Las tomas de tierras -“usurpaciones” para algunos y “recuperaciones” para otros- forman parte de uno de los grandes problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires. El acceso a la vivienda se ha convertido en un privi-legio para una pequeña porción de la población, mientras que para amplios sectores es casi una misión imposible. La pandemia de coronavirus profundizó el empeoramiento de las condiciones de vida, entre otros inconvenientes, y provocó un estallido del conflicto.
En medio de cruces entre oficialismo y oposición, el estado de situación en la actualidad muestra que todavía resta un largo camino por recorrer.
El dinamismo de la problemática complejiza tener un pormenorizado detalle del número real de ocupaciones de terrenos -tanto fiscales como privados-. Sin embargo, según fuentes ofi-
ciales consultadas por La Tecla, entre 2016 y 2021 se registraron un total de 78 casos que se encuentran judicializados en todo el territorio bonaerense.
Asimismo, del total de ese número señalado, 48 procesos se encuentran en el Conurbano y los restantes 30, en el interior. De esta manera se compone el panorama que indica solamente dónde interviene el Poder Judicial en una provincia que tiene una superficie de 307.571 Km² y más de 17 millones de habitantes.
“Estos últimos dos años, desde algunos medios de comunicación han intentado promover que es un descontrol, pero cuando uno mira los casos judicializados hubo 62 entre 2016 y 2019 y 16 durante la gestión del Frente de Todos”, detallaron a este medio desde el Gobierno bonaerense, y, por supuesto, la grieta aparece con un claro señalamiento hacia lo sucedido durante la administración de María Eugenia Vidal.
Mientras todavía permanece fresco en la memoria el desalojo producido en Guernica, ahora la atención se centró en La Plata. La capital bonaerense, además de estar en el podio de conflictos judiciales por tierras, posee la ocupación más grande de la PBA. El Municipio comandado por el intendente Julio Garro (PRO) tiene profundas diferencias con la forma de in-tervención que despliega el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Este nuevo “caso testigo” no solo da cuenta de la problemática que existe para acceder a un derecho básico, sino también muestra las tensiones que emergen a la hora de buscar una salida al respecto.
Las diferencias políticas entre el Gobierno y la oposición también forman parte del cúmulo de elementos que complejizan todavía más un problema estructural que requiere una respuesta integral.
DATOS ALARMANTES
La villas y asentamientos reúnen a miles de familias bonaerenses
El mapa de hábitat precario en el territorio de la Provincia también se compone de villas y asentamientos. En ese aspecto, a diciembre de 2021, según datos relevados por organismos del Gobierno bonaerense, existían alrededor de 2.506 barrios populares
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Del total, 1.809 están inscriptos en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de la provincia de Buenos Aires. El resto se en-cuentra en proceso de relevamiento de información.
Asimismo, la población que vive en estos sectores es de 454.569 habitantes, en una superficie total de 17.413,6 hectáreas. Esto implica una densidad promedio de 26 personas por hectárea.
Por ubicación relativa, en el Conurbano hay en el primer cordón 463 barrios (193.595 familias); en el segundo, 613 (148.475); y en el tercero, 387 (77.207). En tanto, en el interior existen 346 barrios, con 35.292 grupos familiares.
LAS MULTIPLES CAUSAS
“Los problemas estructurales no se solucionan inmediatamente”
El subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, dialogó con La Tecla sobre las causas de la falta de tierra y vivienda. Al mismo tiempo lanzó críticas hacia la gestión del Gobierno anterior y cuestionó a quienes especulan en el mercado inmobiliario en la Provincia.
Al respecto aseguró que “el proceso de desindustrialización que se produjo en los cuatro año de gobierno de Macri y Vidal agravó la desocupación. Eso causa empobrecimiento. El 20 por ciento de la población de la Provincia alquila, muchas familias empiezan a quedar excluidas del sistema, se empiezan a desplazar, se produce una situación de hacinamiento, y
todo eso dispara iniciativas para tomar tierras”.
Más adelante, en torno a la forma de abordar la situación conflictiva desde el Estado bonaerense, Pascolini sostuvo que “el propio Gober-nador lo ha reconocido, el Estado no ha producido sufi-ciente suelo accesible, y no solamente para sectores po-pulares, tampoco para la clase media”.
Ante las exigencias de respuestas por parte de quienes no pueden acceder a soluciones habitacionales expresó que “los problemas estructurales no se solucionan inmediatamente, lleva tiempo, hay que intervenir en un mercado que es oscuro. En eso está la Provincia”.
Finalmente, el funcionario del Minis-terio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque, afirmó que “el mercado del suelo es muy especulativo, los alquileres cada vez están más altos, los salarios más bajos y el mercado dolarizado“.
GRIETA POR LA TIERRA
Polémica: Provincia y el Municipio platense se sacan chispas
Más de 2.500 familias se encuentran en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos (La Plata), luego de su ocupación en febrero de 2020. En plena pandemia, en el comienzo del conflicto intervinieron el Gobierno bonaerense (FdT) y el municipal (Juntos). No obstante, tiempo después comenzaron los cruces y las acusaciones. Mientras la Provincia plantea avanzar con un plan de urbanización, la Comuna solicitó la intervención de la Justicia Federal para demoler casas construidas en una zona agroecológica atravesadas por cuencas en zona inundable. Por ahora, ni siquiera dialogan formalmente.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad señalaron a La Tecla que “no queremos pelearnos con la Mu-nicipalidad, queremos sentarnos en una mesa, trabajar en conjunto. Esto necesita mucho de la presencia del Estado nacional, provincial y municipal”.
Entonces, aseguraron: “La Muni-cipalidad tiene que hacerse cargo de los sectores más pobres de la población, no gobierna un distrito suizo, gobierna una de las ciudades con más pobreza del país”.
Por su parte, María Botta, secretaria de Planeamiento Urbano de La Plata, indicó a este medio que “la Provincia no respetó el acuerdo del censo familiar que se hizo y hubo inacción frente a la ocupación en zonas inundables. El intendente dijo ‘hasta acá llegamos’, y ahora vamos por la vía legal”. Agregó la funcionaria: “Tenemos dife-rentes miradas de cómo resolverlo, hay que apuntar a la vía legal; no podemos habilitar delitos, preferimos generar empleo para la gente”.
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