NOTA DE GRAFICA
16/11/2020
Cárceles, a debate: las nuevas rejas de la discordia
El plan bonaerense para construir centros de reclusión divide a los intendentes. También evidencia rechazo vecinal, cuando reclama más seguridad. Para los jefes comunales es todo un dilema
Mientras el AMBA y otras zonas recuperan cierta actividad, las encuestas vuelven a poner a la inseguridad en el ojo de la tormenta, siendo una de las mayores preocupaciones para buena parte de la sociedad. 

En este marco, el Ministerio de Justicia bonaerense, que comanda Julio Alak, avanzó en un ambicioso plan para construir cárceles y alcaidías en territorio provincial; algunas en el Conurbano y otras en el interior. 

La propuesta, que cuenta ya con aprobación de la Cámara de Diputados (fue girada al Senado para ser convertida en ley), se puso en marcha con el OK para declarar de utilidad pública y expropiar seis predios en cinco distritos: Quilmes, Tigre, Moreno, La Matanza y Merlo. Además de una polémica iniciativa para levantar muros en municipios del corredor de la ruta 6. 

¿Los objetivos? Acercar el lugar de reclusión de los detenidos a sus familias y descomprimir la explosiva superpoblación en centros de detención y –especialmente las comisarías. Todo, en el marco del denominado “Plan de Infraestructura Penitenciaria”, que contempla levantar 30 alcaidías y 8 unidades penitenciarias a lo largo de diez años, para lo cual, los jefes comunales deberán buscar terrenos de, al menos, dos hectáreas para emplazarlas. 

El primer paso incluirá seis alcaidías en los distritos del Conurbano mencionados, con capacidad para 300 personas cada una. Y allí surge el primer “pero” que han puesto algunos intendentes. “No tenemos terrenos disponibles”, sostuvo uno de ellos, por lo que la alternativa de la expropiación a privados surge en el horizonte. 

La aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja fue apoyada por la oposición, a excepción de algunos casos puntuales, aunque no se ha hecho pública la opinión de los intendentes de Juntos por el Cambio que figuran en carpeta para recibir este tipo de construcciones. 

“Deberían estar todos de acuerdo”, auguran desde el oficialismo, y justifican su presagio: “Primero, porque lo apoyaron en la Legislatura, aunque con modificaciones; y, además, porque el gobierno de María Eugenia Vidal fue fuerte con este tema. No sería lógico que enarbolen la bandera del combate a la delincuencia y después no quieran construir más cárceles para albergar a los delincuentes que quieren detener”. 


Sierra Chica

Dos municipios, ya pusieron en duda la propuesta. Uno, Cañuelas, donde la intendenta peronista Marisa Fassi, negó que la Provincia esté avanzando en un proyecto carcelario en ese distrito. El otro, San Vicente, tierra de Nicolás Mantegazza, desde donde aseveran: “No creemos que la posible población carcelaria en el distrito llegue a más de 10 personas. La sociedad no lo tomaría bien”. 

Otros, en cambio, parecieran estar decididos a dar el paso y acompañar el cambio de paradigma que propone Alak, siendo permeables y favorables a la construcción de sitios de detención. 

Desde el municipio de Tigre aseguraron a La Tecla que el intendente, Julio Zamora (Frente de Todos), cree que el tema está todavía en sus primeros esbozos, pero que “la construcción de una alcaidía en nuestro distrito ayuda a seguir colaborando con la seguridad en nuestro municipio”. 

Por su parte, el alcalde de Merlo y titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, mencionó que está el proyecto de construir dos alcaidías en aquel distrito, y “a mí, en lo personal, me parece muy beneficioso”. 

“Las alcaidías están mucho mejor preparadas que las comisarías en cuestiones de seguridad y de comodidad para recibir detenidos. Además, a las comisarías les insume mucho personal para cuidar a los presos”, explicó. 

El jefe comunal del Frente de Todos añadió que “hoy tenemos casi 50 policías por turno cuidando detenidos en las distintas comisarías, que con las alcaidías me permitirían tenerlos en la calle. Son cuatro turnos, doscientos efectivos más para la seguridad en la calle”. 

También se mostró favorable respecto de la construcción de más cárceles, asegurando que “de Merlo hay unos 1.800 presos en diferentes centros, y es muy difícil hacerles el seguimiento, tanto a su familia como al momento de recobrar la libertad o prevención para que no vuelvan a caer en el delito. La construcción de una cárcel en Merlo, que nos permita que todos los presos estén en Merlo, nos permite controles y desarrollo de políticas públicas”.


Julio Alak, ministro de Justicia bonaerense


Julio Marini, Benito Juárez
“Si me diesen la posibilidad de elegir haría otra cárcel”

