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Municipales en pie de guerra
La caída de las transferencias provinciales, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo empujan a los municipios bonaerenses a una crisis sin precedentes. Con intendentes acorralados por el déficit y sindicatos en pie de reclamo, los conflictos laborales se extienden en todo el territorio. El riesgo de una “indigencia municipal” comienza a asomar en el cierre del año.
La delicada situación económica de los municipios bonaerenses y sus trabajadores se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación en el cierre de 2025. En medio de una volátil economía, la caída real en las transferencias automáticas que la provincia de Buenos Aires envía a los 135 distritos no solo erosiona las finanzas locales, es uno de los detonantes que paraliza las negociaciones paritarias con los trabajadores municipales, donde con el agravamiento de una inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo y creciente demanda social explota en conflictos y paros.
En este contexto, un nuevo informe del senador Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal), puso en números una tendencia que muchos intendentes ya venían denunciando: mientras la Nación incrementó sus giros a la Provincia por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) por encima de la inflación, el gobierno bonaerense redujo en términos reales los fondos que transfiere a los municipios. Según el estudio, las transferencias automáticas crecieron un 50,8% nominal, pero cayeron un 1,5% real, si se toma en cuenta la evolución de los precios durante el primer semestre de 2025.
“Si la coparticipación nacional aumentó, la caída de las transferencias municipales solo puede explicarse por una disminución de los recursos provinciales genuinos”, advirtió Daletto, quien además recordó que el fenómeno no es nuevo. Entre 2023 y 2024 ya se había registrado una contracción del 4,5%, y al extender el análisis al bienio 2023-2025, la pérdida acumulada trepa al 5,9% en términos reales.
El informe elaborado en base a datos del Ministerio de Economía bonaerense y del INDEC detalla que el 65% de los municipios registró caídas reales en las transferencias recibidas. Los casos más críticos se encuentran en distritos del interior: Saavedra (-8,6%), Monte Hermoso (-8%), Lezama (-7,6%), Daireaux (-7,3%) y Carlos Tejedor (-7,2%).
Por el contrario, un grupo más reducido logró escapar a la tendencia general, con incrementos que, aunque positivos, resultan excepcionales. Entre ellos se destacan Marcos Paz (+13,9%), General Rodríguez (+9,6%), Escobar (+8,7%), Moreno (+4,4%) y Esteban Echeverría (+4%). Para Daletto, estas diferencias responden a variaciones en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el indicador que determina la coparticipación municipal en base a criterios de población, capacidad tributaria, y complejidad del sistema de salud local.
Daletto advirtió sobre la necesidad de que el Gobierno provincial presente la Ley de Presupuesto con un fondo que repare la pérdida de recursos sufrida por los municipios.
“Los cambios en el CUD suelen generar ganadores y perdedores, pero el problema de fondo no está en la fórmula, sino en la falta de crecimiento de la masa coparticipable que distribuye la Provincia”, señalan desde la bancada radical en el Senado. En otras palabras, los municipios no pierden porque otros ganen, sino porque el total del fondo provincial no alcanza a compensar la inflación ni el aumento de los costos de funcionamiento.
Paritarias municipales en jaque
El deterioro de las finanzas locales impacta en las gestiones de los jefes comunales quienes tienen erosionado un importante frente laboral. Con sindicatos municipales reclamando incrementos que compensen la inflación, que en el primer semestre acumuló cerca del 60% interanual según el INDEC, los intendentes se ven atrapados entre la presión gremial y la falta de recursos.
Cabe destacar que la realidad de los municipales es una, sus salarios deben enfrentarse a los constantes aumentos en los servicios públicos, la suba de los alimentos y el encarecimiento del transporte, lo que reduce drásticamente su poder de compra.
En varios distritos las paritarias 2025 están estancadas o avanzan con fuertes tensiones. Ante este panorama los gobiernos locales deben aplicar recetas amargas; reducir horas extras, congelar sueldos o aplicar rebajas directas para sostener el pago de salarios y aguinaldos.
Tal como advirtió un intendente con un paro en gestación, el salario de los municipales representa más del 60% del gasto corriente. En otros distritos, los más chicos mayoritariamente, este gasto llega a representar un 80%.
Protesta, paros y negociación abierta
Arrecifes
El paro de los trabajadores municipales de Arrecifes cumplió un mes y se convirtió en el conflicto laboral más prolongado de la historia del distrito. La medida de fuerza, iniciada el 12 del mes pasado y con asistencia a los lugares de trabajo, reclama una recomposición salarial del 20%, la entrega de ropa y elementos de seguridad, mejoras edilicias y el cese de persecuciones gremiales. Ante la falta de avances, la CGT Regional Pergamino expresó su solidaridad con el Sindicato de Trabajadores Municipales, denunciando represalias contra delegados y exigiendo respuestas urgentes por parte del Ejecutivo local.
