“Nuestro proyecto apunta a que la sociedad civil no se arme por la cuestión de inseguridad”, afirma el jefe del bloque de diputados del FAP, Marcelo Díaz. “Esta propuesta no va en contra de los legítimos usuarios, los que tiene otorgada una licencia, sino que busca concientizar contra el uso que se dé a este arma”, agrega.
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-Pero establece la prohibición del uso de armas por tres años.
-En realidad, la prohibición no va a ser por ese tiempo, sino hasta que se dicte una norma que regule la actividad. El le-gítimo usuario va a seguir siéndolo, pero fijando a su vez un reempadronamiento de todos.
-¿Cómo sería el reempadronamiento?
-El registro provincial de armas tiene todos los datos; puede ser a partir del vencimiento de la licencia o dentro de un plazo que se fije en la reglamentación.
-¿Y las armas ilegales?
-El espíritu de la ley no es el mercado ilegal; para esa instancia se establecen protocolos de celeridad para la destrucción de esas armas una vez incautadas. Porque acá hay muchos robos en juzgados y comisarías. Pero, fundamentalmente, lo que planteo es instalar el debate; no contra los que practican el tiro como un deporte, no contra los que hacen la caza deportiva, sino contra el concepto de que la sociedad civil no debe armarse por una cuestión de seguridad.
-¿Ustedes observan un aumento en el uso de armas?
-Estadísticas oficiales al respecto no hay, o no se dan a conocer. Pero existe un estado de situación muy preocupante, con una sociedad con miedo y crispación por la falta de seguridad. El 44 por ciento de los homicidios que suceden en la provincia de Buenos Aires son por conflictos personales, o por violencia de género, y un porcentaje importante de estos casos son ejecutados con armas de fuego. Si restringimos el uso de armas, y se aumenta la pena por el uso y tráfico de armas ilegales, esta situación disminuiría considerablemente.
