LA TECLA MAR DEL PLATA
24/11/2020
Playas: la pelea por el espacio público
Con la llegada de turistas crecen los reclamos de la ciudadanía por el cumplimiento del distanciamiento social en la costa. El avance de los privados sobre la arena, la principal controversia.

A una semana exacta del inicio oficial de la temporada de verano, los interrogantes no terminan de resolverse; y en este escenario, la situación de General Pueyrredon, epicentro del turismo bonaerense y nacional durante la época estival, adquiere mayor preponderancia.

Uno de los mayores focos de atención estará puesto sobre los 42 kilómetros de costa de la ciudad. Una gran extensión territorial de la cual usufructúan los balnearios privados, mediante concesiones otorgadas por el Municipio, y generan rispideces año tras año por la ocupación del espacio público; algo que, en un contexto de pandemia, se profundiza, teniendo en cuenta la necesidad de aplicar normas básicas de convivencia entre quienes concurren a la costa, como el distanciamiento social para prevenir contagios de COVID-19.

Esto desembocó, el domingo 15 de noviembre, en una protesta de la ONG “En Defensa de las Playas Públicas” en la zona del balneario Perla Norte. El planteo fue en reclamo por mayor espacio para la ciudadanía en el frente costero. Desde hace años, la organización ha denunciado la falta de obras en la ciudad, como el refulado de arena, que implica la extracción del material del fondo del mar para ser reubicado en la playa.

Mientras tanto, el agua sigue avanzando y achica el espacio disponible, con lugares en donde la marea llega incluso a la primera línea de sombrillas del sector privado.

Bajo estas premisas, la acción de fuerza se terminó desmadrando, ya que se sumaron diversas organizaciones políticas y sociales -algo más de 250 personas-, que terminaron generando destrozos en el balneario.  Se rompió un cerco que dividía laparte pública de la privada y se desmontaron decenas de carpas.

Sobre el hecho se expidieron tanto el Ejecutivo como el Concejo Deliberante. “Nosotros, en once meses de gestión no concesionamos ninguna Unidad Turística Fiscal (UTF). Todas fueron previas a la llegada de este gobierno”, se desligó, en primera instancia, el intendente Guillermo Montenegro, en declaraciones a radio De La Azotea.

“Si hay alguna denuncia concreta en la cual se tiene que verificar un exceso por parte de alguno de los concesionarios, será inspeccionado. Y en caso de que sea positivo será clausurado o multado”, agregó.

En tanto, desde el Legislativo salieron a repudiar la protesta en el balneario. “Mar del Plata cuenta con más de 1.500.000 metros cúbicos de arena, de los cuales apenas 500.000 se encuentran concesionados, y es el Ejecutivo municipal el que se encarga del control. Más de 1.000.000 de metros cúbicos de los 42 kilómetros del frente costero son playas públicas”, precisó Vilma Baragiola (UCR). Asimismo, los presidentes de bloque elaboraron un proyecto de resolución para exponer el “más enérgico repudio a los hechos de violencia producidos en las instalaciones del balneario Perla Norte”. Y plantearon que “el uso y explotación de las Unidades Turísticas Fiscales es ejercido legítimamente por los concesionarios dentro de los marcos normativos preestablecidos”.

En contrapartida, desde la sociedad civil se profundizaron los reclamos, con repercusión en el plano judicial. Desde la organización “La Casa del Trabajador” se presentó la semana pasada una medida cautelar ante el Juzgado de Garantías n.o 1 en la cual se exige que se reduzca el 30% de la ocupación del espacio sobre la arena concesionado por la Comuna al sector privado.

En la demanda se resalta la “inacción” del Ejecutivo municipal, por lo que se propone la intervención de la Justicia para que se reduzca el espacio cedido a los balnearios, “para prevenir mayores contagios, cuidar la salud pública, las fuentes de trabajo y cumplir con el distanciamiento social en las playas”.

