que respete los derechos del menor que terminás incorporando al sistema de ejecución penal de menores en conflicto con la ley. Me parece muy sano dar la discusión, pero no hay que confundir a la gente con títulos rimbombantes, el problema de la seguridad y de la criminalidad en el país no son los menores de 16 años. Que tenemos que dar esa discusión, tenemos que darla, pero nunca puede estar atada, por ejemplo, al calendario electoral, porque sabemos que es una experiencia en el mundo, sale mal. Es una discusión de todas las fuerzas políticas, con los especialistas, porque la situación de la niñez y la adolescencia es un ámbito muy específico, entonces hay que escuchar muy detenidamente a los especialistas en esos temas”.
“Tenemos que hacer una actualización normativa, sin duda, porque además el sistema que tenemos no funciona para nadie, ni para el que cree que el conflicto de la criminalidad son los menores, ni para los menores que lo están sufriendo hoy en los organismos que gestionan la cuestión de la criminalidad de niños y adolescentes. Entonces, tenemos un sistema que no anda, efectivamente. Discutámoslo, pero con seriedad y con la necesaria sinceridad u honestidad académica y técnica que merece. Porque si no vamos a hacer un desastre, y vamos a hacer un desastre con niños y adolescentes”, agregó.
Reconociendo que el sistema actual “no da buenos resultados”, el ministro de Justicia de la Provincia, pide que primero se determine “¿qué queremos hacer?”. En ese sentido, apuntó: “Primero, veamos los números, sepamos cuál es el problema y después pensemos qué queremos hacer. ¿Que tiene que haber sanción para el menor infractor? No tengo ninguna duda, sin duda. Ahora, no se trata de encarcelar pibes de 12 años y menos en las condiciones actuales. Entonces, ¿qué régimen de ejecución penal vamos a fijar para los menores en conflicto con la ley penal? ¿Qué tipo de sanciones?”
Precisamente, respecto a las sanciones es donde hay diferencias sustanciales que saldrán a la luz cuando el tema, si es que llega, deba debatirse en los ámbitos políticos y académicos que debieran darle forma a la redacción final. “Las sanciones no necesariamente todas son la cárcel ni el encierro, hay un abanico”, remarcó Mena, para luego recurrir a una máxima de situaciones de tragedia: “Siempre las mujeres y los niños primero; entonces, seamos un poco serios con lo que vamos a hacer con los pibes, porque después tenemos un camino de vida de esos chicos, que si los arruinamos de entrada, estamos dándonos un tiro en el pie como sociedad. Es un tema que hay que abstraerlo por completo del clamor de un caso concreto. ¿No puede haber infracciones sin pena? Sin duda. Pensemos cuáles y de qué manera, y sobre todo, mejorar lo que tenemos. Ese es mi planteo respecto de la discusión, y por supuesto que bienvenida sea la discusión mientras fijemos ciertas reglas para abordar seriamente los problemas y no hacer política criminal, berreta, populista, que no sirve para nada”.
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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es el encargado de elaborar la propuesta que se acercará al Congreso para bajar la edad de imputabilidad, actualmente con un piso de 16 años, que descendería a los 14, aunque algunos impulsan que se llegue a los 12 años, a partir de los cuales el delito deba ser considerado como si lo hubiera cometido un mayor. Sin embargo, esa iniciativa siempre va a tener resistencia. Los sectores progresistas no se reúsan al debate, pero lo quieren dar en un marco más complejo y abarcador que sólo cambiar un número en el Código Penal.