20 de junio de 2010
LO DECIDIO LA CORTE
El 60% de la publicidad oficial debe ir a los diarios más grandes
El máximo tribunal aceptó una propuesta de la provincia de Neuquen por una demanda que inició Editorial Río Negro. Sentó precedente
El mismo día que la Corte rechazó la medida cautelar que suspendía la Ley de Medios –una decisión aplaudida por el Gobierno–, dictó otro fallo sobre el manejo de la publicidad oficial que pasó desapercibido. Es la primera vez que el máximo tribunal fija una postura sobre cómo debería distribuirse la pauta de los medios de comunicación, un tema sensible para el Poder Ejecutivo, que pasó de desembolsar en forma discrecional $ 46 millones en ese rubro, en 2003, a $ 829 millones el año pasado.
El martes pasado, la Corte aprobó una propuesta de reparto de publicidad oficial presentada por el gobierno de Neuquén, luego de que fuera intimado en el marco de la denuncia judicial por discriminación realizada por el diario Río Negro, en 2002. Si bien la resolución tiene alcance en esa provincia, sienta un precedente en un terreno en el que existe un vacío legal. Sólo Tierra del Fuego tiene un decreto que establece parámetros sobre qué es y cómo se reparte la pauta.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni, la Corte aprobó el plan elevado por Neuquén. Antes, había rechazado una primera propuesta por considerarla poco razonable. En lo conceptual, los magistrados determinaron que es necesario establecer un “piso” o “umbral mínimo” que asegure la distribución igualitaria a todos los medios de la misma categoría y evitar la “discrecionalidad”.
El esquema aceptado, válido sólo para medios gráficos, distingue tres tipos de publicidad y establece criterios cuantitativos y cualitativos para repartir la torta. En primer lugar, la de actos de gobierno. Esto comprende licitaciones y avisos legales (como edictos, concursos para cargos y convocatorias) y determina que serán publicados, además de en el Boletín Oficial, en los dos diarios de mayor circulación.
En segundo término, está la publicidad institucional. Esa definición refiere a campañas de prevención de salud, seguridad, educación y también información sobre programas y planes de interés para la población. En este caso, el 60% de los fondos asignados corresponderán en partes iguales a los periódicos que acrediten más de 10 mil ejemplares diarios. Y el otro 40% será para publicaciones pequeñas, de alcance local o que representen minorías o asociaciones civiles.
Por último, la publicidad de bienes y servicios prestados por el Estado deberá distribuirse según un criterio cualitativo, teniendo en cuenta el receptor del mensaje.
El caso de Editorial Río Negro, que edita el diario del mismo nombre, comenzó en 2002, cuando el entonces gobernador Jorge Sobisch suspendió en forma intempestiva la adjudicación de publicidad al periódico luego de que difundiera un escándalo de corrupción que lo salpicaba. Era un intento de soborno revelado por el diputado radical Jorge Taylor que involucraba a funcionarios provinciales.
En septiembre de 2007, la Corte dictaminó que no se podía discriminar y obligó a la gestión, ahora encabezada por Jorge Sapag, a realizar una propuesta para establecer reglas estrictas.
Luego de la última resolución, intimó al gobierno provincial a ejecutar el nuevo esquema normativo en un plazo de hasta noventa días.
Durante el debate parlamentario de la Ley de Medios, la oposición intentó incluir en la norma un capítulo sobre la pauta oficial. En su momento, el kirchnerismo se negó y sólo incorporó un párrafo que hace referencia a la necesidad de regular el rubro.