Luego de una investigación de la AFIP, se realizaron procedimientos en ambas eléctricas. Se investiga una maniobra por $ 350 millones para inflar gastos y así pagar menos impuestos. En la mira están también las empresas que proveen la documentación, todas pertenecientes al mismo dueño.

Allanan oficinas de Edelap y Edea por presunta evasión fiscal con facturas truchas

La Justicia allanó las oficinas de las empresas de distribución eléctrica Edelap y Edea, por supuesta utilización de facturas apócrifas en el marco de una causa por evasión fiscal que alcanzaría los 350 millones de pesos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín, tras una denuncia realizada por la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que acusa a las empresas de inflar gastos para pagar menos impuestos.

El organismo de control descubrió una supuesta fábrica de facturas "truchas", motivo por el que el juez ordenó la identificación de tres empresas proveedoras de las facturas, todas pertenecientes al mismo dueño, el 90% de ellas destinadas a ambas compañías distribuidoras de electricidad en la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes judiciales, "Edelap usó estas facturas por $150 millones, Edea lo hizo por $215 millones", por lo que se investiga el periodo comprendido entre los años 2015-2017, en el que ambas empresas pertenecían al grupo DESA, controlado por el empresario Rogelio Pagano.

Además de las oficinas de Edelap y Edea, los funcionarios judiciales realizaron procedimientos en los domicilios de las empresas en las que se emitían las facturas, una pequeña oficina ubicada en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y un domicilio particular en Bella Vista, perteneciente al partido bonaerense de San Miguel.

Según pudo conocerse, el monto de las facturas utilizadas por Edelap ascendería a los 150 millones de pesos, mientras que Edea lo habría realizado por unos 215 millones.

Desde Edelap y Edea se asegura que la investigación apunta a los proveedores de la documentación y no hacia las empresas eléctricas.

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