Mientras tanto, los servicios esenciales se ven afectados. Para cubrir la recolección de residuos, la gestión del intendente Fernando Bouvier contrató de manera temporaria a la empresa ENTRE, con sede en San Nicolás, que desde hace dos días realiza tareas en las calles de la ciudad. En el plano institucional, el Ministerio de Trabajo, a través de su delegación Pergamino, convocó a dos audiencias de conciliación, aunque sin resultados concretos: el sindicato rechazó la conciliación obligatoria y el organismo laboral aceptó esa postura, extendiendo el plazo de negociación hasta el 30 de octubre, cuando el municipio deberá presentar una oferta salarial formal.
En paralelo, el intendente Bouvier reconoció que la situación económica del municipio es “crítica”, con un déficit de alrededor de 1.000 millones de pesos y atrasos en los pagos a proveedores. “Estamos priorizando los gastos día a día; hoy el presupuesto no nos permite ni siquiera hacer una obra nueva o pavimentar una calle”, afirmó. Pese al clima de tensión, tanto el Ejecutivo como el sindicato sostienen canales de diálogo, aunque las posiciones siguen distantes. La resolución del conflicto será clave no solo para los trabajadores de Arrecifes, sino también como símbolo del desafío financiero que enfrentan numerosos municipios bonaerenses.
Mar del Plata
Si bien los trabajadores municipales no adoptaron medidas de fuerza, su reclamo tendrá lugar en el Juzgado Contencioso Administrativo. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) calificó como “compleja” la situación actual de los empleados municipales y denunció que el personal se encuentra “muy apuntado por un Ejecutivo que quiere parecerse mucho al presidente Javier Milei, al estilo libertario, donde el trabajador municipal es rehén de sus políticas”. La conducción gremial cuestionó el incumplimiento de la Ley 14.656 y de los compromisos asumidos sobre el acceso por concurso a los cargos jerárquicos. Según el sindicato, el gobierno de Guillermo Montenegro abandonó el principio de ingreso por mérito y transparencia para avanzar, desde comienzos de 2025, con nombramientos directos bajo la figura de designaciones “hasta llamado concurso”, consideradas por el STM como “por fuera de la ley”.
El gremio sostiene que esta maniobra tiene un trasfondo político: “asegurar espacios de poder dentro del organigrama municipal bastardeando la carrera administrativa y las garantías de igualdad de oportunidades que marca la ley”. El malestar se profundizó tras la publicación en el Boletín Oficial de 21 nuevos cargos jerárquicos, con otros 17 en trámite, y el incumplimiento de la promesa del intendente de no dejar ‘capas geológicas’ de funcionarios que permanezcan en la estructura municipal tras su salida. El STM citó casos concretos —como los de Sofía Pomponio, Valeria Méndez y Viviana Salguero— que, según el sindicato, contradicen los principios de transparencia y equidad en el empleo público.
El secretario adjunto Cristian Milasincic cuestionó duramente las designaciones “sin concurso previo”, denunciando que el Ejecutivo “se pasó cinco años y medio diciendo que los cargos se cubrirían por concurso y ahora, a un mes de irse, saca veinte nombramientos directos”. El dirigente anticipó que el sindicato presentará impugnaciones ante el Juzgado Contencioso Administrativo para frenar los ascensos y exigir el cumplimiento de los mecanismos legales. “Nuestra vida es vocación y servicio a la comunidad, pero no vamos a permitir que se bastardee la carrera municipal”, expresó el STM, reflejando la bronca de las bases y una profunda sensación de desilusión frente a lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales y transparencia institucional.
San Isidro
Un nuevo foco de conflicto se encendió en San Isidro entre el Sindicato de Trabajadores Municipales, conducido por Omar Arce, y el intendente Ramón Lanús, a raíz del incumplimiento de acuerdos paritarios y la falta de respuesta oficial a los reclamos del sector. La medida de fuerza, que comenzó con un cese de actividades por tiempo indeterminado en el área de Espacio Público, se originó tras la falta de pago del plus de productividad de $120.000 acordado en el acta paritaria Nº108, vigente desde julio. A esto se suman denuncias por el deterioro de las condiciones laborales, la ausencia de reconocimiento de horas extras y salarios básicos que, según el gremio, se encuentran por debajo del umbral de indigencia.
“El municipio firmó un acta con fuerza de ley y nunca cumplió. Nos reunimos muchas veces, hicimos propuestas y no recibimos ninguna respuesta”, señaló Arce, quien cuestionó la actitud del intendente Lanús por “dilatar las negociaciones y evitar el diálogo real”. El dirigente advirtió que el paro continuará hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo: “Vamos a comunicarle a los vecinos por qué no habrá barrido; el 95% de los trabajadores de espacio público vivimos en San Isidro y también pagamos impuestos. Si el servicio se interrumpe, la responsabilidad es del Ejecutivo”. El reclamo, además, cuenta con el respaldo de distintos bloques del Concejo Deliberante, entre ellos Unión por la Patria.
"Se conformó una comisión conjunta entre el gremio y el Ejecutivo para hacer seguimiento y evaluación del proceso (paritario)”, afirmaron desde el municipio.
