El pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia realizado por la Presidencia copa la agenda política del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC). La oposición mantuvo un encuentro en el que resolvió continuar alineada con el máximo tribunal y bloqueará el debate en Diputados. En tanto, el oficialismo analiza cómo continuar con la avanzada.
Al respecto, el diputado nacional del FdT, Rodolfo Tailhade, dijo que "la Cámara está trabada desde antes que el Presidente anunciara el juicio político a la Corte. Desde principios de diciembre estamos sin actividad".
Para el legislador bonaerense, "el juicio a la Corte les da una excusa para seguir paralizando la Cámara, cosa que va a pasar, ya que aunque el Presidente no hubiera hecho ese anuncio, creo que hubiera seguido la parálisis de la Cámara".
"No tiene nada que ver con la Corte, aunque por supuesto el tema vino a agravar una situación de mucha tensión que ya hay en la Cámara, pero lo que dicen es una mentira", insistió en declaraciones a DTV al apuntar a sus colegas de JxC.
En este marco, en la bancada oficialista analizan que, además del reglamento de la Cámara, la comisión tiene uno interno que dice que los únicos que están en condiciones de decidir si concurren o no son los acusados, en este caso los cuatro miembros de la Corte.En principio, según consignó la agencia Télam, se buscará juntar toda la prueba durante un período, y cuando se tengan todos esos elementos se los invitará para su descargo. Todo aquel que sea citado está obligado a ir a la comisión, salvo los funcionarios que son pasibles de juicio político (presidente, vicepresidenta, ministros), que en caso de ser llamados para declaración testimonial pueden no asistir. Los demás ciudadanos tienen la obligación de asistir, y si no lo hacen y no justifican su ausencia, la comisión tiene la facultad de pedirle a un juez que ordene su traslado por la fuerza pública.
En ese sentido, el propio Tailhade, integrante también de la comisión, anticipó "la idea de proponer la citación de D'Alessandro y Robles, ya que no están alcanzados por esta inmunidad que da el reglamento de no venir".
También está definido que el juicio político será presentado por un grupo de diputados y no por el Presidente de la Nación, ya que en el primero de los casos tendría vigencia por tres años y en el segundo caso solo un año.
En cuanto a los tiempos, se estima que el proceso de sumario podría durar entre tres y cuatro meses, para evitar que se superponga con el inicio del calendario electoral en lo que tiene que ver con presentación de alianzas y listas de candidatos.
Otra alternativa que se conversa en despachos oficialistas es sobre el momento que se llevará el tema al recinto en caso de que se obtenga dictamen en la comisión: varios diputados coinciden en que no es necesario hacerlo inmediatamente después de generado el despacho. Es que el Frente de Todos tiene número suficiente para emitir dictamen de comisión pero en principio carece de la mayoría necesaria para aprobarlo en el recinto.
Sobre la convocatoria a extraordinarias, evalúan que el temario debe incluir el 'juicio político a los miembros de la Corte', lo que habilitaría al tratamiento de otras iniciativas existentes, como un pedido de la Coalición Cívica contra el juez y expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti o una de Vanesa Siley (Frente de Todos) contra el también extitular de la Corte Carlos Rosenkrantz.
Lo que no se incluiría sería la habilitación a todos los pedidos de juicio político sin especificar puntualmente a la Corte. De esta manera se neutralizaría el pedido de Juntos por el Cambio para que también se pongan en debate las solicitudes que hay sobre el presidente, la vicepresidenta y algunos ministros.
Para poder avanzar con esas solicitudes, generadas desde sus propias bancadas, deberán esperar hasta el 1° de marzo, cuando se inicia el período de sesiones ordinarias, y el temario ya no lo decide el Poder Ejecutivo.
JxC y su decisión para bloquear el debate en Diputados
El martes, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reunió a sus principales figuras vía Zoom para definir la estrategia política que emplearán para rechazar el juicio político que impulsa el Gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia.
Los dirigentes acordaron que Juntos por el Cambio no dará quórum en la comisión de Juicio Político ni en el recinto. En la comisión, el Frente de Todos cuenta con 16 miembros, suficientes para habilitar la avanzada contra la Corte Suprema. En tanto, la coalición opositora tiene 14 miembros y se dispone a trabar el debate. En caso de que el oficialismo logre habilitar el debate, la oposición dará la discusión con el fin de rechazar el embate de la Casa Rosada y declarar la “inadmisibilidad de la denuncia”.
"Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reafirmamos la gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del quiebre del Estado de derecho", señalaron.
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