El impacto de las medidas que adoptó el presidente Javier Milei se siente con fuerza en la provincia de Buenos Aires. La crisis económica se profundiza a raíz del programa de ajuste del gobierno nacional y golpea de lleno el bolsillo de los trabajadores. En cuanto a la quita de subsidios a la energía, se esperan tarifazos y quita de beneficios como la Zona Fría.
Los casi 17 millones de habitantes bonaerenses siguen muy cerca las consecuencias de la política energética que adopta Milei. En ese marco, tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como el proyecto de ley ómnibus proponen modificaciones drásticas. Ambas iniciativas generaron un amplio rechazo y tanto el oficialismo como la oposición debaten al respecto.
El DNU derogó en el sector de la energía cuatro decretos, una ley, 20 artículos de otra y dio luz verde a la Secretaría de Energía de la Nación cambiar el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas natural y a la forma en la que se los determina. El objetivo, según dicen en el Gobierno nacional, recortar gastos por hasta 0,7% de PBI si también se tiene en cuenta la quita de subsidios al transporte público.
Además, en el proyecto de ley ómnibus llamada "Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos también se incluyó un punto que es crucial para los bonaerenses y el que propone dar de baja la Zona Fría. El artículo 318 establece y dispone la eliminación o la modificación de todos los fondos fiduciarios. El detalle es que con esos instrumentos se sostiene el subsidio de la Zona Fría para 95 localidades bonaerenses. Además, tal herramienta sirve para sostener la tasa subsidiada para clubes de barrio y un sistema de segmentación que permite adecuar la tarifa a los ingresos de manera proporcional.
Con este polémico paquete de medidas, un informe de la consultora Economía & Energía, sobre la base del promedio de las facturas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), reveló a cuánto llegarían los aumentos para cada categoría de acuerdo a los parámetros macroeconómicos proyectados por el Gobierno.
Asimismo, adelantó que las tarifas de energía podrían aumentar en algunos casos más de un 300% de modo de lograr el recorte de subsidios del 0,5% del PBI que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.
En el caso de la electricidad, la categoría de altos ingresos (N1) sufriría un ajuste del 125% para pasar de una factura promedio de 10.467 pesos a unos 23.569 pesos. Los N2 de bajos ingresos, por su parte, tendrían una suba del 129% y así, de los 3.970 pesos que abonan en la actualidad en promedio se irían a 9.082 pesos.
En tanto, el segmento de ingresos medios N3 sería el más perjudicado al alinearse con los N1 y tener un recorte total de subsidios. De este modo, de una factura promedio de 5.518 pesos mensual pasarían a pagar una de 23.569 pesos, un alza del 327% que incluso puede ser mayor para las subcategorías que consumen menos como los R1, R2 y R3.
Para el gas natural, la tarifa de los N1 subiría un 204% para irse de los 4.558 pesos actuales a 13.867 pesos. El aumento de los N2 sería de 168% producto del salto de los 1.822 pesos que afrontan en este momento en promedio a unos 4.885 pesos.
Los ingresos medios N3 serían los más golpeados con un alza del 336% si es que su factura aumenta de 3.179 pesos a 13.867 pesos como prevé el informe de Economía & Energía.
ENTREVISTA AL SUBSECRETARIO DE ENERGIA BONAERENSE
Gaston Ghioni: "Las tarifas deben ser justas y razonables"
-¿Qué implica que se desregule el mercado de energía eléctrica?
-El conjunto del DNU y el proyecto de Ley “ómnibus” presentado por el Gobierno Nacional plantea una profunda desregulación de todo el sector energético.
Una vez más, inicia con vicios formales que exceden la cuestión energética como ser una nueva delegación legislativa en el Poder Ejecutivo para la reforma de los marcos regulatorios, dando por tierra con el sistema republicano y la división de poderes, siendo contrario a la Constitución Nacional.
Pero además de esta cuestión formal, desde lo sustancial, el objeto de esa delegación legislativa, choca con principios que exceden las decisiones políticas y discrecionales del poder administrador.
