El coronavirus trastocó todos los planes. Cuando empezó 2020, nadie imaginaba que promediando el año, el país estaría en un parate casi absoluto. No sólo fue la vida cotidiana la que se vio afectada por el aislamiento social obligatorio, sino que se alteraron todas las previsiones de la política; empezando por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hasta los concejales y consejeros escolares del más pequeño distrito de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, la Legislatura no está exenta.
Si bien el parlamento avanza en las negociaciones para retomar su actividad, primero necesita modificar el reglamento. ¿Por qué? Porque éste establece que los legisladores deben estar presentes en el recinto para sesionar, cuestión que pretenden evitar, en el marco del distanciamiento establecido por el Poder Ejecutivo Nacional en medio de la propagación del coronavirus. En este sentido, luego de los pedidos de los senadores de Juntos por el Cambio, se reunió la comisión de Labor Parlamentaria, donde se avanzó en la modificación del reglamento interno con el fin de habilitar sesiones virtuales. Pero primero se necesita del despacho de la comisión de Legislación General. Con este paso cumplido, ya se dio luz verde al asunto.
Sin embargo, el bloque opositor acordó con el oficialismo que, una vez habilitada la posibilidad de sesionar de manera virtual, se diera prioridad absoluta al combate contra la pandemia de COVID-19, por lo que quedará en pausa la negociación por una serie de cargos vacantes, para cuya ocupación se necesita del acuerdo de la Cámara Alta.
En efecto, desde que asumió el nuevo Gobierno quedó pendiente la designación de un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia; 42 pliegos de funcionarios judiciales enviados por la gestión de María Eugenia Vidal; cuatro directores del Banco Provincia; el subcontador y el subtesorero de la Provincia. En tanto, los miembros del Consejo General de Cultura y Educación son designados por acuerdo de Diputados. Pero no es allí donde el Frente de Todos tiene problemas para conseguir quorum, sino en el Senado, donde Juntos por el Cambio aún conserva la mayoría.
“Si se habilita la videoconferencia como herramienta es por excepción, con lo cual, las sesiones deberían ser por causas excepcionales. Entendemos que para sesionar debería haber acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, y dentro de la Legislatura, entre oficialismo y oposición”, señaló a La Tecla el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, Gervasio Bozzano. Dentro de las “causas excepcionales”, bien podría ingresar el Presupuesto 2020, que, cabe recordar, nunca fue girado por el gobernador Axel Kicillof. Con la ley de leyes, oficialismo y oposición se enfrentarían a la posibilidad de negociar estos cargos vacantes, pero, al parecer, no habría intenciones de presentarla, al menos en el corto o mediano plazo.
“El gobierno iba a presentar un nuevo Presupuesto luego de que lo haga Nación, porque nosotros necesitamos las proyecciones macroeconómicas para poder construir nuestros números anuales. En esta situación tan extraordinaria, lo presentaremos cuando podamos. Hoy no hay fecha, ni tampoco hay urgencia, seguimos trabajando con el Presupuesto prorrogado, como arrancamos”, explicó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, ante la Cámara de Diputados.
Desde el Senado, en este sentido, no descartaron que, directamente, este año no se envíe un Presupuesto y se trabaje con la prórroga de 2019. En este escenario, los cargos permanecerán vacantes durante todo este año, con las implicancias y complicaciones que esto acarrea, ya sea en el normal funcionamiento de la Justicia como en las compras y contrataciones que ejecuta la Gobernación, y hasta el control sobre la cuestión educativa. Pero cabe resaltar que, en el marco de la cuarentena, nada es normal, y hasta que el coronavirus no desaparezca, tanto la Provincia como el país estarán en un parate parcial.
Un acuerdo que había avanzado antes de la llegada del virus
La composición del directorio del Banco Provincia fue siempre motivo de negociación. Más allá de que su Carta Orgánica no lo mencione de manera explícita, de los ocho vocales que lo integran, al menos la mitad son para la oposición. Si bien son designados por el Poder Ejecutivo, para hacerlo efectivo necesitan del acuerdo del Senado. Desde que asumió Axel Kicillof, sólo fue nombrado el presidente de la entidad financiera, Juan Cuattromo; y quedan cuatro directores pendientes por vencimiento de mandato.
Las negociaciones habían avanzado cuando se discutió en la Legislatura la declaración de la ley Impositiva, allá por diciembre de 2019, cuando el coronavirus ni siquiera había sido descubierto en China. De las cuatro sillas vacantes, Juntos por el Cambio pide tres. Durante el mandato de María Eugenia Vidal fueron designados tres funcionarios del peronismo (hoy oficialismo) y uno de Juntos por el Cambio, que continúan por dos años más.
Ahora, la idea es que sea a la inversa. Los cuatro directores con mandato hasta 2021 son el radical Diego Rodrigo, el massista Sebastián Galmarini, la kirchnerista Juliana Di Tullio y Humberto Vivaldo, quien responde al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Desde el Frente de Todos ya surgió el nombre de Alejandro Formento para quedarse con una silla. El resto continúa bajo un fuerte hermetismo, y sólo trascendió la intención del jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, de ubicar a uno de los suyos; posiblemente, un exdiputado.
El reclamo opositor por los lugares en los organismos de control
Según pudo saber La Tecla, antes de que el coronavirus llegara para quedarse (al menos, por unos meses), la oposición ya había pedido una serie de cargos. Entre ellos, la Defensoría del Pueblo, que, por lo general, es ocupada por alguien que no pertenece al mismo signo político que el gobierno de turno. En enero de 2017, durante el mandato de María Eugenia Vidal, fue designado el exfuncionario sciolista Guido Lorenzino, con el aval de ambas cámaras provinciales.
