Política Provincial
20 de julio de 2013
POLEMICA
Mercedes: plazas y jardines, carísimos
El intendente Carlos Selva sumó una nueva denuncia penal. La tercerización en el mantenimiento de los espacios públicos del distrito destapó la olla y generó nuevas suspicacias. Empresas fantasmas, evasión fiscal a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sobreprecios y un desembolso cercano a $ 1.000.000
Un nuevo caso de corrupción salpica a la gestión del intendente de Mercedes, Carlos Selva. Una combinación de sobreprecios, empresas fantasmas, evasión al fisco y tercerización del servicio de mantenimiento de espacios públicos del distrito derivó en una denuncia penal presentada contra el alcalde de la ciudad, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Salomone, y el titular del área de Gobierno, Sergio López.
La investigación iniciada por el semanario local El nuevo cronista comprobó que el Municipio destinó una suma anual cercana al millón de pesos para cortar dos veces por mes el césped de once plazas y siete bulevares. En un relevamiento realizado por este medio y teniendo como referencia el tamaño de los espacios públicos, dos empresas dedicadas al rubro cotizaron los trabajos entre $ 379.000 y $ 410.000, casi tres veces por encima de lo remunerado por Selva.
Las firmas percibían $ 84.900 mensuales por las labores impulsadas para el cuidado de las plazas. Sin embargo, estas sociedades no poseían empleados ni herramientas para efectuar las actividades.
Por estos motivos y luego de conocer el entramado que se estaba ejecutando desde la Municipalidad de Mercedes, los concejales de la oposición desarrollaron una presentación judicial que recayó en la UFI Nº 1 de Delitos Complejos de Mercedes y extendieron el escrito a las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos por la presunta evasión de las firmas que nunca presentaron facturas a la comuna por los trabajos implementados.
En esta denuncia radicada ante el organismo conducido por Ricardo Echegaray, se encuentran los primeros síntomas preocupantes para la gestión de Carlos Selva. El Intendente sabe que los tiempos de la Justicia son demasiado lentos y le permitirá reacomodar “ciertos papeles” en esta ola de irregularidades, aunque, ante la AFIP, el mandamás mercedino dispondrá de escasas maniobras, ya que la entidad actúa de manera rápida y conociendo que el Municipio no fiscalizó celosamente el pago de impuestos.
En diálogo con Desafío Económico, el edil del Frente Mercedino para la Victoria, Juan Pablo López Baggio, subrayó que “consideramos que hay una responsabilidad política, por el desprecio del Concejo Deliberante en brindar información y otra penal que deberá investigar el fiscal para determinar si hay delito”.
El otro tema que despertó polémica está vinculado con la tercerización del servicio de mantenimiento en plazas y jardines. Sin embargo el oficialismo, lejos de despejar dudas, aumentó la incertidumbre y generó más suspicacias.
En una respuesta poco convincente por parte del secretario de Obras Públicas, Gustavo Salomone, argumentó que la decisión de privatizar la actividad en las once placitas y los siete bulevares fue por una necesidad física, ya que el personal estable de la dirección de Parques y Jardines se encontraba abrumado. En la misma sintonía aseveró que “llegado el momento veíamos que los canteros no se llegaban a limpiar y se tomó esta decisión, los empleados estaban sobrecargados”.
¿Empresas fantasmas?
Las dos contratistas para la manutención de plazas y bulevares poseen varias singularidades que acrecientan esta defraudación. Una de ellas está a cargo de Ángela Ilharreguy, una jubilada de 81 años que llamativamente se dio de alta como responsable inscripta en junio de 2012. El eslabón fundacional está dado en que la Municipalidad requirió de sus servicios entre agosto y diciembre de 2012, meses después de haberse anotado en la AFIP. El monto percibido fue de $ 69.500.
El concejal de Mercedes Independiente Comunal (MIC), José Cestari, subrayó a Desafío que “se abonaban poco más de $ 80.000 por mes a una persona de 81 años, una situación al menos llamativa, por no decir imposible”.
La segunda sociedad contratada por la gestión de Selva está a cargo de Raúl Ernesto Leguizamón. Casualmente, también se adhirió a la Administración Federal de Ingresos Públicos un mes antes de iniciar lazos con el Municipio. Fue en enero de 2013, mientras que el distrito lo convocó a desarrollar las tareas en plazas y jardines en febrero de este año, hasta junio. El Presupuesto que destinó el alcalde fue de $ 84.500 mensuales.
Sin embargo, esta historia está repleta de suspicacias. Los nexos entre la comuna y las empresas son menores a cinco meses, debido a que en caso de superar ese límite, el gobierno local tendría que efectuar una licitación pública. De esta manera, evita papeleos y lo realiza de manera directa y privada.
