21/10/2020
Los intendentes deben gastar el 80% de los fondos de seguridad en autos para la Policía
Los convenios se firmarían en los próximos días, y del total de la partida que mandará Nación para cada distrito la mayor parte se usará para vehículos, el 10% para su posterior mantenimiento y el 10 restante para otras adquisiciones. Los jefes comunales querían más disponibilidad e invertir en la patrulla local. Enojo en Provincia porque “algunos se apuraron y no quieren comprar lo que tienen que comprar.
Más de dos meses pasaron desde el anuncio de envío de fondos nacionales para atender la seguridad de 24 distritos del Conurbano hasta que la Provincia oficializó el convenio firmado con la Jefatura de Gabinete de la Nación, por el cual se giran los 10.000 millones de pesos, de los cuates 7.500 se repartirán entre los municipios. Y todavía falta que se rubrique el acuerdo entre el Ejecutivo bonaerense con cada uno de los intendentes, que se firmaría en los próximos días, cuando queden solucionadas definitivamente algunas diferencias.

En efecto, nunca se logró disipar del todo la tensión que provocó que los alcaldes negociaran los fondos directamente con el gobierno nacional, y eso provocó complicaciones ulteriores cuando los jefes comunales debieron negociar con Axel Kicillof y Sergio Berni las especificidades de las compras. Nación dispuso la plata y la forma de reparto (por cantidad de habitantes de cada distrito), pero Provincia es la que determina qué se puede comprar y bajo qué parámetros. Allí radica el conflicto que está en vías de solución, pero que tensó aún más la cuerda entre el gobierno bonaerense y algunos alcaldes.

Alberto Fernández y Axel Kicillof anunciaron el 4 de septiembre el plan integral de seguridad para 24 distritos del Conurbano. Los intendentes esperaban cerrar los acuerdos con el gobierno bonaerense cuanto antes, y también se ilusionaban con tener mayor poder de decisión sobre las compras que iban a realizar. En un principio creyeron que iban a tener casi la total disposición de los fondos, y distribuirlos a su antojo en compra de patrulleros, motos, cámaras de seguridad o arreglos de los centros de monitoreo.



Pero el gobierno bonaerense tiene otra idea y elaboró los convenios con especificidades que restringen absolutamente el poder de maniobra de los jefes comunales. Una de esas trabas es que del dinero que le corresponde a cada municipio el 80 por ciento debe ir exclusivamente a la adquisición de patrulleros que, por otra parte, deben respetar las especificidades técnicas establecidas por el ministerio de Seguridad.

Del 20 por ciento restante, la mitad, además, debe ser usada para el mantenimiento de esos patrulleros, por lo que le queda escaso dinero a las comunas para otros destinos, como cámaras de vigilancia. La mayoría de los responsables de los municipios no terminaron del todo conformes con estos términos del acuerdo, pero las reglas las dispuso Provincia. También dejó disconformes a los mandamases locales la disposición de que toidos los vehículos que se incorporen deben ir a la Bonaerense y ninguno a las patrullas locales.

Para ejemplificar la situación, distritos como San Miguel o José C. Paz, que recibirán algo más de 200 millones de pesos, deberán destinar 160 millones a la compra de coches, camionetas o motos con el ploteo de la Policía Bonaerense. Un intendente que está en plena negociación para cumplimentar la incorporación de los vehículos le dijo a La Tecla que el costo promedio de cada patrullero es de 2.500.000 pesos. Por lo tanto, cada uno de esos distritos podrá comprar unos 64-65 autos.

Si bien esa cantidad les permitiría renovar prácticamente el cien por ciento de la flota de patrulleros de la policía, les quedarán 20 millones para el mantenimiento de esos vehículos y otros 20 millones para el resto. “Con esa plata muchas cámaras no se pueden comprar”, se quejó un alcalde oficialista.

Algunos se apuraron



Como se dijo anteriormente, hubo otro inconveniente que cruzó a los alcaldes, tanto del oficialismo como de la oposición, con el gobierno bonaerense. Varios intendentes pretendían usar una porción de la partida de dinero para adquirir automóviles que mejoraran las patrullas municipales; pero Provincia obturó esa idea y dispuso que todos los móviles que compren con la plata de Nación sean utilizados exclusivamente para vehículos que mejorarán la flota de la Policía Bonaerense.

Incluso, algunos habían avanzado en la adquisición de autos para sus patrullas municipales, y eso obligó a abrir una negociación extra con el gobierno provincial. Jorge Ferraresi, Fernando Moreira y Mariano Cascallares fueron los encargados de conversar esta particular situación con Kicillof y su gente. 

Se acordó que aquellas patrullas municipales que ya se habían licitado se puedan pagar con el dinero que llegará desde nación, y que las descontarán de la cantidad que debiera ir a la Bonaerense, pero se les prohibió a los distritos comprar más autos para la fuerza comunal de los ya adquiridos hasta ahora. 

El enojo de Provincia

Un ministro le dijo a este medio que “no hay fecha aún” para la firma de los convenios con los municipios, pero destacó que “la Jefatura de Gabinete está avanzando en la confección” de los mismos. 

También dejó en claro el enojo del Ejecutivo con quienes se apuraron en las licitaciones antes de convenir los términos del acuerdo. “El tema es que los intendentes no quieren comprar lo que tienen que comprar”, se quejó el funcionario en cuestión, además de señalar que “algunos ya compraron cosas sin que estén en el convenio y eso complica las cosas”. 

En torno a este tema no es la primera vez que desde el entorno de Kicillof dejan escapar las críticas a cómo se manejó el tema desde el principio. Nunca digirieron en el Ejecutivo la negociación directa de los alcaldes con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, en la que después se involucró el propio presidente Alberto Fernández.

También hubo varios roces por las especificaciones técnicas que el ministerio de Seguridad estableció respecto a los patrulleros que debían llegar para mejorar la flota. Con todo ese contexto, el Ejecutivo bonaerense aprovechó la condición de ser quien marca la pauta de las compras y quien intermedia en el giro del dinero para condicionar el margen de maniobra de los intendentes. 

EL DECRETO