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Argentina
11 de junio de 2013
MACRI EN LA MIRA OTRA VEZ

Manejo discrecional de la metropolitana

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, contrató de manera directa a una empresa colombiana para brindarles cursos y capacitaciones a las fuerzas porteñas. Su visita al ex presidente Álvaro Uribe y los nexos con Alejandra Rafuls, amiga y madrina de uno de sus hijos

Manejo discrecional de la metropolitana
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El ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, ha realizado una tarea discrecional como mentor y conductor de la Policía Metropolitana. El episodio ocurrido en el hospital Borda desnudó las falencias y un sinfín de operaciones anómalas que se llevan a cabo desde la cartera.

A la represión y a la violencia injustificada que les trajeron grandes dolores de cabeza a Mauricio Macri y a Montenegro, se adicionaron contratos irregulares que llevó a cabo el funcionario de Seguridad. Por estos motivos, el legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, realizó un pedido de informes sobre un acuerdo por 66.000 dólares a través de la “caja chica” con la consultora colombiana Angel Total Solutions SAS. El fin de la contratación era desarrollar talleres de capacitación y reuniones sobre políticas de seguridad.

El “convenio de palabra” se dio en un viaje que el ministro Montenegro efectuó a Medellín, Colombia. El vuelo tenía como objetivo un encuentro con el ex presidente Alvaro Uribe, el jefe policial de Medillín y el dirigente político y miembro de Angel Total Solutions, Federico Gutiérrez Zuluaga. En principio, el líder de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscaba conocer los planes y proyectos en materia de seguridad que ejecutaban en la ciudad. Sin embargo, el funcionario de Macri fue por más y cerró un contrato directo con la empresa.

En diálogo con Desafío Económico, el legislador porteño Alejandro Bodart expresó que “Montengro viajó a Colombia con el jefe de la Metropolitana a ver a Uribe y es el ex presidente quien le presenta a Federico Zuluaga de la empresa Angel Total Solutions” y añadió que “Zuluaga se presentó a intendente de Medellín, pero sin éxito. El partido de Uribe atravesó una de sus grandes crisis porque se demostraron los vínculos de Uribe con fuerzas paramilitares”.

Luego de la visita a Colombia, Guillermo Montenegro determinó el 10 de abril a través de la resolución 159/13, publicada en el Boletín Oficial Nº 4.131, la contratación de la consultora Angel Total Solutions Sociedad por Acciones Simplificadas, para implementar cursos y capacitaciones en políticas de seguridad. En este acuerdo tácito, se abonó por Caja chica especial la cifra de u$s 66.000, dividida en tres pagos de u$s 22.000 cada uno.

Días después a la resolución ratificada por el jefe de la cartera de Seguridad, el 29 de abril de 2013, tres asociados (Paola Holguín Moreno, quien es la encargada de Asuntos Políticos en la embajada de Colombia en México, Anderson Valencia Arenas y Federico Gutiérrez Zuluaga) de la compañía colombiana viajaron a Buenos Aires para iniciar algunas de las actividades pautadas con Montenegro. Así, en el Boletín Oficial Nº 4.145 se puede observar la aprobación del desembolso de la primera cuota del contrato por un monto de u$s 22.000.

Bodart argumentó a Desafío que “es ridículo que vayamos a pedir justamente a Colombia asesoramiento para este tipo de actividades. No nos olvidemos de que es uno de los países que tiene más cantidad de asesinatos en el mundo”.

Hasta aquí, lo único fuera de la norma es la contratación directa; aunque hay otros datos que ensanchan los manejos discrecionales de Montenegro y Macri en la Policía Metropolitana. Un dato que revela el pago es la solicitud que el Ministerio gestionó para aumentar la Caja chica especial, que pasó de 50.000 pesos trimestrales vigentes al 7 de febrero a $ 250.000 a partir del 4 de abril. El incremento de estos fondos representó un 350 por ciento más y la suba se puede identificar cabalmente con la contratación de la firma colombiana.

Desde el oficialismo porteño alegaron en relación a la utilización de u$s 66.000 provenientes de la Caja chica especial, que “la cifra es correcta y remunerada en tres cuotas, pero se retiró de una partida especial, no de una caja chica. Se presentan las facturas y se utiliza ese dinero, algo que por ley tiene la posibilidad de hacer cada ministerio”.