La regulación energética no viene como en el resto de los mercados ‘simplemente’ a equilibrar las desigualdades que el libre mercado no ordena, sino que es propia, sobre todo en la actividad del transporte y distribución eléctricas, de su naturaleza monopólica. Simplemente basta decir que en mercados de competencia esas actividades son antieconómicas, y si no se regulan precios y calidades están destinadas, no solo a perjudicar a los que menos tienen sino al fracaso mismo.
Adicionalmente este conjunto de normas quita los objetivos de autoabastecimiento de la Ley de Hidrocarburos, busca privatizar las importantes empresas estatales del sector, deroga el Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica y quita un conjunto de programas de incentivos relacionados con la diversificación de la matriz y el cuidado ambiental.
El sector eléctrico actualmente funciona bajo marcos regulatorios provenientes de la década del noventa, cuando se entregó al sector privado, no sólo los activos que eran del Estado, sino también la responsabilidad de ampliar las líneas y mejorar el servicio. Sin embargo, hoy la situación es que el sector se encuentra con importantes carencias en sus tres segmentos (generación, transporte y distribución), a punto tal que se requieren con urgencia grandes inversiones para asegurar el servicio a la demanda.
En este lapso, las obras significativas, tanto en transporte de alta tensión como en plantas generadoras, fueron realizadas en forma directa por iniciativa estatal, o bajo programas de incentivos impulsados por el Estado, e incluso éste se encuentra ejecutando diversos proyectos de gran relevancia como centrales hídricas o nucleares, redes de extra alta tensión, etc., en diverso grado de avance.
Una desregulación más profunda como la que se plantea, pone a cualquier nueva demanda a merced de la iniciativa privada en la posibilidad de contar con servicios de calidad, lo que implica que sólo la rentabilidad definirá la provisión de un servicio público que en el caso de los usuarios bonaerenses tienen asegurado por Ley: el acceso a un abastecimiento mínimo y vital (Ley 11.769 y modif.). Una orientación únicamente regida por la rentabilidad sugiere niveles tarifarios exorbitantes. Y la experiencia indica que ni siquiera con tarifas elevadas se realizan las inversiones: cuando se retira el Estado de la planificación y el control, el privado se limita a maximizar beneficios en el corto plazo, tal como se verificó desde los tarifazos en el período 2016-2019.
Por otra parte, dada la estructura federal del Sistema Argentino de Interconexión, la organización del mercado de generación y los regímenes provinciales de distribución, se requieren instancias de coordinación y planificación del sistema eléctrico. Sólo el Estado, en sus diferentes niveles nacional, provincial, municipal, puede realizar la tarea.
Tarifas más caras, empeoramiento de la calidad, dificultades para absorber el crecimiento de la demanda, costos de generación más altos (a lo que se suma que podría incrementarse las importaciones de combustibles para las centrales térmicas debido a la liberación del comercio de hidrocarburos y derivados), falta de previsión y planificación, debilidades en el control, pueden constituir un combo perjudicial para usuarios (residenciales, comerciales, industriales) y favorable únicamente a las grandes empresas oferentes. En el largo plazo, una evolución de estas características agravaría las debilidades del sistema, afectando a toda la población y la producción nacional, y muy probablemente volvería a requerir de una implicación directa del Estado para evitar un daño sistémico, tal como ocurrió repetidamente en los últimos veinte años.
-El proyecto de "ley ómnibus" propone eliminar los fondos fiduciarios del sector que son destinados a subsidios, ¿Cuáles son las consecuencias para los usuarios bonaerenses?
-Como primera consideración, la regulación sobre los fideicomisos, también surge en la década del noventa, donde se generaron los primeros fondos. El concepto rector es la aplicación de recursos a determinados fines para los cuales los recursos quedan afectados, asegurando el cumplimiento del objetivo propuesto en cada caso, ya que no hay posibilidad de desvío de fondos o modificación de su uso.
Con la propuesta de la Ley Ómnibus se pretende hasta eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los que están destinados a subsidios.
