16 de febrero de 2026
VICENTE LOPEZ
Loteos, amnistias y más olor a negocios
La intendenta Soledad Martínez quedó en la mira opositora por el cierre de una línea de colectivos gratuita, la cesión dudosa de un predio a un privado y el visto bueno a desarrollos inmobiliarios
Para los críticos de la gestión de Soledad Martínez, el cierre de una línea de colectivos gratuita, la prórroga de la cesión de un predio a un exclusivo colegio privado y una “amnistía” a desarrollos irregulares tienen el mismo signo: en Vicente López, los negocios están primero.
La línea de colectivos es (o era) el Transporte Bicentenario, un esquema pionero que funcionó durante quince años y que no tiene parangón en el resto de la provincia de Buenos Aires. Se trataba de una línea gratuita que conectaba la zona oeste del distrito, donde están los barrios de clase media y media baja, con la zona este, la que da al Río de la Plata, donde se encuentran los terrenos de mayor valor y los barrios de mayor poder adquisitivo. Todos los días se subían a esos colectivos vecinos de distrito que iban a la escuela o a un hospital y sobre todo jubilados y jubiladas que viajaban hacia el Centro Recreativo para Adultos Mayores Activos (CRAMA), ubicado en el este. Un bonus del Transporte Bicentenario: en una destacable política de inclusión, todas las unidades eran conducidas por mujeres.
A fines de este mes, en una decisión sorpresiva para muchos, la intendenta decidió dar de baja por completo el servicio, debido a su alto costo. A las protestas por la afectación a los jubilados que confiaban en el servicio gratuito para ir al CRAMA se sumó la sospecha de que lo que se buscaba era, más bien, cerrar el propio centro, instalado en la zona ribereña, y venderlo.
Fuentes del municipio niegan enfáticamente que esa sea la intención. “Eso es una pavada sin fundamento”, dijeron ante la consulta de La Tecla. “El año pasado hicimos una fuerte inversión para mejorar las instalaciones del Centro. Por supuesto que no estamos pensando en cerrarlo.”
La concejal peronista Laura Braiza, que viene denunciando hace tiempo lo que considera una inclinación de la gestión de Martínez (y de la de su antecesor, el hoy jefe de gobierno porteño Jorge Macri) hacia la facilitación de negocios inmobiliarios por sobre consideraciones sociales y ambientales, afirma que, aunque no hay base alguna para pensar que la comuna quiera disponer del CRAMA, no le extraña que haya surgido ese recelo entre los jubilados que lo utilizan.
“Lo que ocurre es que en Vicente López el fantasma del negocio inmobiliario siempre aparece”, explicó Braiza. “La preocupación de los vecinos es que se quiera subdividir el terreno, que está frente al río, en una zona muy atractiva. El terreno en el que funcionaba la terminal del Transporte Bicentenario también está en discusión. Se había previsto construir viviendas en ese lugar.”
¿Qué pasará con la terminal, ahora que está inactiva? Fuentes de la comuna dijeron a esta revista que ese predio aún no tiene un destino definido, como tampoco lo tienen los vehículos. En cuanto a las conductoras, aseguraron que ninguna perderá su trabajo: serán asignadas a distintas dependencias municipales.
Periódicamente surgen en Vicente López críticas y advertencias tanto de la oposición como de vecinos movilizados ante la amenaza o la continuidad de cesiones del patrimonio público y la autorización de construcciones por vía de excepción, saltándose las normas urbanísticas para permitir la concreción de emprendimientos de alto valor.
En las últimas semanas hubo dos cuestiones que hicieron saltar las alarmas en ese sentido. Una fue la prórroga por tres décadas de la cesión de un terreno en la zona premium a un colegio privado exclusivo. La otra, la aprobación de una ordenanza que regulariza en bloque una serie de construcciones irregulares y que, según la oposición, tiene por objetivo dar el visto bueno a emprendimientos que no respetan las normas de ordenamiento urbano.
“No es una amnistía para los vecinos: es una vía rápida para emprendimientos inmobiliarios”, dijo Braiza durante la sesión en la que se trató el proyecto de ordenanza, junto al propio presupuesto municipal para este año.
El bloque peronista presentó un dictamen de minoría para dejar claro su desacuerdo con lo que, según entendían los concejales, abría la puerta a excepciones para grandes proyectos que iban mucho más allá de una construcción no declarada en una vivienda familiar.
“Esto no es la pieza del hijo o el local en el garage. Esto son desarrollos inmobiliarios en terrenos de 8×20”, argumentó Braiza en referencia a la autorización para incluir construcciones en propiedad horizontal con hasta seis unidades funcionales. “En el Concejo Deliberante había más de 600 expedientes presentados por vecinos de a pie para regularizar construcciones no declaradas en sus viviendas. Nunca les respondieron. Ahora lanzan esta amnistía sin control”, cuestionó Braiza en diálogo con La Tecla. “Bajo el argumento de regularizar la situación de los vecinos comunes habilitan un montón de situaciones que no conocemos. Mi abuela decía: Si querés esconder un elefante en la 9 de Julio, tenés que llenar la 9 de Julio de elefantes.”
