NOTA DE GRAFICA
18/03
Suspenso por la continuidad de las tomas
Vence el plazo que se le impuso a la Justicia para ordenar desalojos. Hay más de 60 ocupaciones judicializadas en la Provincia, y la mitad podría entrar en conflicto el mes que viene. Mientras, el Gobierno avanza en el relevamiento de terrenos para viviendas
El 31 de marzo vence el plazo que, por ley, la provincia de Buenos Aires estableció para suspender las ejecuciones inmobiliarias y los desalojos durante la pandemia por coronavirus, y los juzgados que tramitan causas por intrusiones de terrenos podrán accionar y solicitar el vaciamiento de los mismos. 

De acuerdo a datos suministrados por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, hay 63 tomas judicializadas en el territorio bonaerense, a las que deben sumarse otras que no están dentro del proceso jurídico. En la entrevista concedida a La Tecla el 26 de enero, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dijo que había alrededor de cien tomas, y que “algunas venían del 2019, otras se desarrollaron el año pasado, y la mayoría son muy pequeñas”. 

Una problemática que lleva muchos años, pero fue crudamente visibilizada cuando en julio de 2020 un predio privado en Guernica, partido de Presidente Perón, fue ocupado por unas 2.000 familias. Tras postergar varias veces el desalojo por la fuerza, el Gobierno logró frenar el conflicto. Mientras tanto, en decenas de terrenos intrusados se esperan respuestas: por un lado los propietarios exigen el desalojo; por el otro, esperan soluciones los necesitados de un lugar para vivir. 

La caducidad de la ley 15.193 (ver aparte), le pone un signo de interrogación a cómo se resolverán esos conflictos. Sin especificar cuáles son, desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que en casi la mitad de las causas judicializadas es factible que en abril se ordene el fin de la ocupación por la fuerza. 


Desalojo de Guernica

La situación es seguida de cerca desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde guardan con celo información sobre el asunto porque “es un tema complejo y dinámico, e incluso algunas de la tomas judicializadas ya están resueltas pero el expediente no se ha cerrado”. También preocupa a los intendentes de los distritos donde está el conflicto. 

Desde el Gobierno aseguran que después de muchos años se ha comenzado a buscar una solución a largo plazo, aunque los tiempos de ese trabajo son mayores a las urgencias. Un primer paso para esa solución es encontrar terrenos urbanizables. De hecho, muchos asentamientos comienzan a crecer en zonas donde la urbanización no es recomendada. 

La Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, dependiente del ministerio de Gobierno, es la encargada de identificar terrenos estatales o privadas para avanzar con los planes de viviendas. “Hace 20 años que no se hace un trabajo de ordenamiento de suelos, sin que hubiera una acción de gobierno para propiciar el ordenamiento del suelo, porque el tema tierras estaba dividido en ocho áreas de gobierno. Ahora, mi tarea es coordinar el funcionamiento del trámite con todas las áreas involucradas”, aseguró la ministra Teresa García. 

También el 31 de marzo vence la convocatoria, realizada por la resolución 650, en la que se insta a los barrios privados fuera de regla a que regularicen su situación. En la primera convocatoria, que viene desde el gobierno deVidal y fue modificada por la gestión Kicillof, se anotaron 97 countries. Se espera un éxito similar en esta segunda etapa, “porque hay barrios que están hace 15 años y no fueron puestos en norma”, comentó García. Es una apuesta para conseguir los terrenos que hacen falta y evitar más conflictos por la creciente demanda habitacional. 

Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad, durante una entrevista en Cadena Río dijo que “el gobierno provincial siempre reconoció la problemática del hábitat y de la vivienda, por eso el año pasado se anunció el Plan Bonaerense de Hábitat, Tierra y Vivienda, con el compromiso de generar 85.000 terrenos durante toda la gestión y hacer más de 50 mil viviendas”. Agregó que “se está trabajando en la generación de terrenos, que en una primera etapa serán unos mil quinientos, y se sigue con la generación de módulos habitacionales”. 

Mientras tanto, un manto de suspenso cubre a las más de sesenta tomas judicializadas que desde el primero de abril quedan a disposición de resoluciones judiciales de desalojo, y que vuelven a poner a prueba la sensibilidad de la política y de lo que ella se espera.



Axel Kicillof y Teresa García


Por la pandemia
La ley que le puso un freno a los desalojos ordenados por la Justicia