Esto implica por ejemplo la afectación del Programa Hogares con Garrafa (HOGAR) que está destinado a garantizar el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP), envasado en garrafas. Este es financiado por un Fondo Fiduciario y destinado a personas de bajos recursos que viven en zonas que no tienen servicio de gas precisamente porque el sector privado no ejecuta la expansión del servicio donde no resulta rentable.
Este programa lleva adelante dos subsidios en la cadena de GLP. Por un lado, un monto por garrafa a los usuarios finales de bajos recursos que ronda los $1.500 para la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, se subsidia el precio de compra del GLP (butano) de los fraccionadores compensando a los productores. Esto permite que el fraccionador adquiera la tonelada casi ocho veces menos que el precio de paridad de exportación en enero ($30.000 vs $230.000). Además de ello, se establecen precios máximos de referencias para los distintos segmentos de la cadena. El último precio oficial establecido en PBA para la garrafa era menos de $3000.
A partir del cambio de gobierno, y en el marco de esta política “desregulatoria”, las empresas subieron automáticamente los precios llevando la garrafa a $6.500 en la puerta de los depósitos y llegando a $10.000 en los comercios de barrios. Más del triple.
Posteriormente el gobierno nacional validó un precio de venta de $7.500 es decir un aumento del 120%. Actualmente se mantienen estos precios en la calle producto de que no se liberaron los precios totalmente y de que estamos en un momento de baja demanda.
Si se continúa en el esquema de liberalización del mercado (en 3 meses como dicen informalmente desde Secretaría de Energía) se daría un aumento que a precios de hoy llevaría a más de $ 10.000 la garrafa en depósitos y $15.000 aproximadamente en comercios, esto es convalidar un precio de la garrafa de USD 10.
Las estimaciones nos indican que a fines de 2024 la garrafa tendría un precio de $25.000 en depósitos y mayor ese precio en los comercios de barrio.
Adicionalmente, el proyecto de ley incide sobre el Régimen Zona Fría, donde a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas quienes habitan en zonas climatológicamente frías reciben una tarifa subsidiada entre el 50 % y hasta el 70% si son usuarios residenciales, o bien por su condición socio económica o si se trata de asociaciones como los comedores.
Esto va a impactar directamente en lo que cada persona y/o entidad deba destinar de sus ingresos para pagar el gas que necesita para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, aseo y calefacción.
Asimismo, la norma proyectada puede afectar también al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal que desde sus orígenes mantuvo el rol protagónico del Estado en el desarrollo estratégico y de integración en el servicio público eléctrico con el financiamiento de grandes obras que, de no haber sido ejecutadas por el Estado, ningún privado las hubiera realizado, considerando las fallas regulatorias advertidas en las privatizaciones del sector eléctrico.
Por último, se deroga el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) creado en el marco del Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable domiciliaria, y que fue pensado para a fomentar la instalación de equipamiento renovable con el otorgamiento de créditos con tasas diferenciales, y/o a través créditos fiscales para el repago de la inversión, que resultaba un complemento a los beneficios que esta provincia tiene vigentes, por lo que, se desincentiva la instalación de este tipo de generación lo que afecta el plan de transición energética.
-En el plano sobre la competencia de la provincia de Buenos Aires, ¿qué política van a tomar sobre la actualización de tarifas?
-Respecto a la política tarifaria en la provincia vamos a continuar trabajando como hasta ahora. Sin embargo, es necesario recordar la situación que imperaba al asumir el gobernador Axel Kiciloff el primer mandato en 2019.
En ese momento nos encontramos con que el gobierno de María Eugenia Vidal, cuatro meses antes de terminar su mandato, suspendió la aplicación de los cuadros tarifarios que debían aplicarse según el cronograma que su misma gestión había aprobado. En agosto de 2019, de acuerdo a lo establecido en el proceso de Revisión Tarifaria Integral realizado en 2016, debía instrumentarse un incremento tarifario, que en pleno proceso electoral decidieron posponer, trasladando su aplicación a enero de 2020 (momento en que ya estaría el nuevo gobierno). Esto no tiene otro fundamento más que los tarifazos impuestos por la gestión de Mauricio Macri en el costo de la energía, resultaban un claro problema político para la entonces gobernadora también.
