Vía La Tecla Mar del Plata
El rol y el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata volvieron a entrar en la agenda política a raíz de un proyecto que busca recortar los costos del organismo, a poco más de un año para la renovación de cargos.
Regida por la ordenanza 13.663, que se sancionó en el 2000, y sus modificatorias, la Defensoría del Pueblo tiene como objeto “supervisar la correcta actuación” de funcionarios y agentes del Ejecutivo, organismos descentralizados, juzgados de faltas, en lo que hace a su actuación, y “de todo ente creado o a crearse que funcione en la esfera de la administración municipal”.
De acuerdo a la normativa, el organismo debe bregar por “la protección de los derechos de toda persona física o jurídica” de la ciudad y, también, por aquellos derechos
“de pertenencia difusa o colectiva de la comunidad”. Su intervención tendrá lugar “frente a los actos, hechos u omisiones que impliquen un ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo o de manifiesta impericia de la función pública”.
La última modificación a la norma fue en septiembre de 2013, durante la gestión de Gustavo Pulti, en la cual se estableció que el órgano colegiado debe estar integrado por tres miembros
“con autonomía funcional y política”. Los mandatos tienen una duración de cinco años y vencen a fines de 2023.
Los defensores actuales son el radical exconcejal Fernando Rizzi, quien fue elegido con el apoyo de los colegios profesionales de la ciudad y no podrá renovar porque acumula dos mandatos consecutivos; Daniel Barragán, ex secretario general de la CTA, quien fue designado con el apoyo de las ONG locales y se muestra cercano al kirchnerismo; y Luis Salomón, ungido con la venia de las asociaciones vecinales de fomento y con vínculos con el pultismo, aunque en el último tiempo se distanció del partido vecinalista.
“Tenemos como tarea central la defensa de los intereses de los vecinos. Una virtud es que los tres contamos con distintas adscripciones político-partidarias, y eso nos obliga a un
ejercicio democrático permanente”, esgrime Barragán.
El organismo funciona dentro de la estructura programática del Concejo Deliberante, lo que ha sido motivo de cortocircuitos por el presupuesto del área. Desde hace años los defensores reclaman mayores partidas y más disponibilidad de personal para poder gestionar. “En el
ejercicio 2021 tuvimos una reducción del 90% en nuestro presupuesto, y aun así seguimos trabajando. Este año la asignación de partidas creció al 30% del valor real que tenía hace dos años”, denuncia el exdirigente de la CTA.
En contrapartida, desde el HCD buscan profundizar el recorte en los gastos y ponen la lupa sobre el accionar del área, amparados en cierta intrascendencia en sus resultados y propuestas. Así se deja entrever en un reciente proyecto presentado por el concejal Alejandro Carrancio (Creciendo Juntos).
A grandes rasgos, la iniciativa propone “reducir los costos” de la Defensoría, evitando que el rol de controlar a las instituciones y funcionarios de gobierno “no esté sesgado por posiciones políticas de quienes ejercen el cargo”, según argumenta el legislador.
Por otra parte, Carrancio plantea bajar la cantidad de defensores de tres a uno, con un suplente. El proyecto también establece que el Defensor del Pueblo tendrá un cargo por cuatro años, y que será escogido “a partir de la propuesta elevada por la fuerza política
que resultara electa en segundo lugar en las elecciones generales donde se vote para el cargo de intendente”; es decir, se quitaría la participación de las organizaciones intermedias en la
decisión final. En tanto se mantendrían las mismas funciones y atribuciones del cargo.
Si bien el proyecto todavía no empezó a ser debatido, sectores del oficialismo acompañarían la propuesta, mientras que en Acción Marplatense pondrían reparos por ser los impulsores
de la ampliación de la Defensoría en su momento. Por su parte, el Frente de Todos todavía no tiene una postura clara.
"Nosotros no somos auditores"
“El espíritu de la Defensoría es la defensa de los intereses de los vecinos. Nosotros no somos auditores, como plantea el proyecto de Carrancio”, se defiende Barragán, en diálogo con La Tecla. Agrega que “si los defensores son elegidos por la segunda
fuerza más votada, van a estar obligados a representar la visión e intereses de
ese partido”.
En la misma línea, Rizzi dice: “Sería imposible abordar todas las problemáticas
con un solo defensor”. Además, sostiene que la Defensoría de Mar del Plata es
“la más chica del país”, con solo siete empleados administrativos, y que el proyecto en
cuestión significaría “una partidización” de sus funciones.
Por su parte, Salomón saca pecho por el accionar del organismo durante la pandemia.
“Fuimos la única oficina administrativa del Municipio que estuvo abierta cuando estaba todo cerrado. Acá estábamos nosotros, tratando de brindar soluciones”,
destaca.
Los números de la Defensoría
De acuerdo a la Rendición de Cuentas 2021, la Defensoría tuvo una sobreejecución
del 117%. Si bien inicialmente contaba con un crédito de $18.899.470,79, con las modificaciones presupuestarias la cifra ascendió a $19.983.874,79. Y se devengaron gastos
por $23.453.680,88. El desembolso en personal fue la principal causa de las erogaciones: $23.452.680,88.
En 2022 el área dispone de $33.308.660, un incremento interanual del 76,24%.
No obstante, los defensores cuestionan el recorte sufrido en 2021: pasaron de $24.374.771,22 en 2020 a $18.899.470,79, una baja del 22,46% en términos nominales. A ello se le
debe añadir la incidencia de la inflación, que fue del 50,9% el año pasado.
El conflicto con la abogada
La tensión entre el Concejo Deliberante y la Defensoría llegó a la Justicia marplatense
tras la decisión de Ariel Martínez Bordaisco -presidente del HCD hasta diciembre pasado- de recortar el módulo de Sandra Cavalucci, abogada del organismo, de 45 a 35 horas semanales.
Los defensores elevaron una nota a Bordaisco para que diera marcha atrás, sin resultados.
Ante la falta de acuerdo, Cavalucci presentó, en agosto del año pasado, una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 para anular la decisión del actual senador provincial. También elevó un reclamo por daños y perjuicios sufridos.
Por el momento se aguarda la sentencia del juez Simón Isacch respecto al conflicto en cuestión.
La suspensión que sufrió Salomón a fines de 2020
En noviembre de 2020, el Concejo Deliberante suspendió a Luis Salomón hasta el final de ese año -sin goce de sueldo- por haber irrumpido en un operativo de Inspección General y agredir a efectivos policiales en el marco de la clausura de un comercio
de un familiar suyo. El funcionario reconoció ante los ediles haber gritado y proferido insultos durante el episodio que generó la sanción, ocurrido el 17 de abril de dicho
año.
No obstante, negó acciones de mayor virulencia contra los agentes de seguridad. La Coalición Cívica votó en contra del castigo: quería un año de suspensión.
|
