En una ciudad atravesada por episodios de violencia cada vez más frecuentes, la figura del secretario de Seguridad queda cuestionada por la falta de respuestas inmediatas y la lentitud de su gestión. Pese a los anuncios y las promesas de coordinación, los vecinos no perciben mejoras y crece la sensación de que el funcionario no logra controlar una crisis que se agrava día a día

Quién es Diego Pepe, el responsable de la (in) seguridad en La Plata

La gestión del secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, enfrenta una serie de cuestionamientos que se profundizaron en los últimos meses en paralelo al incremento de los hechos delictivos en la ciudad.

El responsable de la seguridad capitalina es actual, es abogado especialista en derecho procesal. A lo largo de su carrera, ha ejercido funciones públicas significativas, incluyendo su rol como ex-Asesor del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, ex-Asesor del diputado provincial Walter Abarca y ex-Director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Actualmente, también preside el Club CRISFA (Centro Recreativo Infantil San Francisco de Asís).

Entre las principales observaciones dirigidas al funcionario se encuentra la falta de presencia policial sostenida en las calles, incluso en sectores históricamente conflictivos; el cierre o abandono de casetas de seguridad ubicadas en distintas plazas; y el deterioro del alumbrado público en corredores clave, donde la oscuridad se convierte en un factor que favorece robos y arrebatos.

Casetas de seguridad como depósito en las plazas platenses

A estas críticas se suman las demoras en la actualización del sistema de monitoreo urbano, particularmente en la renovación de cámaras fuera de servicio y en la ampliación de equipamiento destinado a reforzar la prevención. Aunque desde el municipio insisten en que trabajan con limitaciones materiales y en coordinación con la Provincia, múltiples sectores políticos y vecinales sostienen que este diagnóstico no se traduce en mejoras verificables en la vía pública.

Paralelamente, La Plata atraviesa una seguidilla de episodios violentos que alimentan la percepción de deterioro acelerado de la seguridad. En un lapso de apenas dos semanas se produjeron hechos de fuerte impacto: un vecino baleado en el barrio Las Nuevas Banderitas durante un robo; un asalto armado a una cafetería en 6 y 38; el arrastre de una joven en Tolosa mientras intentaban robarle la cartera; una serie de entraderas y daños en viviendas del Hipódromo; el secuestro y abuso sexual de una mujer de 25 años en City Bell, con un sargento de la Policía Bonaerense detenido como principal sospechoso; y el homicidio de la médica psiquiatra Virginia Franco en su domicilio.

Una mujer fue asaltada y arrastrada en Barrio Norte

También se registraron robos domiciliarios en la zona de Cementerio, balaceras en Villa Elvira y caravanas de motos circulando sin control en el casco urbano. Para muchos vecinos, la acumulación de estos episodios configura una escalada inédita y una sensación de vulnerabilidad creciente.

En este marco, el Concejo Deliberante avaló el proyecto que habilita al intendente Julio Alak a contratar por tres años un nuevo sistema de videovigilancia. La iniciativa prevé la incorporación de 400 puntos de cámaras, 50 lectoras de patentes y un costo total que asciende a 10.728 millones de pesos, distribuidos en pagos mensuales de 298 millones. La única oferente en la licitación fue la empresa Danaide S.A.

Según explicó el secretario Diego Pepe, la instalación completa de las 1.200 cámaras proyectadas requerirá 180 días desde la firma del contrato, lo que plantea un horizonte de medio año para que el sistema esté en funcionamiento pleno. Hasta que ese despliegue se concrete, la ciudad continuará dependiendo del actual esquema de patrullaje y de un alumbrado que presenta fallas persistentes en zonas críticas señaladas desde hace meses por vecinos y comerciantes.

Desde la oposición, las advertencias se intensifican. El concejal radical Diego Rovella afirmó en diálogo con Desconfiados que la situación ya modificó la vida cotidiana en barrios como Tolosa, donde, según describió, “a las seis o siete de la tarde ya no anda nadie y la gente tiene miedo”.

Aunque atribuye la responsabilidad primaria en materia de seguridad a la Provincia, insistió en que el municipio “debe hacer más”, sobre todo en lo referido a iluminación, transitabilidad y control territorial. Rovella también alertó sobre el impacto del próximo Operativo Sol, que cada verano desplaza agentes hacia la Costa Atlántica, y advirtió que La Plata podría quedar “con menos policías que ahora”. Señaló además la baja visibilidad del patrullaje provincial y afirmó que “lo único que se ve en la calle son las patrullas municipales”.

Ante las consultas de este medio al Ministerio de Seguridad bonaerense, como también al Municipio platense no hubo respuesta. Ese silencio deja en evidencia un vacío institucional que recae directamente sobre la figura de Diego Pepe, a cargo del área local. Su plan avanza con plazos largos y resultados aún inciertos, mientras la demanda social crece en intensidad y los hechos delictivos continúan. Con vecinos que expresan temor creciente y un clima general de desconfianza, la gestión del secretario enfrenta su momento de mayor presión desde que asumió. La incógnita que domina el escenario es si las medidas anunciadas lograrán implementarse a tiempo —y con eficacia suficiente— para revertir la sensación de inseguridad que se instaló en la ciudad.

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