De acuerdo a la Constitución bonaerense, el Defensor permanece en el cargo cinco años, pudiendo ser reelegido una vez. Y si bien el mandato de Lorenzino vence a comienzos de 2021, Juntos por el Cambio pretendía ese puesto a la brevedad. Asimismo, el principal partido opositor reclamó cargos en uno de los organismos de control de la Provincia: el OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires).
Recientemente, el gobernador Kicillof designó a las nuevas autoridades del ente en representación del oficialismo. Se trata de Marcelo Rubén Juiz, en la presidencia, y Roberto Emir Daoud, como vice. En tanto, Jorge Arce, quien estaba al mando del ente, fue degradado a vocal; mientras que Omar Duclos, Walter Ricardo García y José Antonio Recio fueron removidos. Esas tres vacantes serán ocupadas, eventualmente, por dirigentes de Juntos por el Cambio. Cabe destacar que para ello, sólo se necesita la firma del Gobernador, y no la aprobación de la Legislatura.
De los pliegos de la discordia a la silla vacía en la Suprema Corte
Uno de los primeros acuerdos que hubo entre el oficialismo y la oposición antes de que María Eugenia Vidal entregara el mando a Axel Kicillof fue la postergación del tratamiento de 42 pliegos de funcionarios judiciales en distintas dependencias de la Provincia. Esta decisión fue tomada entre Daniel Salvador y Verónica Magario durante la primera reunión de transición del comando del Senado bonaerense.
La controversia se originó, en realidad, por dos pliegos que generaron la resistencia del peronismo. Se trata de las vacantes en el Tribunal de Casación Penal, la instancia previa a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En su momento, Vidal propuso a Ana Julia Biasotti, defensora adjunta del Tribunal de Casación, y a Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público Fiscal, cuyo nombre es el que causó más revuelo por su vinculación con la oposición al integrar la ONG Unidos por la Justicia, de la que también forman parte exfuncionarios de Juntos por el Cambio.
Por ello, el grupo de 42 pliegos quedó pendiente de tratamiento, por lo que todos esos cargos aún permanecen vacantes. También está disponible una silla en la Suprema Corte de Justicia bonaerense luego del fallecimiento del vicepresidente Héctor Negri, en enero de este año. Cabe recordar que durante la gestión anterior también se ocupó una silla del máximo tribunal de Justicia provincial. Elegido por la exgobernadora, fue Sergio Torres quien asumió a mediados de 2019 tras la renuncia de Juan Carlos Hitters. En aquel entonces, el puesto quedó vacante por dos años.
Las cuentas de la Provincia, bajo el comando total del oficialismo
De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la Provincia (artículo 82), el Senado “presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo y le presenta una terna alternativa para el nombramiento de tesorero y subtesorero, contador y subcontador de la Provincia”. Pero los tiempos apremian y, ante la falta de sesiones y acuerdos en la Cámara Alta, el gobernador Axel Kicillof decidió cortarse solo. A fines de febrero designó, por decreto, a David René Jacoby como tesorero de la Provincia.
“La inacción del Senado no puede privar a la administración provincial de la conformación necesaria para el regular funcionamiento del Subsistema de Tesorería (…) debiendo, además, tenerse presente que no se encuentra regulado el supuesto de reemplazo del subtesorero, en casos de ausencia o impedimento”, sentenció el mandatario en la resolución. La oposición, por supuesto, no vio con buenos ojos la disposición de Kicillof y, desde el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado provincial, realizaron “un llamado a la reflexión” y hablaron de una “decisión arbitraria que vulnera nuestra Constitución”.
Es que, cabe recordar, que como subtesorero continúa desde la gestión anterior Facundo José Fernández, de origen massista. En la Contaduría General, en tanto, sigue Carlos Baleztena, un hombre de carrera en la administración pública que estuvo vinculado al sciolismo y que fue nombrado por María Eugenia Vidal. El subcontador es Carlos Vittor, un dirigente ligado a Sergio Massa, que también llegó durante la anterior gestión.
La puja interna y externa por seis puestos
La Carta Magna de la Provincia establece que la Cámara de Diputados debe prestar acuerdo para la designación de los miembros del Consejo General de Cultura y Educación, que está integrado -además de por el director general, quien lo preside- por diez miembros, de los cuales seis son propuestos por el Poder Ejecutivo y los cuatro restantes, por los docentes en ejercicio. Desde hace años, los cuatro representantes de los docentes se reparten en dos del Suteba (Néstor Carasa y Marcelo Zarlenga) y dos de la FEB (Graciela Veneciano y Graciela Salvador).
Los otros seis corresponden a cargos políticos y se reparten generalmente en tres del oficialismo y tres de la oposición. Actualmente, la representación política del Consejo está a cargo de Diego Martínez, radical alineado al exvicegobernador Daniel Salvador; Natalia Quintana, de la UCR y excandidata a intendenta de JxC en Leandro Alem; Roberto Angrisani, académico del PRO; y Diego di Salvo, exconcejal massista de 25 de Mayo. Luciana Padulo y Cristina Vilotta, en tanto, renunciaron para asumir como diputadas provinciales.
Por ello, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen pendiente una negociación, tanto puertas afuera como adentro: no sólo deben cubrir los dos espacios vacantes que dejaron las ahora legisladoras, sino también ratificar o cambiar los cargos que poseen los tres consejeros opositores que, en su momento, asumieron por el oficialismo.
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