18 de diciembre de 2025
POLEMICA QUE SE VIENE
El costo judicial de las multas: anulación, devoluciones y causas penales
La denuncia por irregularidades en el sistema de control vial amenaza con un fuerte impacto económico y político. El rol de Jorge D´Onofrio y las consecuencias para las arcas bonaerenses
Un empresario bonaerense se presentó ante la Justicia como particular damnificado en una causa penal que investiga presuntas exacciones ilegales, fraude a la administración pública y posibles connivencias entre funcionarios y empresas privadas en el sistema de control vial de la provincia de Buenos Aires. La denuncia apunta al uso indebido de equipos de control semafórico y coloca bajo la lupa decisiones administrativas tomadas durante la gestión de Jorge D’Onofrio al frente del Ministerio de Transporte.
El denunciante es Matías Germán Trejo, titular de la empresa Smart Vial S.A.S., quien sostuvo ante la fiscalía que es propietario y desarrollador de los dispositivos utilizados para el control de semáforos y labrado de infracciones. Según consta en el expediente, entre 2020 y 2021 Smart Vial mantuvo un convenio comercial con la firma TN Group, que finalizó a comienzos de 2022. Tras la ruptura del vínculo, Trejo notificó formalmente al Ministerio de Transporte que la empresa ya no contaba con autorización para utilizar sus equipos ni su marca.
Pese a ello, de acuerdo a la denuncia, TN Group habría continuado utilizando y reproduciendo los dispositivos sin consentimiento, instalándolos en distintos municipios y declarando falsamente la marca Smart Vial como propia. Esa operatoria habría derivado en la generación de miles de infracciones de tránsito presuntamente ilegítimas, con cobros que afectaron tanto a particulares como al erario público.
El escrito judicial sostiene que estas instalaciones irregulares se habrían realizado con presunta connivencia de funcionarios del Ministerio de Transporte, que durante la gestión de Jorge D’Onofrio habrían renovado el Registro de Proveedores sin verificar la autorización del titular de los equipos. En ese marco, la causa investiga posibles delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración pública y exacciones ilegales, además de eventuales conveniencias ilícitas entre funcionarios y privados.
Trejo afirmó que existen cientos de equipos instalados sin su consentimiento, lo que le provocó un daño patrimonial, comercial y de propiedad intelectual directo y concreto. También aseguró haber denunciado la situación en reiteradas oportunidades durante 2022, 2023 y 2024, sin obtener una respuesta efectiva hasta la reciente intimación oficial para que TN Group cese el uso de la marca Smart Vial.
Con esta presentación, el empresario solicitó ser reconocido como particular damnificado, acceder al legajo digital de la causa y participar activamente en la investigación, que podría profundizar el análisis sobre el funcionamiento del sistema de control vial y las responsabilidades políticas y administrativas durante la anterior conducción del Ministerio de Transporte bonaerense.
Si la Justicia determina que los equipos de control vial fueron utilizados sin autorización válida, las multas labradas con esos dispositivos podrían quedar expuestas a un proceso de nulidad, al tratarse de actas emitidas con un vicio de origen. Esto abriría la puerta a reclamos de devolución del dinero por parte de los conductores sancionados y a eventuales acciones colectivas, con impacto directo en las arcas municipales y provinciales. Además, si se comprueba que hubo conocimiento, aval o tolerancia por parte de funcionarios, el Estado podría enfrentar demandas por responsabilidad patrimonial y la investigación penal podría ampliarse hacia delitos como exacciones ilegales, fraude a la administración pública y abuso de autoridad, trasladando el conflicto del plano administrativo al político y judicial.