PERSONAS Y DINERO
Una decisión resistida y la discusión por los números
El argumento del municipio para dar de baja el Transporte Bicentenario es que costaba demasiado dinero y beneficiaba a poca gente. Más concretamente, desde la comuna afirman que mantener la línea operando costaba 2300 millones de pesos anuales y sólo la utilizaban unas 600 personas, algunas de ellas provenientes de fuera de Vicente López. “No es justo que estemos financiando el viaje de personas de otros distritos con las tasas que pagan nuestros vecinos”, dijo un vocero.
Desde la oposición cuestionan los tres puntos del argumento. Señalan que la partida presupuestaria alcanza a sólo 130 millones (desde el municipio dicen que el guarismo no considera el costo de mantenimiento de las unidades) y afirman que el servicio era usado por muchas más personas. También descreen de la versión de que vecinos de otros partidos se trasladaran en cantidades significativas a Vicente López para hacer uso de ese colectivo.
EL PREDIO DEL LINCOLN
Una prórroga por treinta años a pesar de las protestas
En diciembre último, y a pesar del rechazo opositor, el Concejo Deliberante vicentelopense prorrogó por treinta años la cesión a un exclusivo colegio privado, la Asociación Escuelas Lincoln, de un predio costero en La Lucila, en el se instaló un campo deportivo. A cambio, la comuna recibirá 4,5 millones de dólares. La movida fue fuertemente criticada por vecinos que venían reclamando que ese terreno fuera recuperado para uso público y que se utilizara para ampliar el parque y la reserva ecológica existentes en la zona.
Desde la Agrupación Movida Ambiental dijeron que la prórroga de la cesión, vigente desde 1993, “fue firmada a espaldas de los vecinos” y calificaron como “irrisoria” la suma requerida. Esos 4,5 son “una verdadera ganga para un colegio de élite”, señalaron. Para peor, la Asociación realizó obras que “causaron enormes daños al ambiente, a la ribera natural, los humedales y su biodiversidad”, objetaron. Un ribete irónico del asunto es que el dinero obtenido sería destinado al centro de actividades para jubilados que ahora está en el centro del debate por el cierre de la línea municipal de ómnibus gratuitos. “La entrega del predio del Lincoln tenía como argumento que con esos 4,5 millones de dólares se financiaba la remodelación del CRAMA. Ahora no sabemos qué va a pasar con el CRAMA”, dijo a La Tecla la concejal opositora Laura Braiza.
CIRCULO MILITAR
Frente a la Quinta de Olivos, la polémica está servida
La aprobación de una ordenanza que autorizaba emprendimientos comerciales, como un hotel y un polo gastronómico, en el ex Palacio Paz, sede del Círculo Militar, ubicado frente a la Quinta de Olivos, es uno de los ejemplos más resonantes de la inclinación de la gestión municipal a flexibilizar las reglas para permitir negocios privados. Sancionada en diciembre de 2023, en la última sesión antes del recambio en la composición del Concejo Deliberante, la norma desafiaba la posición de grupos de vecinos que criticaban la medida, ya que las condiciones de la donación del predio por parte del Estado nacional impedían el uso comercial del lujoso inmueble.
No fue el primero ni el único caso que desató la controversia. Jorge Macri asumió la intendencia de Vicente López en 2011 con la promesa de acabar con las excepciones a la normativa vigente para habilitar negocios inmobiliarios. Durante su gestión, por el contrario, los trámites de excepción aumentaron. Soledad Martínez, que llegó a la intendencia cuando Macri “saltó” a la ciudad de Buenos Aires, es blanco de críticas por el mismo motivo. “El municipio habilita torres sin freno. Barrios que pierden su identidad, alquileres carísimos y servicios que colapsan. Unos pocos hacen negocios y la mayoría pierde calidad de vida”, apuntaba Laura Braiza hace menos de un año.“El desarrollo urbano no puede ser decisión del negocio inmobiliario.”
ORDENANZA CON DISPUTA
“No nos estamos proponiendo regularizar cualquier cosa”
La aprobación de la Ordenanza de Regularización de Construcciones en el Concejo Deliberante renovó las críticas por la laxitud frente a los desarrollos inmobiliarios que empujan los límites de lo legal.
Desde el municipio rechazan que se trate de una “amnistía”, que es el término elegido por la oposición para definir la movida. “No estamos permitiendo regularizar cualquier cosa. El trámite requiere una evaluación”, resaltó un vocero de la comuna. “La iniciativa está pensada para quienes realizaron obras o mejoras ya finalizadas, como la incorporación de una pileta, la ampliación de un ambiente o modificaciones internas, que no coinciden con los planos originales aprobados”, informó el municipio. “El programa permite declarar esas construcciones no registradas e iniciar el trámite de manera 100% online, simple y ágil, a través del Portal de Trámites municipal.” “La ordenanza no habilita la regularización de cualquier construcción: los casos admisibles están definidos por límites, tolerancias y condiciones específicas detalladas en la normativa”, explica el comunicado del Ejecutivo. “De este modo, el municipio busca brindar una herramienta para que los vecinos puedan adecuar la documentación de sus viviendas a su realidad actual, acompañando los cambios en los proyectos de vida y promoviendo un ordenamiento urbano claro y transparente.”