4 de febrero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
La Justicia Federal cita a funcionarios marplatenses por la polémica concesión del Minella
El avance de la investigación por presunto lavado de activos en la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo institucional para la gestión municipal: el Secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, y el titular del EMDER, Sebastián D’Andrea, deberán declarar ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora el próximo 24 de febrero.
La investigación que vincula los movimientos de la financiera Sur Finanzas con el mundo del fútbol y la política marplatense ha escalado un peldaño determinante en la Justicia Federal. Tras los procedimientos realizados en diciembre pasado, que la administración local calificó inicialmente como "trámites menores", el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora dispuso el llamado a declaración testimonial de dos piezas clave del gabinete municipal: el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Sebastián D’Andrea. Ambos funcionarios deberán comparecer el 24 de febrero para brindar explicaciones sobre el proceso que derivó en la entrega de la administración del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas a la firma Minella Stadium SA.
El foco de la Justicia apunta a la estrecha relación entre la estructura financiera investigada y los actores que facilitaron el desembarco de la concesionaria en Mar del Plata. En el centro de la escena aparece Eduardo Spinosa, exdirigente del Club Atlético Banfield, de la ciudad homónima, y figura clave en la apertura de sobres de la licitación local. Spinosa, señalado como el nexo con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia, es el hilo conductor que une a la financiera bajo sospecha con el pliego de licitación municipal, el cual exigía explícitamente a los oferentes contar con avales o vínculos directos con la entidad madre del fútbol nacional.
La Justicia Federal no solo busca desentrañar el entramado político, sino que ha ordenado una pericia técnica y financiera de alta complejidad sobre la operatoria de Sur Finanzas. El dictamen judicial solicita determinar si existieron desvíos de fondos no declarados en los balances de los clubes involucrados y si los contratos de "sponsorización" de la financiera se correspondieron con prestaciones reales o si, por el contrario, funcionaron como una pantalla para maniobras ilícitas. En este sentido, la auditoría buscará evidencias de "activaciones publicitarias efectivas" frente a los montos millonarios abonados, comparando además las tasas de interés pactadas en préstamos y descuentos de cheques con los valores vigentes en el mercado financiero de aquel momento.
En el ámbito local, esta citación judicial agudiza la tensión que ya se respiraba en torno a la concesión. Desde que se hicieron públicos los primeros requerimientos de documentación en las dependencias municipales, sectores opositores han presionado por el acceso total a los expedientes, denunciando una falta de transparencia en la adjudicación. La situación se volvió aún más sensible en las últimas semanas, luego de que Minella Stadium SA comenzara a exigir cánones operativos a los clubes locales —como Aldosivi y Alvarado—, ignorando ordenanzas vigentes que protegen a las instituciones de la ciudad, mientras el avance de las obras edilicias prometidas para el estadio sigue sumergido en prórrogas administrativas.
El llamado a testimoniar de Martinelli y D’Andrea marca el fin de la etapa de "colaboración documental" para dar paso a una instancia de responsabilidad institucional. Mientras la AFA, a través de sus asesores legales, intenta despegarse de la causa argumentando que se trata de un conflicto estrictamente financiero de un tercero, la trama marplatense queda expuesta a la verificación de si el patrimonio público de la ciudad fue entregado a un consorcio cuya arquitectura financiera hoy está siendo diseccionada por un presunto perjuicio patrimonial y lavado de activos. El testimonio de los funcionarios ante el juez Federico Villena será determinante para conocer cuánto sabía el municipio sobre el origen y la solidez de los fondos que hoy manejan el principal escenario deportivo de la región.