Municipios
20 de marzo de 2013
BAHIA BLANCA
Cámaras de seguridad con ¿sobreprecios?
En el distrito liderado por Gustavo Bevilacqua instalarán 150 dispositivos por un monto de $ 15.000.000. Del valor se desprende que cada artefacto tecnológico costará $ 100.000. En otras ciudades, adquirieron el mismo producto por una financiación cuatro veces menor. Una licitación con un valor inflado y un negocio distribuido en pocas manos
En el distrito liderado por Gustavo Bevilacqua instalarán 150 dispositivos por un monto de $ 15.000.000. Del valor se desprende que cada artefacto tecnológico costará $ 100.000. En otras ciudades, adquirieron el mismo producto por una financiación cuatro veces menor. Una licitación con un valor inflado y un negocio distribuido en pocas manos
En los últimos años, se ha desarrollado de manera inconmensurable en los distritos bonaerenses, la implementación de cámaras de seguridad acompañada de salas de monitoreo. El objetivo es reducir los índices delictivos, aunque los resultados finales no terminan de conformar.
Pero el efecto que deja la instalación de esta tecnología no sólo se mide en resultados, sino también en aspectos económicos. El distrito de Bahía Blanca anunció en 2013 el llamado a licitación para la colocación de 150 cámaras que formarán parte del Sistema de Prevención y Vigilancia por Imagen (SiPreVi). El monto presupuestado para la adquisición de los aparatos fue de $ 15.000.000.
El pliego licitatorio argumenta que en el valor total se encuentra incluido “un servicio de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha, como así también el monitoreo, grabación y gestión de las imágenes capturadas por las cámaras” y agrega que “la captura de imágenes deberá ser grabada en el Centro de comando y control de seguridad del Municipio”.
Con esta licitación, el distrito alcanzará la suma de 200 cámaras, ya que anteriormente contaba con 50.
Un dato que genera intriga en la localidad bahiense es conocer porqué Gustavo Bevilacqua optó por alquilar el servicio y no la compra de las cámaras, como lo realizó el intendente en uso de licencia, Cristian Breitenstein. En relación a esto, el edil de Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, remarcó a Desafío Económico que “el argumento por el cual alquilan las cámaras es que la desactualización tecnológica es muy rápida y la adquisición no tendría demasiado sentido, por eso deciden alquilar el sistema. No es un argumento claro”.
Lo llamativo del proyecto es el monto que la comuna liderada por Gustavo Bevilacqua abonará para la instalación de 150 cámaras. Desafío realizó comparaciones con otros distritos y con la misma comuna bahiense con respecto a los montos remunerados en operaciones para la compra de cámaras de seguridad.
¿Presupuesto inflado?
El municipio de Bahía Blanca, con Cristian Breitenstein al mando, adquirió 50 cámaras en 2011 por un valor de $ 3.800.000. La cifra estaba subdividida en tres partes: la primera fue orientada a la obtención e instalación de los 50 aparatos, convertidores y su hardware y software, por una suma de $ 1.250.000.
En segundo lugar, el proyecto contemplaba para el diseño, provisión e ingeniería de una Red de comunicaciones y la capacitación, una inversión de $ 2.350.000. Por último, el ítem asociado al Servicio de mantenimiento estipulaba un desembolso de $ 200.000.
Un año después, ya con Bevilacqua en el sillón de la Intendencia, el municipio decidió ampliar la colación de cámaras y armaron la licitación por 150 dispositivos más, a un precio final de 15 millones de pesos. El monto se desarticula a través del pago de 60 cuotas de $ 250.000. Realizando una estadística comparativa, si a las 50 cámaras obtenidas en 2011 las multiplicamos por tres para llegar a las 150 que desea agregar la gestión actual, el valor solventado por Breitenstein hubiese sido de $ 11.400.000.
A esta última cifra hay que enmarcarla en un contexto propicio. Como fue abonada hace dos años, el costo de cada aparato inevitablemente se ha incrementado, aunque también es necesario considerar que mientras más cantidad se adquiere, más se reduce el costo. De esta manera no es lo mismo la instalación de 50 cámaras que de 150.
“Lo que no sabemos es si el presupuesto está acorde a los precios que se manejan en el mercado”, afirmó a Desafío Woscoff.
Pero este caso anecdótico de un supuesto presupuesto inflado toma mayor relevancia con la comparación de instalaciones de equipos similares en otros distritos de Buenos Aires.
El 4 de febrero de 2013, en un conferencia de prensa, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, anunciaba la colocación de diez cámaras y una sala de monitoreo por la suma de $ 250.000. La empresa que obtuvo la adjudicación fue Global Data Internacional SRL (ver recuadro).
El alcalde del distrito manifestó que los artefactos serían emplazados en los ingresos de la ciudad y otros espacios estratégicos. Desmenuzando los valores remunerados por Durañona, el costo de cada cámara es de $ 25.000 y en caso de haber comprado 150 -como lo programado por Gustavo Bevilacqua- la cifra ascendería a los $ 3.750.000. No quedan dudas de que las 150 cámaras de Bahía Blanca por un precio de 15 millones de pesos significan un desfalco y un boicot a las arcas municipales.