En tanto, desde el municipio señalan que este año, en la paritaria de julio se acordó un esquema integral que incluyó la actualización salarial del 10% en julio y 8% en agosto, bonos, y la puesta en marcha de una prueba piloto exclusivamente para los trabajadores de Higiene Urbana (equipo de barrido), con el fin de mejorar sus condiciones laborales. “En el marco de esa prueba piloto se estableció que el pago por tareas complementarias (destajo) pasaría de 2 a 3 horas, con una remuneración de $120.000 y se conformó una comisión conjunta entre el gremio y el Ejecutivo para hacer seguimiento y evaluación del proceso”, agregaron.
“Siempre buscamos construir un marco de diálogo con todos los sectores, priorizando la responsabilidad en el uso de los recursos y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Las decisiones se toman con planificación, respeto y compromiso con los vecinos y con cada trabajador municipal”, sentenciaron.
Suipacha
Los trabajadores del Hospital Municipal Esteban Iribarne de Suipacha persisten en su reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. Según explicó Evangelina Artaza, secretaria general de los Trabajadores Municipales de Mercedes y de la Regional Oeste de FESIMUBO, el conflicto se originó luego de que el Ejecutivo local rechazara la reapertura de paritarias solicitada a mediados de septiembre. “Nos convocaron recién el 24 para decirnos que no iba a haber aumento porque no había plata. Esto cayó muy mal, especialmente en el hospital, que ya arrastra problemas de insumos, destrato y violencia laboral”, señaló la dirigente en diálogo con Política del Sur.
Artaza apuntó directamente contra el intendente de Suipacha, a quien acusó de intentar “bajar la espuma” del conflicto sin ofrecer respuestas concretas. “Ayer se hizo una mesa técnica y dijeron que no iba a haber pases a planta porque estamos en medida de fuerza. Además, se intenta sancionar a una compañera por participar de una reunión con el jefe comunal cuando estaba de vacaciones. Es un manejo muy desprolijo”, cuestionó. La medida de fuerza, que se mantiene por tiempo indeterminado, sumará este viernes una nueva manifestación con el acompañamiento de la FESIMUBO. “Nuestra Federación siempre nos respalda porque entiende que hoy le toca a uno y mañana puede ser otro. La solidaridad es fundamental”, remarcó.
Desde la municipalidad de Suipacha, en tanto, defendieron su accionar y señalaron que el reclamo ocurre en un contexto de severas dificultades económicas. “El Gobierno Municipal reconoce las legítimas aspiraciones de los trabajadores, pero desea enfatizar el enorme esfuerzo realizado para recomponer el poder adquisitivo de los salarios, logrando aumentos por encima de la inflación”, indicaron fuentes oficiales a La Tecla. Asimismo, destacaron que la caída de la coparticipación, que representa el 80% de los ingresos del distrito, y el incremento de los costos en salud y servicios “complican la gestión”, aunque aseguraron que “los trabajadores siempre cobraron en tiempo y forma” y que “la prioridad sigue siendo mantener el diálogo y la estabilidad laboral”.
Hacia municipios indigentes
La crisis económica empieza a sentirse con fuerza en los municipios bonaerenses, y los conflictos laborales se multiplican. Hernán Doval, secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), advirtió que “ya hay inconvenientes en varios distritos” y que, incluso en los que todavía no estalló el conflicto, “comienza a haber tensión por falta de fondos y por municipios que ni siquiera están completando el pago de la insalubridad”. Entre los casos más críticos mencionó a San Isidro, donde el paro del sector de Espacio Público lleva varios días, y a Almirante Brown, donde “hay más monotributistas que trabajadores de planta”. En este último distrito, el reclamo sindical exige el pase a planta permanente de cientos de empleados.
Hernán Doval, secretario general de FESIMUBO.
Doval confirmó que recibió llamados de intendentes preocupados por la caída en la recaudación y la demora en la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, órgano clave para evaluar un posible auxilio financiero provincial. “Me preguntan si sé algo del anuncio, pero no tengo novedades. Lo que sí estamos trabajando es para convocar el Consejo antes de fin de año, tal como lo hablamos con el gobernador Kicillof”, explicó. El dirigente sostuvo que el objetivo es “hacer un análisis claro, conciso y coherente de las necesidades de cada municipio”, diferenciando entre los que realmente necesitan asistencia y aquellos que “podrían estar viendo una oportunidad” para recibir recursos adicionales sin estar en crisis real.
En ese sentido, Doval reconoció que hay distritos con realidades muy dispares: “Algunos dicen que no pueden aumentar sueldos pero tienen mucha plata en plazo fijo, y otros están verdaderamente complicados”. También alertó que la pérdida salarial sufrida en los primeros meses del gobierno de Javier Milei “nunca se recuperó” y que los municipios deben establecer una política salarial que “cubra la inflación y agregue algunos puntos más para recomponer lo perdido”. De no hacerlo, advirtió, “vamos a tener municipios indigentes”. Doval anticipó que la próxima semana trabajará junto al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, para acelerar la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal y buscar soluciones “antes de que la conflictividad se generalice en toda la provincia”.