En este sentido, López Baggio ratificó a Desafío que “son empresas tercerizadas que cobraban partidas fraccionadas ya que no podían trabajar más de cinco meses para poder evitar el llamado a una licitación pública”.
Otra anomalía según señaló el semanario El nuevo cronista fue que la camioneta utilizada hasta junio de este año por la empresa presidida por Leguizamón es propiedad casi en su totalidad de Ángela Ilharreguy. ¿Ambas sociedades son lo mismo? Además de la evasión fiscal, ¿son empresas fantasmas? El vicio sería exponencial.
Por último, un interrogante más expande las desprolijidades en el caso del mantenimiento de plazas y bulevares. Las tareas vinculadas a la limpieza de los espacios públicos las estarían llevando a cabo empleados municipales, sin embargo, el servicio está tercerizado.
Desde la oposición alegan que vienen realizando pedidos de informes desde el año pasado, aunque nunca son contestados por el Ejecutivo. Además, López Baggio y Cestari coincidieron en que “es normal que no emitan respuestas sobre los pedidos de información, es una política cotidiana desde la gestión del Intendente”.
En tan sólo nueve meses (septiembre 2012 a junio 2013), la gestión del intendente Carlos Selva transitó bajo la lupa permanente. Tres casos de corrupción ponen en jaque a una conducción sospechada por irregularidades. El depósito de la recaudación de la Fiesta del Salame Quintero en la cuenta del titular de la oficina de Turismo de la comuna y la compra poco clara de 2.000 unidades de panes dulces a la hija de una funcionaria municipal del área de Desarrollo Social no bastaron para calmar los ánimos y reducir el grado de políticas suspicaces. Una vez más, Selva deberá dar explicaciones ante la Justicia, aunque ahora, también a la AFIP.
Una más y van...
En 2008, durante la madrugada, robaron gran parte de la recaudación de la Fiesta del Durazno. Había personal municipal implicado.
En septiembre de 2012, durante la Fiesta del Salame Quintero, la recaudación fue depositada en la cuenta personal del secretario de Turismo.
A fines de 2012, la comuna compró 2.000 panes dulces a la hija de una funcionaria local.
El último episodio fue la tercerización para el mantenimiento de plazas y bulevares.
Una maniobra que terminó en escándalo
La conmemoración que se realiza anualmente en Mercedes terminó en escándalo. La popular Fiesta del Salame Quintero llevada a cabo en 2012 quedó opacada por “vivezas y desprolijidades”. Cuando el evento parecía cerrar positivamente, tanto en las cifras recaudatorias como en la cantidad de público que se acercó a disfrutar y a degustar los productos artesanales, apareció un llamativo acontecimiento que tiró por la borda todo lo bueno.
Como en cualquier celebración, el Municipio forma mediante un decreto, una comisión organizadora. Esta delegación se encarga de llevar adelante la contratación de artistas, la conformación de los stands y el manejo de la recaudación, aunque en ningún momento la comisión planteó que los $ 240.000 percibidos sean depositados en la cuenta de un funcionario.
Así, el director de Turismo del Municipio, Marcelo Melo, depositó en su cuenta particular toda la recaudación de la Fiesta del Salame. Este episodio llevó a que el concejal del Frente Mercedino para la Victoria, Juan Andrés, presentara una denuncia penal que fue radicada en el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo del doctor Marcelo Romero. Además, desde la oposición alegaron que el funcionario estaría incurriendo en peculado.
El delito de peculado es definido en el artículo 261 del Código Penal de la siguiente manera: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo…”.
Silencio oficial sobre las plazas y los bulevares
Desde el oficialismo mercedino, la estrategia parece transitar por sacar de foco estas denuncias. “El secretario de Obras Públicas se manifestó en contra, argumentando que somos tirabombas, que es una maniobra política, sin embargo, lo único que hace es desviar la atención del tema, porque no dio precisiones sobre las plazas”, deslizó el concejal López Baggio a Desafío.
En la misma línea, el edil Cestari agregó que “el ingeniero Salomone no aclaró nada de lo vinculado a la denuncia, aunque sí expresó que los pedidos de informes y las presentaciones legales son para poner palos en la gestión”.
Por su parte, Salomone dijo que “no nos sorprende en absoluto, ya que está clara la operatoria planteada: primero sacan algo en un medio, piden informes y luego hacen la denuncia” y agregó que “vamos a ir a la Justicia con toda la documentación y vamos a demostrar la transparencia de la administración”.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 61 DE DESAFIO ECONOMICO