26 de mayo de 2011
UN TECHO PARA MIS HIJAS
Altieri, a ambos lados del mostrador
Un complejo habitacional financiado por el Instituto de la Vivienda terminó siendo adjudicado a familiares del intendente. ¿Pinamar, atendido por sus dueños?
Juez y parte. Adjudicador y adjudicatario. De los dos lados del mostrador, Altieri. El jefe comunal de Pinamar aparece envuelto en una turbulencia de la que, parece, no le será sencillo escapar. La construcción de un complejo de viviendas sociales, allá por el año 2000, lo tiene implicado en una denuncia por demás engorrosa: si se confirman los dichos del abogado denunciante, Lucas Ventoso, Altieri habría recibido, a través de socios y amigos, financiamiento del Instituto Provincial de la Vivienda para llevar a cabo un complejo habitacional cuyas unidades, menos de la mitad de las proyectadas, y con el doble de superficie, terminaron siendo adjudicadas a familiares directos y funcionarios de su gestión.
La trama contra Altieri es, aunque cueste creerlo, mucho más profunda. “Esta es una causa que se sigue al intendente por asociación ilícita y lavado de dinero. En ese contexto me ponen en conocimiento de estos elementos de prueba, que involucran siempre a las mismas personas: Eduardo Oricchio, Luis Abruzzese y el propio intendente”, afirma a La Tecla Lucas Ventoso.
El escándalo por la adjudicación de las viviendas data de junio de 2000. Según la denuncia de Ventoso, a comienzos de ese mes se constituyó legalmente la fundación ECO-PINAR, de la que participaba la secretaria de Carlos Oricchio, socio de Altieri en la empresa Pinar del Mar S.R.L., y cuyo domicilio legal estaba situado en una oficina del propio Oricchio en
La Plata.
Apenas 24 horas después de su conformación, la institución firmó con el Instituto de la Vivienda de la Provincia un acuerdo mediante el cual se prestaba una asistencia financiera de 2.025.000 pesos-dólares para la construcción de “ciento cincuenta viviendas de un mínimo de 52 metros cuadrados”, según consta en el “Convenio solidaridad” número 09 127 00. En septiembre de ese año, la fundación designó un poder especial para trámites administrativos a nombre de Oricchio y Luis Abruzzese, un intermediario cercano a ambos. El anticipo, de 25%, fue pagado casi de inmediato.
Los terrenos para la instalación del complejo fueron comprados a un particular a través de una inmobiliaria, propiedad del intendente, que embolsó por su participación en el negocio el 4% del total, según puede verse en el acta de compra venta de los terrenos: “La inmobiliaria Altieri, representada por Amalia Altieri, ha intervenido en la presente compraventa quien percibirá de ambas partes el 4%”, consta en el documento. Hoy, el metro cuadrado en esa misma manzana -cercana a la zona del Golf Club- cotiza por encima de los 400 dólares, según informaron agentes de bienes raíces locales.
Consumada la venta de los terrenos, se avanzó en la construcción de sólo 24 de las 150 viviendas pautadas, que, además, terminaron siendo ocupadas por familiares directos del intendente. ¿Qué pasó con el resto de las viviendas? No se sabe. ¿Y con el dinero? Tampoco. “No está documentado en el expediente la recepción, el saldo de dinero y cuántas construcciones se hicieron. Esto es lo que investiga ahora la justicia”, afirma Ventoso. El cartel de obra emplazado durante la construcción habla de apenas 48 viviendas, que terminaron teniendo el doble de la superficie cubierta, lo cual las hace “más acorde con el estándar de vida de las personas que de hecho las terminaron ocupando”, como se lee en el escrito.
Los nombres de María Elena Altieri, María Constanza Altieri y María Laura Altieri, hijas y sobrinas del intendente, figuran en la guía telefónica como los ocupantes de los departamentos 4, 11 y 3 respectivamente. Los datos fueron chequeados por La Tecla a través de la versión digital del directorio telefónico.
No hay, en la municipalidad ni en el instituto, constancia de quiénes habitan allí. En el expediente de adjudicación figuran únicamente las firmas de los beneficiarios: “Todos ellos -excepto el concejal Aquiles Linfante- tomaron la precaución de no aclarar su firma, ni de poner su DNI para no ser identificados”; sostiene Ventoso.
Convenio solidaridad
El “Convenio solidaridad” es el marco en el que se desarrollan las actuaciones del Instituto de la Vivienda para este caso. De acuerdo a lo que consta en su articulado, deberían haberse construido “en un todo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Provincial 3201/70 y Resolución Reglamentaria IVBA 1784/92”. El convenio establece la letra chica del financiamiento: “el aporte financiero será reintegrado por los preadjudicatarios y en hasta quince años” con una tasa “no mayor del uno por ciento de interés anual sobre el saldo deudor”.
El decreto citado como marco regulatorio establece de manera explícita quiénes son los destinatarios del financiamiento del IVBA: “un amplio sector de la población de bajos ingresos y/o limitada capacidad de ahorros”. La caracterización no parece aplicable a los hijos de Altieri, propietario de una inmobiliaria y varias empresas y jefe comunal de Pinamar desde 1991. Mucho menos cuando se tiene en cuenta que son apuntadas como socias de firmas “millonarias”.
Desde el instituto echan culpas sobre la gestión de quien estaba a cargo por entonces, Pablo Sanguinetti. Sin embargo, afirman que, en el marco de un plan de regularización dominal que se está llevando a cabo, inspectores del IVBA se acercaron para censar quiénes eran los ocupantes del complejo, no obstante lo cual no consiguieron respuestas.
El intendente se limitó a garantizar la legalidad de los actos administrativos y la legitimidad de la adjudicación. Además, reconoció una amistad con Oricchio y Abruzzese. De vacaciones en Puerto Rico, fue imposible ubicarlo.
Otro aspecto complejo es qué puede pasar con aquellos compradores de “buena fe”, que adquirieron los dúplex desconociendo que se trataba de viviendas sociales construidas bajo un riguroso marco legal y que hoy no pueden escriturar su adquisición. Esa, sintetiza Ventoso, es la “gran estafa”.