Se trata de un expediente abierto de oficio por el juez Moya Paniselo tras un escrito del magistrado Guillermo Atencio, quien deja entrever presuntos aprietes para que renuncie a su cargo. La causa fue mandada primero a la UFI 5 de La Plata, luego remitida al Fiscal General, y tras varios días sin saber su destino final apareció en la UFI 8 de San Martín. Los detalles de una intrincada trama.

La causa judicial que denuncia al Procurador, entre otros, reapareció en una fiscalía de San Martín

En la nota de tapa de la edición impresa de La Tecla de esta semana, referida a los distintos conflictos entre la Justicia bonaerense y el gobierno provincial, en la página 21 se hace referencia a un expediente iniciado de oficio por el juez de Garantías 2 de La Plata, Jorge Moya Panisello, que, de la Fiscalía 5 platense, fue remitida a la Fiscalía General, tras lo cual hubo varios días en que no se supo el destino final del expediente. Ahora se supo que está en la UFI 8 de San Martín.

El destino final del expediente abre una serie de interrogantes, genera suspicacias y haría que aparezcan nuevas presentaciones, por ejemplo por la conexidad con la causa madre y fundamentalmente porque una de las personas involucradas no debería ser investigada por un fiscal de la provincia, ya que se trata de su jefe directo.

La causa, que ahora se tramita en la UFI 8 de Delitos Complejos de San Martín, a cargo de las doctoras Verónica Andrea Pérez y Andrea Verónia Andoniades pone la lupa sobre el funcionario provincial Enrique Saraví, el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, y la doctora Hilda Kogan, integrante de la Suprema Corte bonaerense, quienes podrían haber incurrido “en los delitos de tráfico de influencias y coacción, además de no perseguir a quien comete delitos y encubrimiento”, según indicó a este medio un letrado que conoce el expediente.

Al estar mencionado el Procurador es que la investigación no debiera recaer en ningún fiscal de la provincia de Buenos Aires porque todos son subordinados del jefe del Ministerio Público Fiscal. Además, la razón por la cual se trasladó de la UFI 5 de La Plata la UFI 8 de San Martín es que esta última es especializada en Delitos Complejos, pero lo que no queda claro es por qué el Fiscal General, Héctor Vogliolo no la trasladó a la UFI 9, también de Delitos Complejos de San Martín, donde se tramita la causa madre que derivó en la investigación en cuestión.

PASO A PASO

Par comprender mejor la compleja situación es necesario ir al origen de todo, que es nada más ni nada menos que la denuncia que el fiscal Jorge Paolini le realizó el 20 de diciembre de 2017 al juez de Garantías 1 de La Plata, Guillermo Atencio, por presunto pedido de coimas. El juez del caso es Jorge Moya Panisello, y el fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Edgardo Ledesma, responsable de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín.

El agosto pasado, Ledesma archivó la causa contra Atencio por considerar que no había delito. Después de ello hubo una serie de hechos particulares que culminaron en la decisión de Moya Panisello de abrir el expediente que tiene entre los mencionados al Procurador Julio Conte Grand.

Como contó La Tecla en su última edición, el 5 de septiembre tuvo lugar, en un departamento de la calle 10 N° 991, piso 9, de La Plata, una reunión entre el juez Atencio y el funcionario provincial Enrique Saraví, en la cual, según consta en una presentación posterior que hiciera el magistrado, Saraví le habría exigido la renuncia ante la negativa del magistrado a dimitir. Presumiblemente el lugar donde se llevó a cabo el encuentro era el domicilio de Saraví, aunque ahora el funcionario se habría mudado a la ciudad de Buenos Aires

En esos días, Atencio le pedía a su par Moya Panisello que lo sobreseyera ya que el fiscal Ledesma había dispuesto el archivo. Pero luego, a raíz del desarchivo ordenado por el Fiscal de Cámara de San Martín, Marcelo Lapargo, el 14 de septiembre, el propio investigado pidió que se postergue el pedido de sobreseimiento y se siga con la pesquisa.

En ese escrito, Atencio menciona presuntos aprietes para que deje el cargo. Entonces, de oficio, el juez Moya Panisello inició otra causa, con el número 38.544/18, en la cual le pidió al titular de la Fiscalía 5 de La Plata, Juan Minucci, que investigue la presunta comisión de un delito por parte de funcionarios públicos. Aun cuando en el escrito Atencio dice no creer que el Procurador Julio Conte Grand estuviera detrás de la maniobra, lo contado de la reunión con Saraví dejó en el ojo de la tormenta tanto el jefe de los fiscales como al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

De acuerdo a fuentes judiciales, cuando Guillermo Atencio se acercó a la mencionada fiscalía para aportar pruebas provenientes de la conversación mantenida con Enrique Saraví, se desayunó que Minucci ya no tenía el expediente, y que el mismo había sido elevado a la Fiscalía General por pedido de su titular, Héctor Vogliolo. Ahora, y tras varios días sin que se supiera el paradero del expediente se conoce que recayó en la UFI 8 de San Martín.

El primer interrogante que aparece es por qué el Fiscal General no derivó la causa a la Fiscalía de Edgardo Ledesma, quien tramita la investigación de la denuncia de Paolini contra Atencio, ya que la nueva investigación deriva de un hecho desprendido de esa causa. En donde debería regir el principio de acumulación por conexidad entre ambos expedientes, por lo cual el fiscal debiera ser el mismo.

Por otra parte, un abogado al tanto del conflicto asegura que “no hay razón para haberla sacado de la fiscalía de la Plata que no sea esconderla o entorpecer el control de su trámite”. A la vez, insistió en que “estando el Procurador como posible imputado, ningún fiscal de la Provincia podría instruir distinta objetividad”.

PARTES DEL ESCRITO DE ATENCIO

La Tecla tuvo acceso al escrito que el juez Guillermo Atencio presentó ante su par Jorge Moya Panisello y que derivó en el inicio de la causa 38.544/18, que el juez inició de oficio. Algunos puntos destacados:

-“En horas de la mañana del 5 de septiembre próximo pasado, fui invitado por el Dr. Enrique Saraví –funcionario público perteneciente a la planta funcional del Poder Ejecutivo- a concurrir a su domicilio ubicado en calle 10 al numeral 991 piso 9no. de esta ciudad”.

- “Una vez allí, el mencionado me manifestó que junto a otros miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Sr. Procurador General de ese Alto Tribunal le habría transmitido al Sr. Ministro de Justicia –de quien según dijo era portavoz- el profundo malestar que les causaba que no hubiese renunciado después del archivo de la presente conforme a un “pacto” por mí realizado con el Dr. Conte Grand y la Dra. Hilda Kogan”.

-“Conforme a lo que me manifestara el Dr. Saraví, el Dr. Julio Conte Grand, la Dra. Hilda Kogan y yo, celebramos un “Pacto de Impunidad” por el que, de mi parte, ofrecía mi renuncia contra la solución favorable de la presente causa que se seguía en mi contra”.

-“Una comunicación telefónica que en ese mismo momento mantuve con el Dr. Ledesma en presencia del Dr. Saraví bastó para demostrar que nada de eso había ocurrido toda vez que el citado fiscal expresamente sostuvo haber actuado conforme a sus convicciones y sin interferencia alguna”.

-“De otro lado, la versión contraria, muy mal hablaría del comportamiento de mis supuestos interlocutores quienes –de acuerdo a ella- se habrían prestado a evitar que un juez corrupto sea castigado debidamente con exoneración y cárcel (arts. 274 y 277 inc. 1 letra d e inc. 3 letra b del Código Penal)”.

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