Otro dato llamativo es que dos días antes de que se efectúen los actos violentos y represivos contra periodistas y pacientes del hospital Borda, la empresa Angel Total Solutions brindó un curso a la Policía Metropolitana, sin embargo, desde el Ministerio que conduce Montenegro afirmaron que estos tres asesores fueron los que desempeñaron el proceso de transformación urbanística de Medellín y toda Colombia.

Por último, en relación al desempeño de la Policía Metropolitana, el diputado Aljandro Bodart manifestó a este medio que “han armado una fuerza que poco tiene que ver con los valores democráticos, la han preparado para la mano dura. Cuando preguntamos en la Legislatura, aclararon que no tienen ningún tipo de protocolo para actuar ante una protesta social”.

¿Una empresa inmobiliaria?

La consultora que contrató Montenegro se encuentra radicada en Medellín y cuatro meses antes de que se concrete el acuerdo entre las partes, la empresa Angel Total Solutions figuraba en otro rubro.

En el entrecruzamiento de datos, Bodart afirmó a Desafío que “según el Registro Unico Empresarial y Social de la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, esta empresa no sólo no tiene ningún empleado, sino que hasta meses antes del contrato con el ministerio de Justicia y Seguridad, se dedicaba a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados bajo titularidad del mismo Zuluaga” y agregó que “otras de las irregularidades es que en Colombia no tienen empleados”.

Otro eslabón que deja más dudas que certezas es que en la página web de la compañía colombiana, en todo momento se hace mención a que uno de sus servicios principales es brindar soluciones integrales en materia de seguridad y convivencia ciudadana a gobiernos locales, regionales y nacionales en América latina, sin embargo, no existe más que “esa frase decorativa”, ya que no hay información sobre los proyectos esbozados con otros países, o incluso, los implementados en el mismo país, como así tampoco hay números o direcciones de correo para contactarse.

Por estos motivos, el proyecto de resolución presentado por Bodart y aprobado en la Legislatura solicita que se explique en base a qué criterios se contrató a dicha consultora para brindar servicio de asesoramiento y capacitación sobre diseño de políticas de seguridad y, además, que se especifique la trayectoria de la empresa como consultora en dicha materia, indicando fecha de inicio de actividad.

Por el desempeño de la Metropolitana y por las contrataciones directas que se desarrollan desde el ministerio de Justicia, Guillermo Montenegro está atravesando varios frentes judiciales.

Nexos con la madrina de uno de sus hijos

El sociólogo Andrés Pérez Esquivel, asesor del legislador del MST, Alejandro Bodart, fue uno de los investigadores que siguió de cerca la vinculación entre el ministro de Seguridad porteño y Alejandra Beatriz Rafuls, amiga íntima y madrina de uno de los hijos de Guillermo Montenegro.

Ininterrumpidamente, desde 2010 hasta la actualidad, Montenegro contrata a la consultora presidida por Rafuls. Por vía directa en la mayoría de los casos, o por un pliego licitatorio armado a imagen y semejanza de la madrina, Montenegro acude a la compañía denominada AR y Asociados.

La firma se dedica a la parte de prensa y muchos dicen que es la que aporta el blindaje mediático al Ministerio.

En relación a las contrataciones, en ocho ocasiones la cartera conducida por Montenegro apeló al decreto 752 (vía directa) para remunerarle a la firma AR y Asociados cifras que rondaban los $ 45.000 y los $ 120.000 mensuales. Los datos pueden identificarse en los boletines oficiales de la ciudad, como el caso de los números 3.561, 3.576, 3.602, 3.621, 3.648, 3.671, 3.706 y 3.736.

Un dato sugestivo y preocupante es que en el único llamado a licitación que realizó Montenegro y ganó la consultora de Rafuls, el bloque de Proyecto Sur aseguró que hubo presuntas irregularidades.

Montenegro se aseguró un blindaje mediático a través de su amiga Alejandra Rafuls, aunque claro, a cambio, el Ministro le paga con contrataciones directas.

Las causas que afronta Montenegro

Una de las causas que involucra a Montenegro es la modificación del valor en un contrato directo con la firma de la madrina de unos de sus hijos.

Otro frente es por el supuesto sobreprecio en la compra de armas, donde abonó cifras que cuadriplican el valor real.

Fue denunciado penalmente por la legisladora Lubertino por la represión en el Borda.

Según la respuesta que surja del pedido de informes presentado por Bodart, podría recibir otra denuncia.

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