Otro ejemplo esclarecedor se da en enero de este año. En la comuna de Tandil, liderada por Miguel Lunghi, se llamó a licitación para la puesta en funcionamiento de 84 cámaras por un costo de $ 2.600.000. Trazando un paralelismo, si el Intendente de la ciudad serrana hubiese adquirido 150 dispositivos, el valor que tendría que haber remunerado sería de $ 4.642.857, una partida muy lejana a la establecida por Bevilacqua.
En General Alvear, en 2011, se llamó a concurso para implementar 10 cámaras de seguridad. En la compulsa participaron seis empresas que tasaron la obra desde $ 259.000 hasta $ 318.000. Los números distan ampliamente de los $ 100.000 que cotizará cada aparato tecnológico en Bahía Blanca.
Pero para establecer parámetros que reflejen aún más la diversidad de comparaciones, sería necesario salir del territorio bonaerense. El 23 de febrero de 2013, en la provincia de Santa Fe, se abrió el sobre para la colocación de 600 cámaras de vigilancia por $ 40 millones. En el caso de que el Intendente bahiense hubiese instalado 600 dispositivos, tendría que haber contado con un financiamiento de 60 millones de pesos.
Claro está que luego de estas comparaciones, las suspicacias por el monto estipulado para “alquilar cámaras”, reaviva fantasmas de posibles sobreprecios. Aunque además, en la letra chica del expediente, parece haber ciertos fundamentos que no quedan demasiado claros.
Un monopolio que se reparte entre pocos
En 2010, Desafío Económico realizó una nota sobre el acotado mundo de los negocios en materia de cámaras de seguridad. En ésta, se resaltó que la repartición de las licitaciones en los distritos del Conurbano y algunas ciudades del interior de Buenos Aires, la acaparaban tres empresas.
Las compañías en cuestión son Globalview, Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), de la multinacional Telefónica, y Ubik2, una firma cuyos propietarios fueron vinculados por sus cercanías al kirchnerismo.
La primera de estas firmas es la que llevó a cabo la instalación de las 50 primeras cámaras en Bahía Blanca. Global View fue vendida por Mario Montoto por u$s 30 millones a la empresa japonesa NEC Corporation. Por otro lado, Montoto posee Codesur, una administración que está vinculada a varias empresas israelíes y compañías norteamericanas. A su vez, esta firma maneja toda la vigilancia electrónica de Capital Federal. Además, las ciudades de Tigre, Mar del Plata, Campana, Escobar y Lomas de Zamora son controladas por Global View.
Telefónica Ingeniería de Seguridad se quedó con las operaciones en los distritos de Avellaneda, donde colocó 120 cámaras, Berazategui y Florencio Varela. Al ser una compañía internacional, se desempeña en otros países como Brasil, México, España y Estados Unidos.
Por último, Ubik2 inició su labor en 2009 y concretó la licitación en Ezeiza (fue una de las primeras ciudades que implementó la instalación de cámaras de seguridad), Ituzaingó y la Costa.
El boom de las cámaras de seguridad
El punto de partida fue el Plan Nacional de Protección Ciudadana, iniciado en marzo de 2009. En éste se invirtieron aproximadamente 400 millones de pesos, de los cuales $ 200 millones fueron destinados para que los municipios de la provincia de Buenos Aires adquieran 5.000 cámaras de seguridad. Por otro lado, $ 5.400.000 fueron orientados a GPS, mientras que $ 27 millones fueron girados para la compra de celulares. Por último, el plan incorporó a 4.000 policías retirados, significando una inversión de $ 137 millones.
Los reiterados problemas en materia de seguridad en la Provincia han llevado a que los municipios incorporen estos artefactos para poder reducir el índice delictivo. Los resultados han sido a medias, ya que la problemática es más profunda que el monitoreo a través de dispositivos.
Una de las ciudades precursoras en materia de prevención fue Ezeiza, que en 2003 decidió incorporar una sala de monitoreo y patrulleros policiales para combatir el crimen.
A partir de ahí, gran parte de las comunas bonaerenses comenzaron a desarrollar políticas similares en seguridad. Pero en este boom de la instalación de las cámaras, los beneficiados fueron pocos: un puñado de empresas, relacionadas por las urgencias políticas, se quedaron con un negocio millonario.
Números dispares
En Bahía Blanca, el costo de cada cámara fue tasado en 100.000 pesos. Desmesurado.
En Tandil, en enero de 2013, se pagó por cada dispositivo 30.952 pesos. Tres veces menos que en Bahía Blanca.
En San Antonio de Areco, desembolsaron $ 25.000 por cada artefacto. Cuatro veces menos que en Bahía.
En Santa Fe, hace dos semanas, se cotizó a $ 40 millones la instalación de 600 cámaras, lo que representa un valor de 66.666 pesos por cada dispositivo.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 57 DE DESAFIO ECONOMICO