14 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Fotomultas: las transferencias de una caja millonaria bajo sospecha
A meses de su vencimiento, el convenio vuelve al centro del debate: solo el 24% de lo recaudado queda en las arcas de General Pueyrredón, mientras crecen las dudas sobre costos, operadores y el verdadero destino de miles de millones.
La caja de las fotomultas vuelve al centro de la escena en el Concejo Deliberante y amenaza con abrir uno de los debates más incómodos para la política local ¿Quién se queda con la plata y bajo qué condiciones?
A meses del vencimiento del convenio firmado en 2021 entre el Municipio y la Universidad Nacional de San Martín, la oposición puso el foco en un esquema que, lejos de cerrarle a las arcas municipales, podría estar drenando recursos millonarios en medio de un contexto de déficit. El dato que sobrevuela toda la discusión es tan simple como explosivo: de cada $100 que paga un infractor, apenas $24 quedan en el Municipio, mientras que $56 van a la universidad y $20 a la Provincia.
Con números en la mano, el planteo escala rápido. En 2025, el sistema de fotomultas le reportó al Municipio unos $1.100 millones, mientras que para 2026 se proyectan ingresos por $1.400 millones. Según las estimaciones que empezaron a circular en el Concejo, la Universidad Nacional de San Martín podría estar recibiendo alrededor de $3.200 millones este año por su participación en el sistema.
Ahí es donde la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política. La oposición no solo cuestiona el reparto, sino también el costo total del esquema y, sobre todo, qué se obtiene a cambio. El convenio incluía desde la instalación de radares hasta capacitaciones y acciones de educación vial. Sin embargo, ahora se exige saber cuántas de esas tareas se realizaron efectivamente, con qué alcance y a qué costo real.
El punto más delicado, sin embargo, aparece cuando se pone la lupa sobre la operatoria del sistema. El convenio establece que la universidad no podía delegar sus funciones en terceros sin autorización municipal. Pero en el recinto ya empezó a insinuarse que detrás del esquema podría haber más actores de los que figuran en los papeles. Sin afirmaciones directas, el mensaje quedó flotando: nadie tiene del todo claro quién opera los equipos ni cómo se estructura el circuito de facturación.
En paralelo, también se empieza a discutir el mecanismo elegido en su momento. El acuerdo con una universidad pública evitó el camino de una licitación abierta y, además, habilitó un esquema de facturación con beneficios impositivos que hoy vuelve a estar bajo cuestionamiento. Para la oposición, ese “atajo” podría haber encarecido el sistema en lugar de hacerlo más eficiente.
Todo esto se da en un contexto donde las cuentas municipales están en rojo. Con un déficit que, según cómo se mida, oscila entre los $7.500, la discusión por el destino de cada peso gana otra dimensión. En ese marco, los millones que se van por el sistema de fotomultas empiezan a ser leídos como un lujo difícil de sostener.
Aunque el discurso oficial siempre lo vinculó a la seguridad vial, la percepción de que las cámaras funcionan más como una herramienta recaudatoria que preventiva vuelve a colarse en el debate. La vieja acusación de “caza-bobos”, aun sin ser enunciada de forma directa, reaparece con fuerza.
Con el reloj corriendo hacia diciembre, cuando el convenio entre en su tramo final, el escenario está abierto. Si el Ejecutivo no se pronuncia, la renovación podría ser automática. Pero la presión política ya empezó a crecer y el planteo opositor apunta a otra dirección, cortar con el esquema actual y avanzar hacia una licitación que abra el juego a empresas privadas y, sobre todo, modifique la distribución de los ingresos.
En definitiva, lo que está en discusión ya no es solo un convenio. Es un sistema que mueve miles de millones, que impacta directamente en el bolsillo de los vecinos y que, por primera vez en años, empieza a ser revisado con lupa en el Concejo.