El 27 de mayo de 2020, el Ejecutivo promulgó la ley 15.172, que suspendió las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, hasta el 30 de septiembre del mismo año, en el marco de la emergencia por la pandemia. La prohibición incluyó los desalojos de inmuebles intrusados. Antes de la caducidad de la norma se produjo el conflicto de Guernica, donde el 20 de julio alrededor de 2.000 familias ocuparon un predio de más de cien hectáreas. La intervención judicial y la participación de actores políticos mediatizaron el conflicto y pusieron en la vidriera una vieja problemática. En medio de la férrea cuarentena, antes del 30 de septiembre, la Legislatura aprobó la ley 15.193, que modificó la 15.172 y extendió el plazo de las suspensiones hasta el 31 de marzo de 2021. Pero, para evitar nuevos Guernica, se incluyó el artículo 7 bis, con el siguiente texto: “Quedan excluidos expresamente de las suspensiones dispuestas los procesos de desalojo, interdictos y/o lanzamientos dispuestos en caso de ocupaciones, usurpaciones y/o tomas colectivas de inmuebles, cualquiera fuere su naturaleza, siempre que las mismas se hubiesen producido con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 132/2020”. El mencionado decreto, que estableció la emergencia sanitaria en la Provincia, fue publicado en el Boletín Oficial el 12 de marzo. Por lo tanto, desde septiembre pudieron ser desalojados de manera judicial todos los inmuebles usurpados después de esa fecha, pero no los que estaban ocupados de antes, que son la gran mayoría de los que desde Semana Santa quedarán a merced de las decisiones judiciales.

Teresa García
“Trabajamos aceleradamente para normalizar el uso del suelo”

Tras el suceso de Guernica, se creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, bajo la órbita del ministerio de Gobierno. La titular de la cartera, Teresa García, aseguró que desde el Ejecutivo “trabajamos aceleradamente para normalizar el uso del suelo en la Provincia, tanto a manos de sectores privados, como lo que significa la tierra fiscal provincial o municipal”. Dijo que la tarea se desarrolla en cuatro ejes. “Uno es la identificación de la tierra fiscal provincial que no tenía registración. Incluso, en los últimos 20 años hubo pérdida de la tierra fiscal provincial. Lo primero que hicimos fue detectarla y ordenarla en un mapa digitalizado”, subrayó García. “El segundo tema es que abrimos un registro de la tierra fiscal del Delta, porque ahí no solamente había desaparición de terrenos a manos de no se sabe quién, sino que había un problema muy serio con emprendimientos productivos, sobre todo forestales, que hacía 20 años que no pagaban canon. Se hizo un trabajo de ocho meses, se armaron los expedientes y se los convocó para el pago del canon atrasado”. Respecto al tercer tema abordado, García comentó que se están “empadronando todos los barrios cerrados que no estaban en norma. Y con la subdivisión se produce el hecho generador de la sesión de tierras por la ley 14.449 (que establece que los countries deben ceder el 10 por ciento del terreno a los municipios)”. Al respecto se opera en distritos como Pilar, Escobar, San Vicente, Presidente Perón, Almirante Brown, Tigre y Lomas de Zamora, entre otros. “La última pata del trabajo es normalizar los códigos urbanos de los municipios y las ordenanzas, porque hay algunas que están paradas desde hace cinco años en la Dirección de Ordenamiento, y debemos darle tratamiento y agilización, porque es lo que permite planificar la zonificación del territorio”, concluyó la ministra.


Toma de La Plata


La Plata, en la cima del ranking
Planeadores: “Hasta que el desalojo no se efectivice no urbanizaremos”

La Plata es el municipio con más tomas judicializadas en la Provincia. Al respecto, la secretaria de Planeamiento Urbano de la municipalidad, María Botta, contó que trabaja con distintas áreas, como Legales y Seguridad, para atender la problemática, y que se llevan adelante inspecciones periódicas para detectar si la situación se mantiene estable o empeora. “Las clasificamos como graves, medianas y leves, en función del tipo de ocupación, porque en algunas hay un par de arcos de fútbol y en otras hay 20 viviendas”, le dijo la funcionaria a La Tecla. Reiteró que “la más grave es la del predio de Planeadores (se denomina así al terreno ubicado entre las calles 76 a 85 y 149 a 155 donde funcionaba el Club de Planeadores), que empezó en febrero del año pasado y lamentablemente no se actuó como se debería haber actuado. Y ahora, desde hace aproximadamente un mes, han empezado construcciones con ladrillos”. Se realizó la denuncia penal “y a partir de ahí hicimos todo lo que podíamos, porque al ser un predio nacional no podíamos ingresar”, comentó Botta, quien insistió en que “en Planeadores actuamos como parte damnificada, pero no actuamos como en otros predios porque no es nuestro”. “Dentro de las ampliatorias de denuncias que hicimos presentamos una con un informe hídrico, porque hay zonas que están cruzadas por dos arroyos, por lo tanto no se pueden ocupar”, subrayó la funcionaria. Hay un proyecto de urbanización del terreno, pero “hasta que el desalojo no se efectivice no vamos a avanzar, porque de otra manera estaríamos siendo cómplices de todas las cosas que suceden adentro”, enfatizó. Desde la Provincia desmienten que el predio sea inundable e insisten en que avanzan con el plan de urbanización. Respecto a los otros espacios ocupados, la secretaria de Planeamiento Urbano de La Plata dijo que “en algunos se va avanzando con el desalojo, porque vamos siguiendo cada una de las tomas intentando que se produzca el desalojo. El problema es cuando no somos propietarios de la tierra, donde se depende del nivel estatal al que le compete” por ser dueño del terreno intrusado.