Las mil y una vueltas del BAPRO

El mismo día que el gobierno de Alberto Fernández puso en funcionamiento el aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir la cuarentena, en la provincia de Buenos Aires se anunció una medida destinada a pagar la deuda con proveedores. Fue el 20 de marzo pasado, hace más de tres meses. En las formalidades, la resolución se concretó dos semanas más tarde con la publicación en el Boletín Oficial bonaerense.

En concreto, el gobierno de Axel Kicillof instrumentó el pago de la deuda con los proveedores a través del Banco Provincia que conduce Juan Cuattromo. Lo hizo al lanzar el Certificado de Liquidación Provisoria, anunciado como una garantía otorgada por el Gobierno de la Provincia que permitiría a proveedores y contratistas del Estado acceder a una línea de préstamos del BAPRO a una tasa preferencial y obtener liquidez en menos tiempo.

“El Certificado funcionará como un documento que las empresas podrán descontar en el Banco de forma rápida y simple”, comentó Cuattromo al anunciar la medida para saldar la deuda. Sin embargo, al día de la fecha, según pudo saber LaTecla.info, la resolución que debe implementar el órgano que conduce Cuattromo no se vio efectivizada.

En ese marco, desde la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE), su titular Rodrigo Ducha, comentó que “hay muchas trabas administrativas”. Es que, en lo práctico, el BAPRO que debe pagar la deuda del gobierno bonaerense toma los recaudos de un crédito privado en detrimento de los acreedores, es decir los proveedores. “La hacen muy difícil, no sabemos si algún proveedor ya pudo cobrar. Está muy burocratizado el banco”, abundaron desde FEMAPE a este medio.

Como si fuera poco, a las idas y vueltas que da el BAPRO se le suma la baja cantidad de trabajadores, desde puestos de planta hasta jerárquicos, producto de la pandemia de COVID-19. Así, la rotación de los gerentes afecta directamente cada proceso. Es que, las gerencias trabajan con turnos donde los principales directivos no comparten horarios y un trámite de una semana mínimamente demora el doble.

En ese marco, con un proceso dilatado, la entidad que conduce Cuattromo puso en la cancha el denominado “riesgo crediticio”, modalidad recurrente en la banca privada a la hora de brindar créditos. De esa manera, después de sortear el filtro de los gerentes los proveedores deben pasar por diferentes solicitudes del tipo de acceso a créditos y no del pago de deuda. Eso no es todo, y una vez que el “riesgo crediticio” es confeccionado llega el turno del Directorio del BAPRO que debe aprobar el pago.

Incluso, desde la banca que lidera Cuattromo reconocieron que el nivel de cuántos proveedores lograron cobrar después de los tres meses de implementado el Certificado de Liquidación Provisoria es más que bajo. “Hasta el momento se emitieron 265 certificados, de los cuales Banco Provincia ya negoció 61 por un monto cercano a los 248 millones de pesos”, reconocieron. Es decir, en tres meses se avanzó con saldar la deuda con menos de un cuarto de los proveedores del Estado. 

En la misma línea, desde la entidad bancaria reconocieron las trabas que deben pasar los acreedores para cobrar la deuda del gobierno provincial. “Hay que tener en cuenta que el Certificado de Liquidación Provisoria funciona como garantía para un préstamo, que siempre está sujeto a análisis crediticio según la normativa vigente”, señalaron.

En lo llano, el acceso a la instancia final se encuentra repleto de trabas con constantes pedidos nuevos para las Pymes. Una modalidad para demorar los pagos es que después de que las empresas presentan decenas de papeles y carpetas para acceder al cobro, se requieren nuevos papeles que vuelven cada vez más lejana la posibilidad de llegar a que el Directorio apruebe cada caso. 

Entre los pedidos que realiza el BAPRO con el objetivo de dilatar y prolongar el pago, aparecen obviedades como el detalle de la actividad de la empresa, de dónde proviene el dinero que les ingresa, cuáles son los tres mayores deudores, clientes, cuáles son sus proveedores. Además de cómo se distribuyeron los dividendos este año y los ingresos mensuales del año pasado y de este año. Incluso, preguntan si la empresa ha sufrido consecuencias por la crisis sanitaria. Claro, cada pedido se realiza luego de cumplir uno. Es decir, cuando se presentaron todos los papeles, aparece en escena el pedido de información sobre los tres mayores deudores. Y cuando se subsana, una nueva traba aparece en la escena.