Una vez iniciada nuestra gestión se determinó la necesidad de posponer tales ajustes para la realización de un análisis técnico detallado respecto a la revisión tarifaria integral (RTI) que definió las tarifas.
Mientras se estaba llevando adelante ese estudio nos encontramos con la pandemia que importó la decisión de un congelamiento tarifario por el primer año, que fue sucedido por aumentos que quedaron siempre muy por detrás de la inflación porque se priorizó cuidar el poder adquisitivo de los bonaerenses.
Esta política tarifaria fue acompañada por las distribuidoras y cooperativas, y no hubiera sido posible sin el esfuerzo económico del Estado Nacional. Éste, por un lado, mantuvo el costo de la energía subsidiado y por otro, a través de CAMMESA, acompañó a las distribuidoras de todo el país. Este proceso implicó que muchas distribuidoras y cooperativas acumulen importantes deudas, pero debía permitir que las prestatarias priorizaran el servicio, llevando adelante una prestación de calidad, contando con los fondos necesarios para el mantenimiento del mismo. En 2023 se empezó a ordenar tal situación mediante un proceso de transición tarifaria hasta la realización de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) que permita definir los valores que deben representar el costo de operación y mantenimiento de las redes, las inversiones necesarias para prestar un servicio de calidad y otorgar una rentabilidad razonable a una actividad cuya naturaleza es monopólica por definición como es el servicio público de distribución eléctrica.
De este modo seguiremos trabajando con las 4 distribuidoras y las casi 200 cooperativas que tenemos en la provincia de Buenos Aires para que puedan prestar un servicio de calidad, pero reconociendo que esto no puede ser sobre la base de tarifas que hagan imposible que los usuarios puedan pagarlas. Las tarifas deben ser justas y razonables.
- ¿Cómo viene el díalogo entre el Gobierno bonaerense y las cooperativas/prestadoras de servicio de energía eléctrica? ¿Qué dificultades plantean?
- En la provincia tenemos casi 200 cooperativas de energía eléctrica que prestan el servicio en una gran cantidad de localidades y pueblos rurales. Muchos de ellos, sin su presencia no contarían con energía.
En estos cuatro años, nuestro trabajo con las cooperativas fue permanente y su acompañamiento durante la pandemia y en tiempos donde los ingresos de muchas familias se vieron afectados fue muy importante. Incluso desde el gobierno provincial entregamos subsidios para que puedan compensar los ingresos que no pudieron obtener por el atraso tarifario que se generó en este período, del mismo modo que hemos realizado importantes obras en la red de distribución con aportes del tesoro provincial. Actualmente se encuentran frente a la necesidad de llevar adelante importantes inversiones para mantener la red en cada pueblo y empezar a recomponer el pago por la compra de energía. En las cooperativas los socios son los usuarios y son quienes mejor saben que tanto contar con un servicio eléctrico de calidad como que éste sea a precios razonable resulta necesario y, en tal sentido estamos trabajando en conjunto en una solución que nos permita en esta etapa de transición tarifaria poder encontrar la gradualidad que todos necesitan en un sector particular del mercado eléctrico donde no rigen la lógica del mercado ni la rentabilidad económica como principios rectores, sino el beneficio para los usuarios del servicio eléctrico.
El Gobierno bonaerense y la pelea contra la quita de subsidios de Milei
Desde el Gobierno bonaerense mantiene una postura firme en la que rechazan de manera rotunda el plan motosierra del presidente Javier Milei. En ese sentido, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se opuso al tarifazo del gas. En ese sentido, señaló que "hay un pedido de incremento que van entre el 350 y el 700 por ciento" por lo que manifestó "un rechazo muy claro a incrementos que claramente son abusivos".
Asimismo, expresó que la medida "es confiscatoria, que golpea a un bolsillo ya bastante dañado" y afirmó que "también vamos a rechazar claramente el pedido de establecer un un incremento de actualización mensual". Entonces, consideró que eso "sería un incremento gatillo".
