Javier Milei anunció en cadena nacional las principales medidas que incluyen el DNU de desregulación del Estado, que contará con más de 300 reformas centrales, entre ellas la derogación de la Ley de Alquileres, la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y el Observatorio de Precios y de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
La normativa establece que una vez que se publica en Boletín Oficial, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para notificar a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por representantes de todos los bloques, que también tendrá 10 días para emitir dictamen.
Sin embargo, este enorme paquete de medidas todavía puede ser rechazado tanto por la Justicia como por el Congreso. El poder Judicial tiene la potestad de no aprobar artículos de los decretos si considera que van en contra de otros derechos o si son inconstitucionales.
Por el lado del Legislativo, hay un camino que debe recorrer el DNU dentro del Congreso donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo.
¿Puede el Congreso derogar las medidas?
Cada uno de los DNU promulgados por el poder Ejecutivo deben tener un paso previo por el Congreso. A lo largo del proceso, donde los legisladores analizarán si aprueban o no la medida, mantendrá fuerza de ley.
El jefe de Gabinete, en este caso Nicolás Posse, debe enviar en los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputadas y 8 senadores, cuyos nombres todavía deben definirse.
Luego, la Comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.
Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más.
El antecedente de la Corte
En mayo de 2010, la Corte Suprema resolvió que los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado. “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”, plantearon los jueces.
Aquella sentencia -que tuvo la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi- fue a raíz de una causa iniciada por Consumidores Argentinos, Asociación para la Defensa, Educación e Información del Consumidor, que promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad del DNU 558/02, firmado por Eduardo Duhalde, que modificó la ley 20.091 de entidades de seguros.
El DNU completo
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