Además, cuando la deuda es mayor a un millón de pesos -vale recordar que en el mejor de los casos se adeudan nueve meses- es necesaria la intervención de la escribanía para avanzar con un instrumento público. Así lo determina el mismo banco. Dicho punto entorpece aún más los pedidos debido al trabajo frenado de las escribanías por la pandemia de coronavirus.

De esa manera, las Pymes que ya llevan el duro golpe de la fuerte caída de la actividad producto de la crisis económica agravada por la crisis, no logran acceder al crédito del BAPRO que dispuso el gobierno para pagar su deuda. Por caso, en todo el país, según detalló el Consejo Productivo Nacional, entre febrero y abril cerraron 13.732 Pymes.

El panorama es más desolador señaló a este medio el presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilanski. Y sostuvo que hay "25 mil empresas que bajaron sus persianas, según calculamos nosotros hasta el momento", y aclaró: "la mitad entre CABA y provincia de Buenos Aires".

Así, la necesidad que el BAPRO cumpla con los dichos del propio Cuattromo al anunciar el Certificado de Liquidación Provisorio, y que se salde la deuda de manera “rápida y sencilla” se vuelve cuestión de vida para las Pymes bonaerenses.
 

Cuál era el objetivo del Crédito

Al momento de formalizarse el anuncio del Certificado de Liquidación Provisoria, el gobierno de Kicillof remarcaba que se trataba de una solución “rápida, con una quita (la tasa que cobra el banco), y mientras el proveedor cobra el Banco pasa a ser acreedor del Ejecutivo”, que debería figurar como tomador del préstamo. Desde el Gobierno sostuvieron que con esta medida se le da solución a atrasos que en algunos casos tienen entre ocho y doce meses. A casi tres meses, todavía no se avanzó.

Los trámites se comenzaron a realizar desde el pasado lunes 6 de abril de forma online en el portal de Servicios de la Tesorería General de la Provincia (www.tesoreria.gba.gov.ar), y luego a la aplicación identificada como CLP-Certificado de Liquidación Provisoria, utilizando usuario y clave.

La tasa con la que se realiza el canje es del 29 por ciento anual, pero el plazo de cancelación de la garantía por parte de la provincia es de 180 días, por lo tanto el descuento que tendrán los proveedores y contratistas es de alrededor del 14,5%.

En su momento, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que “este es un paso importante que estamos dando, ya que el objetivo de esta medida es cancelar, en etapas, la abultada deuda con proveedores y contratistas que brindan servicios esenciales para la Provincia en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, había manifestado que "hay un trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial para brindarle soluciones al sector productivo". Y explicó que "el Certificado funcionará como un documento que las empresas podrán descontar en el Banco de forma rápida y simple".

En esta primera etapa podrán utilizarlo los proveedores y contratistas del Estado provincial que tengan órdenes de pago pendientes en la Tesorería General de la Provincia, y podrán presentarlo en el Banco Provincia dentro de los diez días de emitido el Certificado. La implementación de los Certificados de Liquidación Provisoria se encuentra regulada por el decreto 496/09, y se realiza en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Tesorería General y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El bono sigue en gateras

Una de las variables que se manejó en el gobierno bonaerense para hacer frente al pago de los proveedores fue lanzar un bono, algo a lo que recurrió María Eugenia Vidal en 2016 para hacer frente a la deuda de la gestión Daniel Scioli. En ese sentido, según señalaron a este medio la opción se mantiene vigente. El problema es que para que un bono pueda salir a la cancha es necesario la aprobación de la Legislatura al endeudamiento.

En definitiva, el posible bono despertó la luz de alerta de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE), que remarcaron que “nunca un bono es una buena solución, es como si a cualquier trabajador le informaran que le van a pagar el sueldo en veinte meses”. 

Como si fuera poco, el trabajo legislativo se congeló por completo en los últimos días y no aparecen sesiones en el tintero. Las sesiones virtuales no pueden durar más de dos horas por recomendación profesional y un debate por endeudamiento se prolongará más. Es decir que para avanzar deberían ser de manera mixta, pero los contagios de coronavirus entre la planta política hicieron que se congele todo. “Se volvió a frenar mucho todo”, sostuvo a este medio uno de los hombres que corta el bacalao en el oficialismo legislativo.

Así, el escenario se vuelve más oscuro para los proveedores del Estado que aguardan por la solución que anunció Provincia hace varios meses ya y todavía no se contabilizó. En tanto, ante el congelamiento de la Legislatura para salir a la cancha con el endeudamiento, el BAPRO no lanzó un Plan B que sí se efectivice para llevar un poco de aire en la crisis.