Más adelante, Katopodis aseguró que "no se corresponde con la situación del salario" y comparó la situación con la que ya se vivió entre el 2015 y 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Por lo que recordó "la ausencia de un plan de inversión" y que "ya tuvimos la experiencia con el macrismo de dar tarifa, pero que los servicios no mejoren en su calidad. Tuvimos en ese momento servicios más caros, pero de muy mal funcionamiento".
El ministro recordó que por pedido del gobernador, Axel Kicillof, están "representando a los más de 17 millones de bonaerenses, clubes de barrio, entidades sin fines de lucro", entre otros. Después focalizó en las pymes que "necesitan un tratamiento diferencial ya que no es lo mismo una multinacional que una pequeña y mediana empresa".
Además, Katopodis, realizó su exposición en la audiencia pública por el incremento en las tarifas de gas propuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Durante su exposición, expresó: “Es inadmisible que en este contexto de la Argentina las empresas del sector privado vengan a plantear un incremento abusivo con un ajuste mes a mes, que rechazamos de manera clara y categórica.” Y agregó: “No venimos a poner palos en la rueda, queremos que el Gobierno Nacional entienda que hacen las cuentas al revés: aumentan los servicios y prepagas, y bajan salarios y jubilaciones. El resultado es familias angustiadas”.
“No es viable un modelo en la Argentina que no incluya a la industria nacional, a los trabajadores y a la clase media. Desde la Provincia de Buenos Aires vamos a defender a nuestra gente.”, concluyó.
Zona Fría, en peligro
Las localidades de la Provincia que comprenden la zona fría, 94 en total, podrían perder la bonificación que les corresponde en caso de aprobarse la Ley Ómnibus del Gobierno nacional, una familia tipo podría llegar a pagar 80 mil pesos en invierno.
En junio de 2021 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Ampliación del Régimen de la Zona Fría (N° 27.637) y en agosto de ese año comenzó a implementarse. De esta manera, un total de 4 millones de usuarios (44% del país) y unos 12,8 millones de personas, podrán acceder a beneficios de un descuento de entre 30% y 50%.
La modificación de la iniciativa, que impacta en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe, posee varias particularidades. Una de ellas es que se divide por zonas climáticas y la clasificación es realizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Por ese motivo, en territorio bonaerense abarca a 95 municipios.
Por otro lado, referido al origen del subsidio para costear el beneficio, se prorrogó por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565). Se trata de un punto que se aprobó en el año 2022 y que impulsó el establecimiento de una suma adicional que pagan los propios usuarios del gas en la factura."Es un monto ínfimo por usuario y técnicamente no es un subsidio del Presupuesto público", confió una fuente especializada a La Tecla.
Un “contexto horroroso”
El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, señaló que el aumento de la energía, sumado al aumento en los productos primarios y al estancamiento del salario, es una realidad que genera “mucho miedo” en los vecinos.
El municipio de la Segunda tiene 3.232 beneficiarios bajo el régimen de Zona Fría, un porcentaje de la población bastante importante siendo que la localidad tiene 13.900 habitantes.
A su vez, reconoce que una amplia mayoría considera que con este tipo de políticas “va a estar peor”, lo que supone "un desafío" para los jefes comunales y para el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.
Además, en un mensaje destinado a la dirigencia local, instó a que acompañen con medidas como la “Ordenanza Fiscal e Impositiva” para tener gobernabilidad en este “contexto horroroso”.
"Particularmente inquietante"
Matías Civale, diputado provincial por la 5ta Sección, sostiene que lo peor de la desregulación de la tarifa eléctrica se lo llevan las “distribuidoras eléctricas, especialmente en las más de 200 cooperativas y distribuidoras del interior, que ya enfrentan una situación preocupante”. “El aumento en el costo de la energía y la compra de energía las coloca en una situación casi de convocatoria de acreedores o concurso”, agregó.
Además, señala que la situación del sector es “muy preocupante”, donde lo más probable es que “este incremento de tarifa se traslade en algún momento a los usuarios” lo que es "particularmente inquietante".
