7 de octubre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
La costa marplatense concesionada
La ciudad cuenta con 42 kilómetros de costa, en la cual se erigen 50 unidades turísticas fiscales. El Ente Municipal de Turismo y Cultura es quien se encarga de administrarlas y licitarlas.
El extenso litoral de General Pueyrredon, el corazón turístico de la provincia de Buenos AIres, se ha transformado en el principal campo de batalla político-económico del distrito. Bajo la figura administrativa de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) gestiona el uso y la explotación de 50 valiosos espacios costeros.
Más que simples balnearios, las UTFs son el mecanismo por el cual la gestión municipal actual ha decidido financiar la infraestructura pública y el desarrollo urbanístico, delegando la carga de miles de millones de pesos en inversión al capital privado a cambio de concesiones a muy largo plazo. La política de costa concesionada se consolida, pero no sin dejar a su paso controversias, acusaciones de opacidad y un riesgo de rigidez regulatoria que podría condicionar a las futuras administraciones por más de dos décadas.
Así, la radiografía administrativa del borde costero marplatense revela un patrón dual de gestión: un núcleo central petrificado en el tiempo y una periferia en frenética búsqueda de inversión. El primer patrón está ejemplificado por los contratos ultra-largos. Un puñado de UTFs estratégicas, como el emblemático Torreón del Monje y los Balnearios 1, 2 y 3 de La Perla, poseen contratos con vigencia extendida hasta el 2046. Esta decisión, tomada en administraciones anteriores, ata de manos al Municipio, impidiendo cualquier reordenamiento territorial o cambio profundo en el modelo de explotación de esos frentes de playa durante casi 21 años más.
El costo de asegurar estabilidad e inversión en el pasado es la pérdida de soberanía administrativa en el futuro. Frente a esta rigidez central, la administración ha puesto el foco en la Zonas Sur y Norte, históricamente más desordenadas, buscando saldar la deuda de unidades bajo figuras precarias o libres de ocupantes.
Este es el escenario de las grandes licitaciones de 2025, donde el Ejecutivo ha priorizado la concreción de proyectos que inyecten capital fresco y obras, aun a costa de rigor competitivo. El caso de la UTF Playa Dorada, un predio de alto valor ecológico en Chapadmalal, es el ejemplo paradigmático de esta política. La licitación, que finalizó con Desarrolladora Homs S.A. como único oferente, fue aprobada por el Concejo Deliberante con el voto del oficialismo y sus aliados, a pesar de las críticas de la oposición y de las asambleas vecinales.
La defensa oficial se centró en la necesidad de asegurar una inversión de más de 2.018 millones de pesos en infraestructura, lo que justifica, a ojos oficialistas, el otorgamiento de la concesión por 20 años, prorrogables por 6 más. La crítica política, sin embargo, denunció la falta de transparencia, la ausencia de competencia real y el riesgo de avanzar sobre el valor ambiental del predio, señalando que la gestión “solo legisla para las corporaciones y no para la comunidad”.
Un patrón similar se observó en la Zona Norte. Unidades como Beltrán Norte y Playa Estrada requirieron múltiples llamados a licitación para encontrar un adjudicatario, revelando las dificultades del mercado para asumir compromisos en esa zona. Finalmente, en julio de 2025 se logró la adjudicación de Beltrán Norte y Playa Constitución. El hecho de que se necesiten dos o tres convocatorias para atraer inversores subraya el esfuerzo administrativo para regularizar estos frentes.
Por otro lado, la gestión de las UTFs también enfrenta desafíos inmediatos en el Centro y Punta Cantera. La UTF Playa Mariano, en Faro Norte, vio su contrario vencer en agosto de 2025. Además, en enero del mismo año, el balneario fue multado por el EMTURyC por extralimitarse en el uso de la playa pública. Este incidente ilustra el riesgo regulatorio en unidades con vencimiento inminente y la urgencia administrativa de definir su destino post-contractual.
En este marco se encuentran Playa Acevedo, Playa Santa Isabel y La Redonda, que fueron llamadas a licitación y la apertura de sobres será el próximo 17 de octubre. A esto, se suman otros vencimientos a corto plazo, como Balneario Punta Iglesia y Playa Chica, ambos con fecha límite en abril de 2026.
Finalmente, existen UTFs que sigue bajo figuras transitorias de “Depositario” o “Precario”, incluyendo a Punta Cantera I y Playa Bristol Popular. La política del Ejecutivo es clara: transformar la precariedad en concesiones que obliguen a la inversión y al pago de un canon.
El ritmo y la celeridad de las adjudicaciones sugieren una gestión decidida a consolidar este modelo, marcando una línea divisoria en la política costera del partido. La costa ya no es solo paisaje, es la principal herramienta de financiamiento de la infraestructura, lo que eleva el debate al plano más alto de la política local. Así, la cesión del uso público es la gran apuesta política a largo plazo que definirá el debate sobre el futuro costero de todo General Pueyrredon.