Y al final, no hubo delito. Así lo determinó la UFI 3 de La Plata, a cargo del Doctor Marcelo Martini. Por ende, para alegría del Ejecutivo de Magdalena que lidera Gonzalo Peluso, se procedió al archivo de la causa que tanto revuelo había generado en su momento, al menos a nivel local.
El origen. Un vecino de Magdalena llamado Ramón Albornoz, que además es presidente del club Villa Garibaldi, se presentó ante la Justicia y denunció penalmente a un funcionario de la Asesoría letrada, luego que este le cobrara honorarios tras "ayudarlo" a cancelar una deuda por tasas de un inmueble rural.
El funcionario en cuestión es Leandro Irazu, quien ese entonces se desempeñaba como concejal por el oficialismo. La causa, que tramitó en el juzgado platense que conduce Federico Atencio, era por exacciones ilegales, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero como se dijo antes, nada de eso ocurrió. Al menos, no hay pruebas.
"Que analizado lo actuado no se encuentran reunidos elementos que permitan acreditar la existencia de los delitos denunciados, toda vez que el convenio fue realizado en el marco de las facultades que le fueron conferidas por el Municipio; no hubo perjuicio para ninguna de las partes", señala la resolución de la fiscalía.
Y agrega: "Y a todo evento, de entenderse que hubo un actuar incorrecto por parte del encartado -el que entiendo no reviste entidad para considerar acreditado el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público- debiera sancionarse por la vía administrativa pertinente".
Irazu, que en principio había optado por el silencio -según el mismo comentó a este medio debido a que no había sido notificado oficialmente-, y además de aclarar la situación y desmentir parte de lo denunciado por Albornoz, se encargó de realizar también una presentación judicial, en este caso por daños y perjuicios.
"El (por Albornoz) me depositó en una cuenta personal de la que yo le declaré un CBU. Tengo que aclarar también que tenía la posibilidad de cobrar esos honorarios en mano o cobrado con un CBU como lo hice en cualquier otra cuenta. Siempre y cuando, obviamente, yo le emita la factura correspondiente, que así fue", indicó a manera de defensa.
¿Puede entonces un funcionario de la Asesoría Letrada cobrar honorarios para realizar un trámite en el municipio? Y aquí viene la parte más técnica del asunto. "La denuncia penal es por cobro indebido de honorarios, lo cual es un disparate porque todos los abogados apoderados de los municipios tienen la posibilidad de cobrar los honorarios correspondientes, según la Ley 8838 artículo 1", agregaba el funcionario.
EL COMIENZO DEL DILEMA
Según publicó el semanario El Tribuno, todo comenzó en marzo de 2020, cuando el integrante de la gestión Peluso citó al denunciante en su despacho para que -como se dijo- regularice una deuda de tasas por inmuebles rurales de su propiedad.
Albornoz relató que Irazu le ofreció que cancelara su deuda en cuotas. El hombre aceptó gustoso, y ahí venía la sorpresa que llevó a la presentación judicial. El funcionario le informó que debía abonarle unos 14.800 pesos en concepto de honorarios. Y le pasó el número de CBU para realizar el depósito.
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