23 de mayo de 2013
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Jaque mate a la oposición
En el tablero electoral, el oficialismo tiene en sus manos otra jugada de partido. La elección de consejeros para la Magistratura obliga a los antikirchneristas a juntar fuerzas para presentar una lista única en ese ítem, pero irían separados en las otras. Estrategia nacional
El oficialismo juega la partida en el tablero que preparó especialmente. La oposición está invitada, pero las reglas la condicionan, y hasta la fuerzan a una alianza que muy difícilmente se traduzca en un acuerdo homogéneo.
La elección de consejeros para la Magistratura, a instrumentarse por primera vez este año si la Justicia no hace lugar a la oleada de pedidos de inconstitucionalidad que lloverán tras la promulgación, servirá para nacionalizar unos comicios de carácter tradicionalmente provincial.
Detrás de esa lista de consejeros igual para todo el país habrá una campaña proselitista conducida por la presidenta Cristina Fernández, en el caso del Frente para la Victoria, y habrá una campaña en que la oposición deberá fingir empatía en cuanto a los consejeros, pero a su vez peleará entre sí por los cargos legislativos. Postura incómoda, y difícil de explicar de cara al electorado.
Con ansiedad, el antikirchnerismo espera la promulgación de la ley para correr hacia la Justicia con la intención de lograr la inconstitucionalidad y, de esta manera, frenar el sufragio para elegir miembros del organismo encargado de ordenar y remover jueces.
El Gobierno no apuró la promulgación mediante la publicación en el Boletín Oficial antes del plazo legal en que la ley quedará promulgada de hecho, a menos de veinte días del cierre de presentación de alianzas y adhesiones.
Entre los dirigentes de la oposición cada vez se hace más fuerte la sospecha sobre un presunto “acuerdo para que si la Justicia declara inconstitucional la ley, lo haga tras el proceso electoral”. Un operador del macrismo fue más allá y comentó ante La Tecla: “No importa qué pase después, ellos necesitan que se vote ahora, para nacionalizar la elección y, además, poder instalar un candidato a nivel nacional que eventualmente pueda ser el reemplazante de Cristina”.
Se conocen las intenciones del ultrakirchnerismo de impulsar a alguien del riñón y evitar, llegado el momento, pronunciarse a favor de dirigentes que aun dentro de su propia fuerza no les generan confianza. En ese cúmulo de posibles candidatos del riñón K figuran un par de gobernadores, algunos intentan hacer resurgir al vicepresidente Amado Boudou, y otros ven en Carlos Zanini o Juan Manuel Abal Medina una figura acorde para la continuidad del proyecto si no se logra la re-re de la Presidenta. En ese sentido, aparece como muy probable ahora la opción de colocar al secretario Legal y Técnico en una lista en la que estaría rodeado por jueces reconocidos, entre ellos quizá un miembro de la Corte.
Desde el momento en que se trató el proyecto, la movida magistral del Gobierno quedó expuesta, y ahora llegó la oportunidad de llevarla a cabo. La jugada puede poner en jaque a la oposición en cuanto a la estrategia electoral de cada uno de los partidos contrarios al kirchnerismo.
El meollo de la cuestión
El articulado de la ley establece que los candidatos al Consejo de la Magistratura deben aparecer en una boleta con un sello reconocido a nivel nacional, y con una adhesión de esa sigla política en no menos de dieciocho jurisdicciones. Esto obliga a que un frente electoral con intenciones de llevar candidatos al Consejo vaya con la misma denominación en dieciocho provincias. Hasta ahora es una meta sólo alcanzada por el Frente para la Victoria.
El diputado nacional, y apoderado del FpV, Jorge Landau, salió al cruce de las versiones que indican que son escasas las representaciones políticas capaces de cumplir con esa exigencia. “Hay 34 partidos nacionales en condiciones de inscribir candidatos”, dijo a La Tecla. Sin embargo, la mayoría de esos partidos está dentro de alianzas, y como ésta es una elección de cargos por provincias, para lograr tener una lista única de consejeros deberían replicar la misma alianza en dieciocho jurisdicciones como mínimo.
Todas las fuerzas consultadas por este medio reconocieron tener verdaderas dificultades para alcanzar el objetivo por sí solas. Incluso se le hace casi imposible a la propia Unión Cívica Radical, con sello establecido en todo el país, puesto que el centenario partido realiza diferentes alianzas provinciales, y eso conlleva a distintas nominaciones.
Para Landau, “no es una exigencia tan complicada, solamente tienen que ir con el mismo nombre en dieciocho provincias”. Para la oposición, en cambio, es un verdadero dolor de cabeza.
La UCR, el Frente Amplio Progresista, el partido Fe, el macrismo y el denarvaísmo, entre otras fuerzas nacionales y provinciales, reconocieron a La Tecla la intención de hacer una sola propuesta; es decir, una única lista que, con un nombre común en todo el país, aparecerá sola en el cuarto oscuro, sin adherirse a las boletas legislativas de los frentes que la impulsan.
“Creemos que la oposición debe hacer una propuesta única llevando a prestigiosos juristas; actualmente hay políticos que son verdaderas eminencias en el ámbito jurista, y tranquilamente pueden ser convocados para integrar la mencionada boleta”, resumió el diputado provincial Juan Carlos Juárez (FAP). Respecto de las alianzas, señaló que “se dará un debate razonable con los otros partidos, sabiendo que todos queremos que estas actitudes del Gobierno tengan un tope”. Es un sentimiento compartido por las demás expresiones.
La imposibilidad de la oposición de presentar en una sola papeleta las propuestas legislativas junto a las del Consejo de la Magistratura otorga otra ventaja al FpV, que sí lo hará y exhibirá en las mesas de votación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una prolija sábana de cuatro cuerpos, mientras los demás frentes tendrán tres cuerpos unidos y la orfandad de la nómina de consejeros.
Se vislumbra entonces una campaña algo insólita. Todas las alternativas opositoras deberán, por un lado, mostrarse juntas en el impulso de los candidatos al organismo de contralor de los jueces, pero, por otra parte, intentarán sumar para sí los votos anti K, y eso las llevará a enfrentarse en la carrera proselitista. Para el diván.
Este inconveniente creado a las actuales minorías es la movida con la que el Gobierno piensa proteger a su reina, poner en jaque a las propias alianzas opositoras y hasta colocar un alfil en posición de posible rey.