Con un centro de reclusión en su distrito, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini (Frente de Todos), afirmó que “la cárcel ha dado respuesta a buena parte de la población, de manera directa e indirecta. Nosotros tenemos casi 300 personas trabajando, de las cuales, unas 280 son de Juárez y de Barker (en esa localidad se emplaza); y fue una solución muy importante, porque es un monto muy importante de sueldos que quedan en los comercios del partido”. “Con la experiencia que nosotros tenemos, yo diría que sí, en caso de que no hubiese un centro de reclusión en mi distrito y nos preguntasen”, dijo. Añadió que “en la construcción de la cárcel tuvimos casi 300 personas trabajando durante casi un año, y la mayoría de esos trabajadores hicieron con posterioridad los cursos correspondientes y son los actuales guardiacárceles. Más las mujeres que no tenían empleo y hoy trabajan en el Servicio Penitenciario. Fue una solución de empleo para mucha gente que hoy tiene un trabajo seguro, con una mutual segura”. El alcalde peronista señaló además que “también trabajan mucho los comercios de la zona, aumentaron sus ventas, hicieron obras para las visitas; y nunca hubo problemas de inseguridad en la zona, para nada”. En cuanto a la reacción vecinal, el mandamás recordó que “para hacer la cárcel de Barker se hizo un plebiscito y la gente votó mayoritariamente, más del 90 por ciento, por el sí”. “La realidad es que no se van a arrepentir, porque genera mucho laburo”, les recomendó a sus pares que dudan acerca de aceptar un centro de reclusión en su territorio. “Si me diesen la posibilidad de elegir haría otra cárcel”, completó.


Lorena Harguintegut
Juntos por el Cambio pone el grito en cielo por el corredor de la ruta 6

Tras la aprobación de la iniciativa de expropiar terrenos destinados a cárceles y alcaidías, concejales de Juntos por el Cambio de varios distritos del corredor de la ruta 6 unificaron su rechazo a través de zoom. La edil Lorena Harguinteguy, de Marcos Paz, aseguró a La Tecla que “desde San Vicente hasta General Rodríguez, todos nos oponemos a eso”. Añadió: “Acá tenemos experiencia por los dos complejos, y nunca hubo una consulta a la gente, a la voz popular”. Dijo además que “en el primer anexo nombraba los distritos con nombre: Cañuelas, Marcos Paz, General Las Heras, Rodríguez. Luego hubo otro, con modificaciones, en el que no se especificaban los municipios”. La concejala de Juntos por el Cambio explicó que “la gente quiere que arreglen la ruta 6, quiere tener medios de transporte para ir de Marcos Paz a Cañuelas, o de Cañuelas a General Rodríguez, que no tenemos. Entendemos que son necesarias las cárceles, que están superpobladas, pero no en esta zona”. Explicó que “esta es la llamada ruta del Mercosur, que comunica Zárate-Campana con La Plata, y creemos que debe dársele un perfil más productivo al corredor”. Expresó también que “necesitamos que se creen puestos de trabajo genuinos sobre el parque industrial, que no termina de concretarse en Marcos Paz, pero no basado en una cárcel”. En cuanto a los beneficios económicos de una medida como esta, Harguinteguy manifestó: “Establecer una cárcel podrá generar más consumo, más ventas, pero también, lo que nos pasó es que los alquileres subieron mucho, porque están regulados a valor del sueldo de un penitenciario, que supera los 50.000 pesos, cuando el de un empleado municipal es de 11 o 12 mil pesos”.




Elías Zacarías
Rebelión en Quilmes: “Sí a la cárcel, pero no en la Ribera”

Luego de la aprobación dada por la intendenta Mayra Mendoza (Frente de Todos), a la iniciativa de construir dos centros de reclusión en Quilmes, grupos de vecinos hicieron oír sus protestas. El médico Elías Zacarías, del grupo Vecinos Autoconvocados, aseguró a La Tecla que “en nuestro distrito se trataría de dos alcaidías, de 300 detenidos cada una, en un área restringida en el único espacio verde con el que cuenta Quilmes, y además inundable, como toda la zona de la Ribera”. “Aspiramos a un área para desarrollar, como espacio verde, para disfrute de los vecinos; es una costa que debe tener unos siete u ocho kilómetros, con una franja central ocupada por viviendas”, sostuvo. El representante vecinal añadió que “caer con un proyecto de ocupar dos o tres hectáreas que no sabemos de quiénes son, no cayó bien entre los Vecinos Autoconvocados; acá no hay políticos ni nada, solo vecinos. Hemos creado grupos en redes y solicitudes en Change.org, con casi 10.000 vecinos que se sumaron”. Zacarías aclaró que “no nos oponemos a la creación de cárceles o alcaidías, lo que decimos es que el área es inadecuada. Nosotros queremos que para esta iniciativa se convoque a una reunión de vecinos, expertos, estudios de urbanistas, geógrafos, y determinen si existe un área adecuada en el partido”. Por último sumó la aspiración de los vecinos: “Queremos algo que Quilmes no tiene, como es un parque para llevar a los chicos, donde ir a caminar o ir a disfrutar de la naturaleza”.


Francisco Echarren
El NO a una prisión en distrito vecino

En 2016, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, mostró su descontento ante el anuncio de que construirían una cárcel en la localidad de Sevigné, ubicada en el partido de Dolores pero a solo 13 kilómetros del centro urbano castellense. El alcalde peronista recordó que “nos opusimos porque nos cambiaba el mapa social, iban a construir una mole de cemento para 2.000 presos en un paraje rural con 300 o 400 habitantes”. Y expuso que “eso iba a impactar en nuestro distrito, y ni siquiera era algo que nosotros hubiésemos podido votar”. Echarren aclaró que está “a favor de mejorar las condiciones de vida de los reclusos, trabajar en su resocialización, pero no se pueden construir cárceles en cualquier lado, o en lugares donde no están las condiciones sociales o de infraestructura dadas. Eso nos traía más problemas que beneficios”. Finalmente, el mandamás del Frente de Todos aseveró: “Con la cárcel vendría mucha gente a vivir, a trabajar, y no iba a ir a Sevigné, iba a venir a Castelli, y eso iba a tener un impacto muy importante”.