Y se agrega: “El Estado municipal no adoptó medida alguna para controlar el cumplimiento y respeto de los pliegos de licitaciones por parte de los concesionarios, lo cual generó un gran malestar en la población, con la realización de acciones directas sobre balnearios”, en referencia al episodio en Perla Norte.

Protesta.


En consecuencia solicitaron a la Justicia que ordene “inspecciones” en las playas de la zona norte y centro de Mar del Plata –las que suelen ser las más concurridas- para verificar la ocupación de la costa y si se cumplen con las obligaciones presentes en los pliegos.

Entre los planteos se involucra también a Provincia. En la demanda elevada al magistrado Daniel De Marco se intimó a la Autoridad del Agua con la finalidad de que informe la extensión del  dominio público y/o demarcación de la línea de ribera de las playas de la ciudad. Por lo pronto, el juez ordenó al Municipio y al Ente Municipal de Turismo (Emtur) que fijen su posición frente al reclamo realizado.

En este marco, en plena discusión por la ocupación del espacio público, el Ejecutivo afina detalles para avanzar en la prevención para propiciar el cumplimiento del distanciamiento social, acatando los lineamientos bajados por las administraciones bonaerense y nacional.

Prevención: las disposiciones del Municipio y Provincia

Sin anuncios formales, el Ejecutivo municipal continúa delineando los preparativos para controlar el espacio público durante la temporada, más precisamente, en el sector playero. A pesar de la sugerencia inicial de Provincia de implementar pequeñas parcelas para favorecer el distanciamiento social entre la gente, el gobierno que conduce Guillermo Montenegro descartó esa posibilidad.

La intención pasará por fortalecer el control mediante personal municipal, voluntarios, la policía e incluso promotores de salud de la Cruz Roja y Scouts.

En tanto, el Gobierno provincial, si bien no elevó un protocolo concreto, lanzó una serie de recomendaciones a cumplir por los turistas y los municipios durante la próxima época estival.

A través de la Resolución Conjunta n.o 110/2020, firmada por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Producción, Augusto Costa, se estableció que los intendentes deberán firmar una autorización de la  habilitación del turismo que deberá ser presentada en Gobernación.

Asimismo, en la resolución se destaca la recomendación a los gobiernos municipales de “no exigir estudios por laboratorio (testeos) de personas sin síntomas de la enfermedad para permitir el  traslado o ingreso”, ya que puede existir un “resultado no concluyente”. Y también se pide prever la existencia de centros de aislamiento extrahospitalarios y la realización de fiscalización de protocolos en espacios abiertos y cerrados. Por último se recomienda a los turistas el uso de tapabocas, lavado de manos y respetar el distanciamiento mínimo de dos metros en espacios comunes.

 

Citarán a la ONG que convocó a la manifestación

La protesta llevada a cabo en Perla Norte tiene otro capítulo judicial. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción n.o 4, Andrea Gómez, confirmó que citará a la ONG “En Defensa de las Playas Públicas”, la convocante a la manifestación que culminó con incidentes en el balneario “Perla Norte”.

De todos modos, la letrada precisó que la organización nunca “había generado hechos de  violencia”. Además reconoció que por los incidentes en el lugar, dada la cantidad de personas, se determinó no hacer intervenir a la policía.

 

El repudio de Scremin

El titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Federico Scremin, salió a repudiar los hechos ocurridos el domingo 15 de noviembre. “Cualquier reclamo es válido, siempre que sea en un  marco democrático. Creemos que existen otras vías y modos para realizar manifestaciones, por eso repudiamos de plano estas acciones violentas”, aseguró.

Por otro lado sugirió que todos los marplatenses estén unidos para “cuidar el trabajo local”, y que las “manifestaciones y reclamos son válidos siempre y cuando no se elijan formas violentas”.



