Política Provincial
9 de agosto de 2012
EN LA PROVINCIA
La pelea del oficialismo por el juego
Luego de que Scioli firmó el decreto que extiende las licencias de bingos, el Gobierno nacional avanzó sobre la idea de estatizar el juego bonaerense. Mariotto puso fecha al foro de discusión, y en los bloques del FpV iniciaron el debate en el ámbito parlamentario
La noticia dio vueltas en forma de rumor durante varias semanas, hasta que, a fines de julio, se concretó, a través del decreto oficial Nº 569. Con las cuentas en rojo, y extinguido el auxilio de Nación, el Gobernador, Daniel Scioli, había decidido obtener fondos propios mediante de un ingreso extra por el juego. Así autorizó la renovación por quince años más de las concesionarias de catorce salas de bingo de la Provincia.
Se aseguró de esta manera una entrada inmediata de 600 millones de pesos, que llegarán a 1.100 millones a fin de año.
Uno de los principales beneficiados con esta decisión es la firma Codere, encargada de regentear cinco de estas salas, que son las que generan el 70 por ciento de los ingresos del juego en el territorio bonaerense.
La noticia, si bien fue reconocida por todos los sectores como legal, ya que responde a facultades autorizadas al Ejecutivo, disparó un tema que hasta la fecha se había mantenido cautelosamente silenciado por el oficialismo, y apenas esbozado por un sector de la oposición: culminar con la tercerización del juego y “estatizar” la explotación de los bingos y salas de entretenimiento.
“No creo que esté mal que se ponga sobre la mesa la discusión de si la explotación del juego debe estar en manos de privados o del Estado. Es un debate político que se puede dar, es viable”, afirmó el ministro del Interior de la Nación, y potencial candidato a la Gobernación, Florencio Randazzo.
Fue cinco días después de que se publicó el decreto en el Boletín Oficial. A coro, uno de sus leales diputados de la Provincia, Mario Caputo, anunció la presentación de un proyecto de ley que cancelaría las actuales concesiones y establecería un nuevo orden, bajo la regencia exclusiva del Estado bonaerense.
Fernando Navarro, diputado del Movimiento Evita, también sumó su voz de ultra K y pidió “modificar la ecuación de las ganancias” por la cual el Estado debería percibir un mayor porcentaje en relación con el beneficio que obtienen los empresarios del sector.
Hoy la proporción es del 34 por ciento para el Estado y el 66 para la concesión.
Pero la lista de iniciativas se empezó a incrementar. Desde el Senado, la pata randazzista tuvo su protagonismo a través de la propuesta presentada por el legislador del FpV Alejandro Dichiara.
El ex intendente de Monte Hermoso propuso modificar el porcentaje en 45 y 55, además de algunas otras consideraciones. No habló de “estatizar”, pero habilitó la posibilidad de que los hipódromos de la Provincia (La Plata y San Isidro) puedan instalar tragamonedas en sus predios -una posibilidad hoy vetada por la ley-, y la mirada recelosa de los bingueros.
La CC reeditó los tres proyectos presentados por Martello en Diputados (ver detalle en cuadro); en tanto, desde Unión Pro Peronista, Alfredo Meckievi hizo lo propio con un proyecto de ley de estatización.
Atento y aguardando el momento, el vicegobernador se reunió con el presidente de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, Jorge Baino, un dirigente aliado del kirchnerismo.
Gabriel Mariotto convocó para el 12 de septiembre a un foro de debate sobre el tema. La fecha no es casual, ya que coincide con el día -trece años atrás- en que la Convención Constituyente aprobó el artículo 37, que deja en manos del Estado la potestad sobre el juego. El titular del Senado se metió en el debate, pero sin que lo rocen las polémicas. Habilitó todos los proyectos y avaló la legalidad del decreto sciolista, aunque dejó en claro que hubiera preferido que tal decisión fuera por otras vías, de mayor consenso. En el Anexo del Senado, en reserva, se habla de una decisión tomada.
El Gobierno nacional tendría armada la ingeniería para tomar posesión del juego. Claro que sin la sociedad de Scioli. Pero hasta la fecha esa intención sólo se escuchó en tono de rumor.
Codere y Boldt S.A. son dos de las firmas que mayor incidencia tienen hoy en la explotación del juego en la Provincia. La primera es una empresa de origen español, que logró expandir su negocio de las tragamonedas por gran parte del continente. En Argentina hizo pie de forma estratégica en Buenos Aires, de la mano de Eduardo Duhalde y, luego, de los sucesivos cambios de mando. Hoy regentea catorce bingos, que le otorgan un balance anual (en 2011) de 553,2 millones de euros. Esta cifra significa el 40,25 por ciento del ingreso que obtiene en toda Latinoamérica. Sin duda, un gran negocio.
Boldt, en tanto, es la empresa creada por don Antonio Tabelli, hoy regenteada por todo el clan familiar. Es la encargada del sistema de control online de las apuestas de quiniela y las tragamonedas. Además, es accionista de Trilenium S.A., que controla el 50 por ciento del casino de Tigre. En la actualidad la firma se subdividió de una forma conveniente (ver gráfico).
Nueve años después de haberse sancionado la ley 13.063, que fijó el actual porcentaje de reparto del juego (sobre lo jugado, el 15 por ciento sería para utilidades y el 85 por ciento para los premios. Del 15, el operador obtendría el 66 por ciento y el Estado el 34). El oficialismo inicia un proceso de discusión sobre esta ecuación y, desde algunos sectores, se menciona la posibilidad de culminar las concesiones y estatizar la banca.
A muchos llamó la atención que fuera Randazzo el vocero del tema, ya que el actual funcionario K fue la mano derecha de Felipe Solá cuando el entonces Gobernador promovió la 13.063, y extendió las concesiones de las empresas del juego mencionadas. En ese momento, el logro del Gobierno fue incrementar el canon empresario, pero de ninguna manera se puso en discusión la posibilidad de estatizar. Boldt y Codere tenían el dominio que sostienen hoy.
El sciolismo, en tanto, con varios frentes de batalla abiertos, evalúa qué hacer al respecto. A fin de año vence la concesión del control de las apuestas online de las 3.700 terminales de quiniela y las tragamonedas instaladas en 14 bingos de la Provincia. Un servicio brindado hoy por Boldt y que genera un gasto de 3.500 millones de pesos por año.
La firma de Tabanelli logró frenar la licitación en marcha a través de una impugnación (por inconstitucionalidad) que fue atendida por la Justicia.
Sin pliego, el sciolismo evalúa dos variables: tomar el control o extender por decreto el contrato actual. Esta última posibilidad implicaría un choque fuerte con un sector del kirchnerismo nacional que resiste a Boldt y quiere dar la entrada al negocio al empresario K Cristobal López.
Es conocida la denuncia del vicepresidente cuando señaló a la firma de Tabanelli como responsable de una campaña sucia en su contra. De todas maneras, la relación de López con CFK no es tan sólida como lo fue con el fallecido mandatario Néstor Kirchner.
La situación está en plena ebullición y genera el interés de todos los sectores, ya que estamos hablando de la caja más potente de la Provincia.
Ninguno quiere quedar fuera de este control, ya que el próximo año se imponen elecciones legislativas, que serán la prueba de fuego para la Presidenta y, también, para quienes aspiran al sillón provincial.