La multiplicación de casos positivos de COVID en la Argentina volvió a poner en el centro de la agenda pública a la pandemia y, con ella, las restricciones posibles para evitar un colapso sanitario. Como en 2020, la discusión giró en torno a la posibilidad de priorizar la salud por sobre la economía y en qué medida eso era posible, o si realmente existía posibilidad de escisión entre ambas. Como atenuante, avanzó en los últimos meses la campaña de vacunación que permitió inmunizar un buen porcentaje de la población.
En la Patagonia, como suele suceder, los efectos de la llamada “segunda ola” de coronavirus están comenzando a verse por estos días. Cuando el Presidente de la Nación Alberto Fernández anunció la suspensión de clases para el AMBA y una reducción horaria para los comercios, en el sur no replicaron esas limitaciones por gozar de un panorama más despejado.
Sin embargo, en las últimas semanas algunos Municipios patagónicos se pintaron de rojo y entraron dentro de la calificación de las autoridades sanitarias como “de riesgo”. A ello se sumó la exigencia del sistema de salud en las grandes localidades y la aparición de cuarentenas focalizadas, como en el caso de Bariloche, donde el Ejecutivo provincial suspendió clases presenciales y limitó actividades.
En paralelo, el Gobierno nacional extendió las medidas preventivas para las zonas de mayor contagio hasta el 21 de mayo, y promovió una iniciativa para que mediante un ley, el Congreso de la Nación faculte al Ejecutivo de definir los alcances de las restricciones y evite la judicialización de las medidas, como sucedió con la Ciudad de Buenos Aires.
Temor al cierre
Por ahora, los gobernadores de las provincias del sur se vienen manejando mediante el consenso con los Intendentes. Si bien la decisión final queda en manos de cada Ejecutivo provincial, hay una margen para la consulta de cada caso y la adaptación de medidas acordes a la realidad económica, social y sanitaria de los distintos Municipios.
Pese a ello, el temor por un nuevo “cierre total” está latente, siempre y cuando la curva de contagios no descienda y genere una mayor demanda al sistema de salud, con números más elevados a los alcanzados el año anterior. También allí se mide el humor social y la capacidad de dictar medidas que la sociedad esté dispuesta a cumplir, más allá de su utilidad.
Por lo pronto, los Intendentes se dividen entre los que no están dispuestos a volver a una hipotética fase 0, ya que consideran que no hay un riesgo alto en sus localidades por las condiciones socioeconómicas de su comunidad, y los esperan con ansias delegar la decisiones más “antipáticas” en los Gobiernos centrales, así logran donde apoyarse ante sus vecinos para decretar cierres temporales.
En el mismo sentido, existe una división entre los grandes conglomerados urbanos y las pequeñas poblaciones. Allí también las posturas son disimiles, ya que en las urbes los Gobiernos son más propensos al cierre total por un lapso de tiempo determinado, mientras que en el pago chico hay reticencia a un nuevo confinamiento.
La decisión final será política, y dependerá no solo de la realidad epidemiológica, uno de los principales factores, sino del termómetro social que permita ir hacia atrás o adelante en las nuevas medidas restrictivas. Mientras tanto, cada uno sienta postura y anticipa su mirada sobre el escenario que se viene.
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