Política Provincial
1 de abril de 2020
COVID-19
La Corte provincial crea un fondo solidario con donaciones voluntarias
La Justicia bonaerense puso en marcha un programa de medidas de austeridad para comprar insumos necesarios para atender la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
La Suprema Corte de Justicia dispuso crear el Sistema de Aporte Solidario e impulsar un programa de medidas de austeridad en todo el ámbito de la Administración de Justicia provincial, a fin de solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19).
En cuanto al Sistema de Aporte Solidario, se establece que estará constituido con aportes voluntarios que pueden alcanzar un 20% del Sueldo básico de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; jueces del Tribunal de Casación; Cámaras de Apelación y de primera instancia; como así también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia.
Dichos fondos, según surge de la resolución, serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19).
Entre los fundamentos de la Resolución 014/20 firmada por el presidente Eduardo de Lázzari con acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte y adhesión de la Procuración General, el Tribunal expresa que es consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia; como también lo es del rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país. Sin embargo -añade el Tribunal- ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario.
Medidas de austeridad
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia decidió instrumentar un programa de medidas de austeridad del gasto, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar dicho Fondo Solidario, entre ellas:
I. Congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo del corriente año, con excepción de aquellas situaciones valoradas por Tribunal como necesarias a la prestación del servicio de justicia;
II. Suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias, con excepción de aquellos que cuentan con inmuebles propios y/o inmuebles ya locados.
III. Suspender la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital, con excepción estos últimos de aquellos indispensables para la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales que cuenten con fecha de inicio de actividades aprobada por este Tribunal.
IV. Suspender la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial, con excepción de aquellas suscripciones ya contratadas; correspondiendo a la Secretaría de Administración informar el saldo de la cuenta especial y poner a consideración del Tribunal su reasignación para el Fondo Solidario.
V. Suspender el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal.
VI. Suspender el pago de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley “Micaela” de capacitación obligatoria en género.
VII. Establecer que los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria. No están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.
Finalmente, el Tribunal estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto, las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, a partir de las acciones implementadas por el Tribunal o su Presidencia para el resguardo de la salud de los trabajadores.