El diputado señala que: “la provincia de Buenos Aires reintrodujo dos impuestos en el último aumento impositivo, sumándose al incremento de la tarifa eléctrica debido a la desregulación del gobierno nacional. La magnitud de estos aumentos en las tarifas de gas, electricidad y servicios, junto con el impacto de la inflación en alimentos, medicamentos y alquileres, genera preocupación, especialmente al no observarse una contención para los sectores más desfavorecidos”.
La posibilidad de que algunas tarifas de los usuarios sufran aumentos de un 600% es una realidad. “Esto se debe a la eliminación del fondo fiduciario para subsidios de consumo residencial de gas, conocido como zona fría”, advierte Civale.
En números concretos
Lo concreto es que, en base a los criterios económicos el aumento buscará que un 63% de los usuarios a nivel nacional paguen la tarifa plena en los próximos tres meses.
Según los parámetros de la segmentación que se dispuso en 2023, los hogares argentinos están divididos en N1 (altos ingresos), N2 (sectores populares) y N3 (sectores medios).
En términos relativos, el Nivel 3 será el más afectado porque sus tarifas se homologarán a las que paga el N1. Por eso, el aumento promedio de la factura final para los N3 será de casi un 600% a partir del 1º de abril. Para los N2, la suba rondará un 500% y para los N1, un 350%. En términos nominales, una factura promedio de un hogar N3 es de $ 2700. A partir de abril, cuando concluya el retiro de subsidios, llegará a los $ 20.000 mensuales. Para los N1, la factura media es de $ 5200 y se irá hasta los mismos $ 20.000.
Por ejemplo, en el caso de Metrogas que brinda el servicio en gran parte del AMBA un 75% de los usuarios se encuentran en las categorías de menor consumo. El 25% restante lo ocupan los hogares de mayor demanda de gas.
La factura media de invierno para un usuario de alta demanda podría alcanzar los $ 50.000 por mes. Por lo que se espera, usuario que en 2023 pago $10.000 puede, este invierno, llegar a recibir una factura de $80.000.
Uno de los interrogantes aun por resolver es qué pasará con los hogares N2 (sectores populares). El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció que se aplicará un nuevo esquema de subsidios sobre la base del valor de una Canasta Básica Energética, pero aún no hay precisiones.
El pedido de las distribuidoras
En San Nicolás, uno de los municipios está comprendido dentro de la zona fría, la empresa concesionaria Litoral Gas solicito un aumento de entre el 19 y el 119% para clientes residenciales.
Así lo comunico, en la audiencia convocada por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) el representante de la firma, Daniel Molinari, ilustro de qué manera se darán los incrementos.
Quienes no tengan el descuento del 30% por pertenecer a la zona fría y estén en el segmento R1 pasaran de una factura de $5.384 a $10.876. Mientras que, los usuarios R3 pasaran de $4.423 a $9.691.
Finalmente, para las pequeñas y medianas empresas la suba sería en promedio de $10.832 más de $4.982 de impuestos.
Las distribuidoras Naturgy y Gasnor solicitaron una adecuación tarifaria de 413% promedio, que se aplicará al margen de distribución, con actualización posterior a través del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor).
Así, la directiva indicó que el impacto de ese ajuste en la tarifa final para un usuario residencial de Naturgy, que presta servicio en Zárate y Campana, que integran el N1 será de $5.416 por mes en distribución, con la tarifa final en $11.124. En el caso de Gasnor, para el usuario residencial Nivel 1 será $3.823 por mes, con tarifa final $8.076.
Por su parte, la distribuidora Metrogas (comprende la ciudad de Buenos Aires y a once partidos del sur y el sudoeste del área metropolitana), reclamó un aumento de 438% a 704% para usuarios residenciales de acuerdo con el segmento que correspondan, con un impacto del 30% en la factura final.
Con ese ajuste, en el caso de un usuario residencial de Nivel 1 (R1) el incremento sería de $2.819 promedio por mes, de Nivel 2 $3.019 y de Nivel 3 $2.967.
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