27 de febrero de 2026
PROYECTOS CLAVE
Reformas en juego: sesión clave del Senado antes del mensaje presidencial
La Cámara alta tratará primero los cambios laborales y luego la baja de la edad de imputabilidad, en un día determinante para el oficialismo.
El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y de Régimen Penal Juvenil, en lo que será una sesión clave para el oficialismo en el tramo final de las sesiones extraordinarias. La discusión se desarrollará en la antesala del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa. Según el orden del día, primero se tratará la reforma laboral y luego la modificación del régimen penal para menores.
La reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone cambios profundos en las relaciones de trabajo, con modificaciones en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y el derecho de huelga en servicios esenciales. Entre los puntos centrales, establece que las indemnizaciones se calcularán únicamente sobre el salario básico —sin incluir aguinaldo, vacaciones ni premios— y podrán abonarse en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes. Además, se fija una jornada máxima de 12 horas, con 12 horas obligatorias de descanso, y se habilita un esquema de compensación de horas extra en lugar de su pago adicional.
La sesión fue convocada para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44, el cual proponía reducir los salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. De obtener la sanción definitiva, el oficialismo sumaría una nueva victoria parlamentaria, tras la aprobación en diciembre de las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.
En cuanto al Régimen Penal Juvenil, el proyecto aprobado el jueves pasado por Diputados reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y prevé un abanico de sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. La iniciativa contempla que los menores no sean alojados junto a adultos y prioriza sanciones alternativas a la cárcel para delitos con penas menores a tres años o de entre tres y diez años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, con un enfoque orientado a la resocialización.