Defensores del Pueblo, contra la reforma al rol de las Fuerzas Armadas
La Asociación que los nuclea, conducida por la representante de Escobar, Rocío Fernández, plantea la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo. Aseguran que es inadmisible que la modificación sea realizada por decreto, ya que es -a su juicio- "competencia exclusiva del Congreso de la Nación".
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Defensores del Pueblo de todo el país se manifestaron en contra de la reforma planteada por el gobierno de Mauricio Macri en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior.
La voz cantante la llevó Rocío Fernández, Defensora del Pueblo del distrito bonarense de Escobar, presidenta de la Asociación de Defensores argentinos, a través de un comunicado en el que plantean la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo que reforma el rol de los militares.
“La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, integrada por hombres y mujeres, que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el respeto por las instituciones, manifestamos nuestra profunda preocupación en relación al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018, ello en virtud de que, conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República”, señala el comunicado de la entidad.
Además, expresan que "la ley 24059 entiende que la Seguridad Interior, debe propender a que el Estado nacional garantice la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos. A tal efecto, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la policía de los Estados provinciales adherentes a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, serán los órganos que propenderán a tales fines. Así pues, en este marco, desarrollarán los medios necesarios para el control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos”.
“Consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios republicanos de gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación”, concluyen.