Federico Scremin, presidente del Emtur

 

La situación en el balneario Playa Grande

El gobierno municipal acordó con el Consorcio Portuario trasladar una gran cantidad de arena para cumplir con el espacio libre destinado a la playa pública. Los trabajos serán financiados por los privados.

En la última semana, el Municipio comenzó a trasladar arena desde el Paseo Peatonal Sur -construido a fines de 2018-, perteneciente a la Reserva Natural del Puerto, al balneario Playa Grande, uno de los más concurridos por los turistas cada año.

Con el antecedente cercano del conflicto en Perla Norte y los reclamos generalizados, la intención es garantizar los metros cuadrados libres destinados a la playa pública. La medida se da tras un acuerdo entre la Comuna, que había iniciado gestiones en marzo pero las mismas se habían visto interrumpidas por la llegada de la pandemia, y el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. En el puerto, debido a la acción del viento, se acumuló una gran cantidad de arena, por lo cual, esta comenzó a ser removida y trasladada en un trabajo coordinado por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial), presidido por Mariano Bowden.

De esta forma -según plantearon las autoridades- se recuperará parte del espacio público perdido ante la acción del mar y el diseño del puerto, y, a la vez, se podrá recobrar el tránsito por el Paseo Peatonal Sur, el cual permite el ingreso de visitantes a las playas públicas en el sector sur de la ciudad. En principio, los trabajos serán financiados por el sector privado: concretamente, por los empresarios del Consorcio de Playa Grande.

La polémica se replica en las playas del sur

El sur, también existe en la discusión por el espacio público. Se estima que en la ciudad, el 80% del frente costero tiene ocupación de concesionarios privados, según la ONG “En Defensa de las Playas Públicas”. En este sector emergen lugares como Punta Mogotes, de administración  provincial, o las playas pasando el Faro, proclives a construcciones ilegales sobre la arena, tala de árboles e incluso contaminación por la celebración de fiestas al aire libre.


Punta Mogotes

Otra UTF que está en la mira

En la playa Sun Rider, ubicada al norte de la ciudad, el Emtur frenó las obras para la instalación de un “chiringo” en la parte pública, ya que los permisionarios no tenían autorización. El balneario es administrado por la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales desde hace 15 años, y renovó la concesión por última vez en 2015, por un plazo de un lustro. Ante la construcción irregular, desde la oposición pidieron al Ejecutivo que informe respecto de la situación del permiso vigente y los controles realizados a la UTF.

La visión del Colegio de Arquitectos

Desde la entidad cuestionaron las obras de privados en los balnearios, ya que reducen el lugar para respetar el distanciamiento social. “El recurso crítico no serán las camas de hospedaje, sino el espacio público”, resaltaron.

Días antes de la manifestación en Perla Norte, desde el Colegio de Arquitectos Distrito IX, también se cuestionó la situación del espacio público en la costa marplatense ante la llegada de una nueva temporada de verano.

La entidad, presidida por Eduardo Agüero, mostró su preocupación por las obras que se vienen realizando en el frente playero. “La próxima temporada estival nos enfrentará con una situación atípica y desconocida. La necesidad de distanciamiento interpersonal exigido por las condiciones sanitarias imperantes interpela a los gobiernos locales a tomar todas las medidas necesarias para disponer la mayor cantidad posible de espacio al aire libre”, indicaron.

En este sentido enfatizaron que en las ciudades costeras, “el recurso crítico no serán las camas de hospedaje, sino el espacio de uso público”.

La entidad refirió que se registraron “incumplimientos en algunos sectores de la costa en cuanto al manejo exigido de la arena, o algunas obras civiles tendientes a minimizar el espacio natural y de acceso irrestricto en otras áreas”. Por lo que las autoridades municipales “deben estar más atentas  que nunca a estas problemáticas en las condiciones que impone la situación actual”. Por último señalaron que en Mar del Plata existen “construcciones de dudosa legalidad”, además de “concesiones y permisos para promociones, publicidad u otras actividades