Concejales massistas de Luján pidieron informes sobre los 27 millones para combatir la inseguridad. Aseguran que no fueron a cumplir los objetivos por los que la Provincia los transfirió. También solicitan información al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y a la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura bonaerense.

El massismo le apunta a intendente PRO por fondos para Seguridad

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Con el tema de la Seguridad como eje central, el bloque de concejales del Frente Renovador busca saber el destino que el municipio de Luján dio a casi 30 millones de pesos que recibió para luchar contra el delito.

Con la firma de los ediles Federico Guibaud, Silvia Scarzo y Gabriel Jurina, la iniciativa del massismo exige respuestas al jefe comunal, el oficialista Oscar Luciani, sobre el destino de los recursos del denominado Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad remitido por la Provincia en 2016.

En el texto, se solicita "información sobre las inversiones realizadas con los 27 millones de pesos -más los intereses devengados de casi 3 millones- que debían tener como destino la colocación de 120 cámaras de video-vigilancia, la construcción de un moderno Centro de Monitoreo, la adquisición de nuevos equipos de comunicación para las fuerzas policiales y la implementación del botón antipánico, entre otras medidas anunciadas por el gobierno del intendente Luciani".

Como medida complementaria, los concejales impulsaron en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución solicitándole al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y a la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura bonaerense que "remitan un informe sobre la utilización de los casi 30 millones de pesos que deben destinarse a la lucha contra la inseguridad, habida cuenta que -hasta el día de la fecha- no se concretaron las medidas fijadas por la Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 14.807 que regula el uso del mencionado fondo".

Oscar Luciani.

"Durante el transcurso del año 2016, desde el gobierno bonaerense se giró a este Municipio una suma superior a los 27 millones de pesos para ser destinados a planes, programas y proyectos inherentes a preservar la seguridad de la población y de sus bienes, en orden a lo establecido en la Ley de la Provincia de Buenos Aires nº 14.807 y su Decreto Reglamentario 368/16", asegura el texto de la iniciativa.

En tal sentido, recuerdan que "en el marco de las políticas de seguridad diseñadas por la administración provincial, se establecía que dichos recursos debían ser invertidos prioritariamente en sistemas de cámaras de video-vigilancia, centros de monitoreo, sistemas de comunicaciones y sistema de reconocimiento automático de patentes de automotores. Y en virtud de lo anunciado oportunamente por los funcionarios municipales del área competente en la materia, y en orden a lo indicado por la cartera de Seguridad provincial, se decidió la colocación de 120 cámaras de video-vigilancia incluyendo 20 con lectoras de patentes, la construcción de un nuevo centro de monitoreo en la planta alta del Palacio Municipal y la adquisición de equipos de comunicación encriptados para las fuerzas policiales que operan en el distrito".

Además, También recuerdan que "de las medidas antes detalladas, con los recursos del citado Fondo, se proyectó la adquisición de vehículos automotores para las áreas de Seguridad y Defensa Civil, la colocación de luminarias en la red de alumbrado público, la instalación de un Puesto de Avanzada Policial en la localidad de Carlos Keen, la implementación del botón antipánico” y la realización de una serie de mejoras en la seguridad del basural municipal. Y si bien algunas de estas últimas iniciativas se llevaron a cabo y se licitó la adquisición de las 120 cámaras de video-vigilancia (las cuales están en proceso de instalación), todavía queda sin resolver la construcción del Centro de Monitoreo (que tuvo varias licitaciones fallidas), la compra de los equipos de comunicación encriptados, la implementación del botón anti-pánico y las mejoras en la seguridad del basural, entre otras medidas anunciadas pero nunca concretadas".

Por otra parte, señalan que "los 27 millones de pesos remitidos oportunamente por el Gobierno bonaerense están disponibles en el Municipio desde fines del año 2016, y habida cuenta que solamente una parte (que se desconoce con exactitud) de esa masa de recursos fue efectivamente destinada a las inversiones en seguridad, el resto debería aparecer en el saldo de la respectiva cuenta bancaria".

Finalmente, indican que "es de público conocimiento que, en lugar de haberse acelerado los procesos licitatorios para invertir los 27 millones de pesos en las medidas que tuvieran como objeto combatir la inseguridad, gran parte de esos recursos fueron destinados a la suscripción de Fondos Comunes de Inversión y Plazos Fijos que -al cierre del ejercicio 2017- habrían devengado intereses por casi 3 millones de pesos. Y al día de la fecha se desconoce el monto que el gobierno comunal ha destinado a las inversiones contempladas en la ley que regula el destino de los recursos del mencionado Fondo de Reparación, al mismo tiempo que es incierto el destino de los recursos que aún no se han invertido -más los intereses devengados de las operaciones financieras- y que deberían aparecer en el saldo bancario".

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